El 9 de abril de 2022, apenas dos semanas después de que comenzara el régimen de excepción en El Salvador, Nayib Bukele introdujo una expresión que terminaría convirtiéndose en una de las más controvertidas de su política de seguridad: el “margen de error”. Ante las críticas por las detenciones masivas, el presidente sostuvo que podía existir un pequeño porcentaje de personas capturadas equivocadamente.
En aquellos primeros días, el Gobierno salvadoreño había puesto en marcha una operación de detenciones a gran escala después de una ola de homicidios atribuida a las pandillas. Las nuevas facultades permitieron restringir garantías constitucionales y facilitaron las capturas de personas sospechosas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
Bukele habló entonces de un 1 % de posibles errores. La expresión no tenía el significado técnico de “margen de error” utilizado en una encuesta o en una medición estadística. Se refería a personas que podían ser detenidas por equivocación dentro de una operación cuyo objetivo era capturar a integrantes de las pandillas. El propio Bukele utilizó posteriormente esa lógica para defender las capturas.
La dimensión de ese cálculo puede entenderse con los números disponibles en aquel momento. Si se aplicara un 1 % a 8.500 capturas, como las que se habían reportado durante los primeros días, el resultado sería de aproximadamente 85 personas. Esa era la escala implícita de la idea planteada por el presidente: un número reducido de equivocaciones frente al objetivo general de desarticular las estructuras criminales.
Pero las cifras comenzaron a crecer mucho más rápido que ese supuesto margen. Para enero de 2023, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que más de 3.000 personas habían sido liberadas después de que las autoridades no consiguieran vincularlas con organizaciones criminales. Para entonces, el Gobierno había realizado más de 60.000 capturas.
El dato modificaba la proporción respecto de la estimación inicial. Más de 3.000 liberados sobre unas 60.000 capturas representaban alrededor del 5 %, si se comparaban directamente ambas cifras. Ya no se trataba, por tanto, del 1 % planteado originalmente por Bukele, aunque las categorías no son idénticas y no permiten concluir que todas las liberaciones correspondieran exactamente a errores de captura.
La evolución continuó durante los siguientes meses. En noviembre de 2024, después de que el régimen de excepción hubiera producido más de 83.000 detenciones, Bukele reconoció públicamente que 8.000 personas inocentes habían sido detenidas y posteriormente liberadas. El mandatario rechazó, al mismo tiempo, las estimaciones de organizaciones de derechos humanos que hablaban de unos 30.000 inocentes.
Ese reconocimiento es el punto central de la historia del “margen de error”. La cifra reconocida por Bukele multiplicaba varias decenas de veces el número que resultaría de aplicar su referencia inicial del 1 % a las primeras 8.500 capturas. Pero no significa que las 8.000 personas hubieran sido todas detenidas durante las primeras semanas ni que el 1 % inicial fuera una proyección matemática oficial para todo el régimen.
Hay además una precisión importante sobre la palabra “inocentes”. La afirmación de que 8.000 personas fueron liberadas después de ser consideradas inocentes proviene del propio reconocimiento de Bukele y de datos oficiales sobre las liberaciones. Sin embargo, en diciembre de 2024 la Fiscalía General salvadoreña señaló que las personas liberadas no necesariamente habían sido exoneradas de los cargos originales, sino que algunas permanecían bajo medidas cautelares.
Por eso, una lectura rigurosa de la cifra exige diferenciar tres conceptos: personas detenidas, personas liberadas y personas judicialmente absueltas. No son necesariamente categorías equivalentes. El dato de 8.000 demuestra que miles fueron privados de la libertad y posteriormente quedaron fuera de prisión, pero por sí solo no permite establecer que todos hayan recibido una declaración judicial definitiva de inocencia.
El problema que plantean las organizaciones de víctimas es precisamente otro: qué ocurre cuando una política de seguridad acepta anticipadamente que habrá personas equivocadamente detenidas. Para los críticos del régimen, una detención no puede tratarse como un simple costo estadístico porque implica pérdida de libertad, ruptura familiar, afectaciones laborales y, en algunos casos, consecuencias físicas y psicológicas.
En ese escenario apareció MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, una organización surgida en 2022 para acompañar a familiares de personas detenidas y denunciar lo que considera capturas arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Su coordinador, Samuel Ramírez, ha sostenido que el régimen debe terminar y que detrás de las estadísticas existen familias que desconocen durante meses la situación de sus allegados.
MOVIR no es una institución estatal ni un organismo judicial, sus cifras y denuncias son posiciones de una organización de víctimas; por lo cual su trabajo se ha convertido en uno de los principales canales de acompañamiento para familias que buscan información, abogados o la liberación de personas que consideran inocentes.
La organización sostiene que el problema no terminó con los 8.000 liberados reconocidos por Bukele. En noviembre de 2024, MOVIR, junto con Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal, fue citado entre las organizaciones que estimaban que alrededor de 30.000 inocentes podían encontrarse entre las más de 83.000 personas detenidas hasta ese momento. Esa cifra era una estimación de las organizaciones, no un dato reconocido por el Gobierno.
La discusión volvió a cobrar fuerza en 2026. Un reportaje publicado en junio señaló que MOVIR había acompañado a unas 5.000 familias y recogió la posición de Ramírez, quien cuestionó que miles de personas pudieran permanecer encarceladas pese a no aparecer vinculadas con las pandillas en registros policiales. El mismo trabajo citó documentos oficiales filtrados según los cuales más de 33.000 detenidos no figuraban previamente en registros policiales como pandilleros.
Ese último dato tampoco significa automáticamente que esas 33.000 personas sean inocentes. No figurar en un registro policial de pandilleros no equivale a haber sido judicialmente declarado ajeno a una estructura criminal. Lo que sí plantea es una pregunta sobre los criterios utilizados para realizar las capturas y sobre la distancia entre las personas identificadas previamente por los organismos de inteligencia y el universo finalmente detenido.
Mientras el Gobierno defiende el régimen de excepción como el instrumento que permitió reducir drásticamente los homicidios y desarticular las pandillas, las organizaciones de derechos humanos sostienen que ese resultado tuvo un costo elevado en garantías fundamentales. Amnistía Internacional afirmó en 2026 que la política había derivado en detenciones arbitrarias masivas y graves violaciones de derechos humanos, mientras que el Gobierno mantiene su defensa de la estrategia de seguridad.
La discusión, entonces, no consiste solamente en determinar si el 1 % fue un cálculo correcto. El verdadero interrogante es qué ocurrió con el principio utilizado para justificarlo. Si el Gobierno admite que una política de detenciones puede producir errores, la cuestión jurídica y política pasa a ser cómo se identifican rápidamente esos casos, quién responde por el tiempo de privación de libertad y qué reparación reciben quienes fueron detenidos sin fundamento suficiente.
Cuatro años después del inicio del régimen, MOVIR continúa reclamando la libertad de personas que considera inocentes. En agosto de 2026, al cumplir cuatro años de existencia, el movimiento volvió a manifestarse para exigir la liberación de detenidos y denunciar las consecuencias del régimen de excepción.
La distancia entre el 1 % de 2022 y los 8.000 reconocidos en 2024 resume una transformación en la escala del problema reconocido por el propio Gobierno. El primer número fue presentado como un posible margen de error; el segundo correspondió a miles de personas que habían sido detenidas y luego liberadas. La controversia que permanece abierta es si esas cifras deben entenderse como un costo inevitable de una política de seguridad o como evidencia de fallas que exigían controles y garantías mucho más estrictos.
Para MOVIR y las familias que representa, la respuesta es clara: detrás de cada porcentaje hay una persona y una familia. Para el Gobierno de Bukele, el balance debe incluir la reducción de la violencia y el desmantelamiento de las pandillas. Entre ambas posiciones permanece una pregunta que trasciende las cifras: ¿puede una política de seguridad considerar aceptable la privación de libertad de personas que después deben ser liberadas por no haber sido vinculadas con los delitos que justificaron su captura?
