El anuncio de Abelardo de la Espriella de permitir el ingreso de la Fuerza Pública a los campus de las universidades públicas ante hechos de violencia, vandalismo o terrorismo no aparece aislado dentro de su proyecto político. Llega después de meses en los que el mandatario ha construido un discurso que presenta determinados espacios sociales, territoriales e institucionales como lugares donde el Estado habría perdido autoridad.
Durante la campaña presidencial, De la Espriella habló de sacar de las universidades a los llamados “terroristas urbanos” y sostuvo que no habría territorios vedados para la Fuerza Pública. En junio afirmó que las instituciones educativas debían formar ciudadanos libres y no convertirse en “trincheras ideológicas”.
La expresión “terroristas urbanos” es importante porque permite observar la continuidad entre el lenguaje de campaña y la decisión anunciada ahora desde la Presidencia. Lo que entonces era una caracterización política de determinados actores hoy comienza a convertirse en una política institucional de seguridad.
El 13 de septiembre, De la Espriella anunció un protocolo nacional para diferenciar entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. También advirtió que la Fuerza Pública podrá entrar a los campus para actuar contra quienes incurran en esas conductas.
El presidente insistió en que la autonomía universitaria no está por encima del orden público. La frase contiene una premisa jurídicamente defendible: las universidades no son territorios independientes y la autonomía reconocida por la Constitución no significa que dentro de ellas dejen de aplicarse las leyes.
Pero el problema político comienza cuando esa premisa se convierte en una narrativa según la cual determinados campus son espacios donde el Estado habría cedido el control. En ese punto, la discusión deja de ser únicamente policial y pasa a involucrar la concepción que el Gobierno tiene de la universidad pública.
La autonomía universitaria protege la capacidad de las instituciones para gobernarse, organizar sus actividades académicas y desarrollar sus funciones sin injerencias externas indebidas. No significa inmunidad frente al delito, pero sí establece límites a la intervención del poder político sobre la vida universitaria.
Por eso, una cosa es que la Policía ingrese excepcionalmente para responder a un delito en flagrancia o para proteger la vida de personas en una emergencia, y otra que el Ejecutivo establezca una facultad amplia para intervenir los campus cuando considere que existe una alteración del orden público.
La diferencia será decisiva cuando se conozca el contenido del protocolo. Su constitucionalidad dependerá de las causales que establezca, de quién pueda activar la intervención, de los procedimientos previstos y de los controles sobre la actuación policial.
También será fundamental precisar qué significa “terrorismo” dentro de ese esquema. El concepto no puede convertirse simplemente en una etiqueta política aplicable a cualquier protesta violenta, confrontación con la Policía o manifestación estudiantil que altere el funcionamiento de una universidad.
El riesgo aparece precisamente cuando categorías distintas —terrorismo, vandalismo, violencia, protesta radical o alteración del orden público— terminan utilizadas como si fueran equivalentes. Jurídicamente no lo son y cada una puede activar respuestas estatales diferentes.
El discurso de De la Espriella, sin embargo, viene construyendo una frontera política más amplia: de un lado están quienes ejercen una protesta legítima y, del otro, quienes son presentados como enemigos del orden constitucional. Esa división forma parte de una narrativa de seguridad que el Gobierno ha convertido en una de sus principales señas de identidad.
El propio presidente ha defendido durante su primer mes una política de resultados visibles en seguridad, con énfasis en capturas, incautaciones, operaciones militares y neutralización de integrantes de estructuras armadas. Ese enfoque refuerza la idea de un Gobierno que busca mostrar recuperación del control estatal como una de sus principales credenciales políticas.
En ese contexto, la universidad aparece como un nuevo escenario de esa política. El Gobierno no solo pretende responder a delitos cometidos dentro de los campus, sino redefinir la relación entre autoridad estatal, protesta y autonomía universitaria.
La cuestión adquiere mayor relevancia porque el Ejecutivo ya había comenzado a modificar su presencia institucional en las universidades públicas. El Decreto 1310 del 25 de agosto designó representantes del Gobierno ante los consejos superiores de 15 instituciones de educación superior.
Entre esos nombramientos está el sacerdote Rodolfo Londoño, designado simultáneamente en los consejos superiores de cinco universidades públicas. Su presencia ha generado una discusión política adicional sobre el perfil que el Gobierno pretende imprimir a su relación con la educación superior.
El nombramiento de representantes presidenciales, por sí mismo, no constituye una violación de la autonomía universitaria. La participación estatal en los consejos superiores tiene fundamento legal y forma parte de la estructura de las universidades públicas.
Pero el contexto importa. La presencia de delegados gubernamentales en los órganos de dirección coincide temporalmente con un discurso presidencial que cuestiona la existencia de supuestos “territorios vedados” para la Fuerza Pública y que identifica a determinados sectores universitarios como focos de violencia o radicalización.
Esa coincidencia permite formular una pregunta política más amplia: ¿está el Gobierno simplemente intentando recuperar capacidad estatal frente a hechos violentos o está buscando modificar la relación de poder entre el Ejecutivo y unas universidades que históricamente han sido espacios de crítica, movilización y oposición?
La pregunta conecta con lo que podría denominarse la “guerra cultural” del Gobierno. En otros ámbitos, De la Espriella ha intervenido políticamente sobre asuntos relacionados con religión, familia, educación, medios de comunicación y símbolos nacionales. La universidad puede convertirse ahora en otro escenario de esa disputa por definir qué valores, discursos y actores tienen legitimidad dentro del Estado.
La expresión “trincheras ideológicas”, utilizada por el propio De la Espriella durante la campaña, es reveladora en ese sentido. No describe únicamente un problema de seguridad: introduce una lectura política sobre el contenido de lo que ocurre dentro de las instituciones educativas.
La tensión está en que una universidad puede albergar posiciones políticas radicales sin que esas posiciones constituyan delitos. La libertad académica y la libertad de expresión protegen también ideas incómodas para un Gobierno, mientras que la comisión de delitos debe ser perseguida independientemente de la ideología de quienes los cometan.
Por eso, el éxito jurídico del nuevo protocolo dependerá de que el Gobierno logre separar esas dos dimensiones. La Fuerza Pública debe actuar frente a conductas ilegales, no frente a ideas, identidades políticas o posiciones académicas que resulten incómodas para el poder.
Si el protocolo establece procedimientos claros para responder ante delitos concretos, situaciones de flagrancia y riesgos verificables para la vida o la integridad, el Gobierno tendrá argumentos sólidos para defenderlo constitucionalmente.
Si, por el contrario, convierte conceptos amplios como “terrorismo urbano” o “alteración del orden público” en una autorización para ingresar preventivamente a los campus, realizar operaciones generales o perseguir movimientos políticos, la discusión constitucional será mucho más severa.
También será necesario observar qué papel tendrán los rectores y las autoridades universitarias. La autonomía no les concede la facultad de impedir la actuación de la justicia frente a un delito, pero tampoco puede ser reducida a una formalidad sin capacidad real de gobierno sobre las instituciones.
El punto de fondo es que De la Espriella no está planteando solamente una respuesta policial a los disturbios universitarios. Está colocando a la universidad pública dentro de su proyecto de recuperación del control estatal y, simultáneamente, dentro de una disputa política sobre el papel de las instituciones frente a lo que su Gobierno considera una amenaza ideológica.
La verdadera prueba comenzará cuando el protocolo sea expedido y se produzca el primer caso concreto. Será entonces cuando pueda establecerse si la medida representa simplemente una aplicación de las facultades ordinarias del Estado frente al delito o si inaugura una etapa de mayor intervención del Ejecutivo en los campus.
Por ahora, el anuncio permite identificar una línea política clara: los “territorios vedados” que De la Espriella prometió combatir durante la campaña ya no son solamente las zonas controladas por grupos armados. En su discurso, también incluyen espacios urbanos e institucionales donde el Gobierno considera que la autoridad estatal ha sido limitada.
La universidad pública queda así en medio de una disputa que combina seguridad, autonomía, protesta y cultura política. El debate ya no es únicamente sobre si la Policía puede entrar a un campus: es sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo Gobierno para redefinir quién ejerce autoridad dentro de uno de los principales espacios de deliberación y contestación política del país.
