El proyecto de acto legislativo que buscaba poner fin al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2028 se hundió en el Senado el 18 de noviembre. La plenaria no alcanzó a discutirlo antes de que vencieran los plazos de la legislatura.
El desenlace no fue una votación en la que el Senado rechazara el proyecto por su contenido. La iniciativa quedó sin trámite suficiente para continuar su recorrido constitucional. Esa diferencia importa: la propuesta no fue derrotada en un debate de fondo en la plenaria.
El autor y promotor era el senador Enrique Gómez Martínez, del movimiento Salvación Nacional. El texto se tramitaba como Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2026 y pretendía modificar el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, que regula el periodo de funcionamiento de la JEP.
Por tratarse de una reforma constitucional, la propuesta necesitaba ocho debates: dos vueltas de discusión en las comisiones y plenarias de Senado y Cámara. El trámite debía completarse en la misma legislatura, cuyo plazo para avanzar con la primera vuelta se acercaba a su fin.
El proyecto había superado un primer obstáculo en la Comisión Primera del Senado. El 28 de octubre recibió 11 votos a favor y ninguno en contra, mientras integrantes de la oposición se ausentaron del debate. Esa aprobación le permitió llegar a la plenaria, pero no garantizó que avanzara allí.
El 18 de noviembre, la sesión plenaria no pudo continuar por falta de quórum. Sin ese debate, y con poco tiempo para completar las etapas restantes en ambas cámaras, el proyecto no podía cumplir los requisitos para seguir vigente en esa legislatura.
Gómez responsabilizó al Pacto Histórico y a otros sectores de oposición por retirarse y evitar la discusión. El senador Ariel Ávila reconoció que su bancada se retiró, pero calificó la maniobra como legítima y dijo que buscaban impedir el cierre de la JEP. Los dos sectores dieron explicaciones opuestas sobre la ruptura del quórum.
El punto central de la propuesta era reducir a diez años, sin posibilidad de prórroga, el periodo de funcionamiento de la JEP. El proyecto fijaba marzo de 2028 como fecha límite para que la Jurisdicción terminara sus funciones.
El plazo previsto originalmente para la JEP es de 15 años. La reforma habría recortado cinco años de ese periodo y alterado la fase prevista para concluir procesos, imponer sanciones y definir la situación jurídica de quienes comparecen ante el tribunal.
La iniciativa no disponía que los casos pendientes desaparecieran al llegar la fecha de cierre. Proponía crear un régimen de transición para que las actuaciones aún abiertas continuaran ante autoridades de la justicia ordinaria, conforme a reglas que tendría que establecer una ley posterior.
En ese traslado, la Fiscalía asumiría las labores de investigación y acusación necesarias, mientras que jueces ordinarios continuarían los procesos. El texto planteaba conservar las pruebas, decisiones y actuaciones válidas realizadas por la JEP, así como los efectos de las sanciones que ya estuvieran impuestas.
El proyecto también prometía mantener garantías para las víctimas y los comparecientes. Entre ellas estaban el debido proceso y la continuidad de los tratamientos penales especiales y las condiciones del sistema transicional, con la disposición de que el cambio de jurisdicción no impusiera un trato más gravoso a quienes ya estaban sometidos a la JEP.
En el texto aprobado en primer debate se añadieron disposiciones sobre revisión judicial. Entre ellas, que la Corte Suprema conociera tutelas contra decisiones de la JEP y que revisara automáticamente ciertas condenas de comparecientes que no hubieran aceptado responsabilidad. También se limitaba al periodo de funcionamiento del tribunal la actividad de una sección encargada de la estabilidad y eficacia de sus resoluciones y sentencias.
Gómez defendía el cambio con el argumento de que la JEP debía mantener su carácter temporal y de que extender su funcionamiento tendría un costo elevado. Calculó que cinco años adicionales representarían cerca de 6,2 billones de pesos entre 2027 y 2033, cifra que, según él, podría destinarse a fortalecer la justicia ordinaria. Ese monto fue una estimación del promotor del proyecto.
La JEP advirtió que una fecha improrrogable podía dejar procesos sin concluir y comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Sostuvo que el traslado de casos complejos a la justicia ordinaria también planteaba problemas sobre el juez competente y la capacidad del sistema para asumirlos.
La Jurisdicción señaló, además, que la reforma podía interrumpir etapas pendientes para juzgar a máximos responsables y definir la situación jurídica de cerca de 10.000 comparecientes que no tienen esa condición. Ese reparo apuntaba a que el calendario propuesto no necesariamente coincidiría con el tiempo requerido para terminar las investigaciones y procesos.
La discusión sobre el cierre coincidió con la controversia por los recursos de la JEP para 2027, pero se trataba de dos asuntos distintos: una reforma constitucional sobre la duración y las competencias del tribunal, y decisiones presupuestales sobre su financiación. La coincidencia alimentó el debate político sobre el futuro de la justicia transicional.
Tras el hundimiento, Gómez anunció que volverá a presentar el proyecto en 2027. Si lo hace, la iniciativa deberá iniciar nuevamente su recorrido legislativo y buscar respaldo suficiente para completar los ocho debates dentro de los plazos constitucionales.
Por ahora, la JEP conserva su marco vigente: el proyecto no modificó su duración ni trasladó sus expedientes. Lo que deja el episodio es una disputa abierta sobre si el Congreso debe acortar el mandato del tribunal y cómo garantizar, en cualquier escenario, que los procesos pendientes no queden en un vacío judicial.
El desenlace del proyecto también muestra cómo el calendario legislativo puede decidir el futuro de reformas constitucionales: la propuesta había recibido luz verde en comisión, pero no llegó a una votación de fondo en plenaria. La discusión sobre la JEP quedó aplazada, no resuelta.






