El expresidente Juan Manuel Santos volvió a poner el Acuerdo de Paz con las Farc en el centro de la discusión política colombiana. Diez años después del inicio de los diálogos que condujeron a la firma del pacto de La Habana, pidió defender no solo lo acordado, sino también su implementación, en un momento particularmente sensible por la llegada al poder de Abelardo de la Espriella.
“Hoy la paz nos necesita a todos y a todas”, afirmó Santos durante una conversación en la Universidad Javeriana, en Bogotá. El expresidente invitó a los colombianos a “remar juntos en la misma dirección” y sostuvo que los beneficios derivados del acuerdo deben ser preservados.
El llamado adquiere una dimensión política particular porque está dirigido, aunque no exclusivamente, a un gobierno que llegó al poder con una posición crítica frente a varios de los componentes centrales del acuerdo. Durante la campaña, De la Espriella cuestionó duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y llegó a plantear su eliminación. Posteriormente, ya en el poder, ha señalado que respetará su existencia, aunque bajo una vigilancia más rigurosa.
La diferencia entre ambos proyectos no está solamente en la valoración histórica del acuerdo. También está en la manera de entender qué instrumentos necesita Colombia para enfrentar la violencia actual. Santos presentó la implementación como una herramienta para atacar problemas estructurales como la pobreza rural, el narcotráfico y la violencia en las regiones afectadas por el conflicto.
El Gobierno de De la Espriella, en cambio, ha colocado la seguridad y la confrontación contra las organizaciones armadas en un lugar prioritario. En su primer mes ha suspendido negociaciones con grupos armados y ha construido buena parte de su discurso alrededor de capturas, operaciones militares, incautaciones y otros resultados de fuerza.
Esto genera una paradoja. El nuevo Gobierno puede considerar que la seguridad es la principal condición para recuperar los territorios, mientras que los defensores del Acuerdo sostienen que precisamente la falta de transformación institucional, económica y social de esas regiones mantiene las condiciones que permiten la reproducción de la violencia.
Por eso, la discusión sobre la paz no se reduce a si De la Espriella mantiene o elimina la JEP. El verdadero alcance del cambio puede medirse en asuntos menos visibles: cuánto dinero se destina a la reincorporación, qué ocurre con los programas rurales, qué instituciones sobreviven, qué proyectos territoriales continúan y qué lugar ocupa la población afectada por el conflicto dentro de las prioridades del Estado.
La primera señal de tensión aparece en la reincorporación. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización enfrenta un bloqueo de 53.000 millones de pesos para lo que queda de 2026, una situación que amenaza servicios para unas 15.500 personas en proceso de reincorporación, entre ellas 11.108 excombatientes de las Farc.
Entre los programas que podrían verse afectados están los seguros de vida, los traslados por razones de seguridad, el acompañamiento en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y la renta básica que reciben alrededor de 8.500 firmantes del acuerdo. Para un proceso cuya premisa central era que abandonar las armas debía estar acompañado por condiciones materiales para permanecer en la legalidad, el problema presupuestal tiene una dimensión que supera la contabilidad pública.
La propia ARN advierte, además, que para 2027 podría enfrentar una reducción de 46 % de su presupuesto, con una eventual disminución de su planta de contratistas de aproximadamente 1.300 a 400 personas. Si esas proyecciones se concretan, el debate dejaría de ser solamente político y pasaría a convertirse en una discusión sobre la capacidad real del Estado para cumplir los compromisos adquiridos.
El problema alcanza también a los territorios. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial fueron concebidos para intervenir en 170 municipios particularmente afectados por el conflicto, mediante proyectos de infraestructura, desarrollo rural y cierre de brechas. Su continuidad representa uno de los principales interrogantes frente al nuevo Gobierno.
A esto se suma la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del Acuerdo de 2016. Durante la campaña, De la Espriella cuestionó la política de reforma agraria y la calificó de “falsa”. Esa posición abre una discusión sobre qué ocurrirá con los mecanismos diseñados para modificar las condiciones de acceso y uso de la tierra en las zonas más afectadas por la guerra.
Aquí aparece una de las diferencias más importantes entre preservar el texto del Acuerdo y garantizar su implementación. Un Gobierno podría mantener formalmente el pacto, respetar sus instrumentos jurídicos y, al mismo tiempo, reducir el alcance de sus políticas mediante decisiones presupuestales, reorganizaciones administrativas o cambios en las prioridades de inversión.
El congelamiento del gasto aplicado por el Ejecutivo durante su primer mes ofrece un ejemplo de esa tensión. El Gobierno ha argumentado que necesita contener un déficit heredado y ha anunciado restricciones que afectan a numerosas entidades. Entre las instituciones que han sufrido restricciones aparecen organismos vinculados con la implementación de la paz, entre ellos la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
La explicación fiscal no puede descartarse simplemente como una maniobra contra el Acuerdo. Colombia enfrenta efectivamente restricciones presupuestales y el nuevo Gobierno ha planteado un ajuste del gasto. Pero la pregunta política es otra: qué programas se consideran prioritarios cuando los recursos son escasos y qué consecuencias tiene esa jerarquización sobre los compromisos de paz.
La JEP constituye otro frente de tensión. De la Espriella llegó a sostener que esa jurisdicción representaba impunidad y planteó su eliminación. Sin embargo, desmontarla no depende exclusivamente de una decisión presidencial. Parte de la arquitectura del Acuerdo y de la justicia transicional tiene protección constitucional y su modificación exigiría mecanismos jurídicos de mayor alcance.
Esto explica por qué el debate podría desplazarse desde la pregunta “¿se acaba la JEP?” hacia otra más compleja: “¿qué JEP quiere tener el Gobierno?”. Santos y quienes defienden el modelo sostienen que la justicia transicional es una pieza necesaria para cerrar el conflicto, mientras que sus críticos consideran que debe producir resultados más rápidos y sanciones que perciban como suficientemente severas.
El propio Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno Santos, ha reconocido que la JEP necesita correctivos y que ha incurrido en problemas de funcionamiento. Pero también ha advertido que, si se separa la discusión de las disputas ideológicas, el Acuerdo contiene instrumentos que todavía pueden servir para enfrentar problemas de seguridad y desarrollo territorial.
La cuestión se vuelve todavía más delicada por la violencia que persiste contra líderes sociales y firmantes de paz. El fracaso de una parte de la implementación no puede atribuirse únicamente a un Gobierno o a otro: la persistencia de asesinatos, desplazamientos y control armado demuestra que la firma de 2016 no produjo por sí sola una transformación de los territorios.
Santos, precisamente, intenta presentar esa persistencia como una razón para profundizar el acuerdo y no para abandonarlo. En su lectura, cumplir lo pactado puede contribuir a enfrentar algunas de las causas que alimentan el conflicto. Reuters recogió su argumento de que la implementación puede ser una de las herramientas más útiles para combatir problemas como la pobreza rural, el narcotráfico y la violencia regional.
El Gobierno de De la Espriella parte de una premisa diferente: que la recuperación de la autoridad estatal y el debilitamiento militar y financiero de las organizaciones armadas deben preceder a cualquier transformación territorial. Esa diferencia puede terminar convirtiéndose en uno de los principales debates de su administración: si la seguridad debe ser el camino hacia la implementación o si la implementación debe ser considerada parte de la política de seguridad.
La decisión reciente de cerrar anticipadamente una zona temporal en Putumayo vinculada a un proceso de desarme de integrantes de los Comandos de Frontera ilustra esa tensión. El Gobierno puso fin al mecanismo heredado de la política de Paz Total, mientras persistían interrogantes sobre las garantías de transición y protección para quienes estaban en proceso de reincorporación.
En ese contexto, el llamado de Santos tiene también una dimensión de disputa por el significado político del Acuerdo. Para el expresidente, defenderlo no significa necesariamente defender a las antiguas Farc ni las políticas de los gobiernos posteriores, sino preservar una política de Estado construida para transformar las condiciones que hicieron posible el conflicto.
La respuesta de sectores críticos del santismo apunta precisamente al punto débil de ese argumento. Gustavo Bolívar, por ejemplo, cuestionó que Santos reclame ahora una nueva movilización alrededor de la implementación y sostuvo que parte de las tareas pendientes debieron haberse impulsado durante los años posteriores a la firma.
Ese cuestionamiento es relevante porque la implementación no llega a 2026 como una obra inconclusa únicamente por decisiones del nuevo Gobierno. Reuters señala que durante los gobiernos posteriores al de Santos hubo avances incompletos y obstáculos derivados de cambios de prioridades políticas, restricciones financieras y la pandemia.
Por eso, el desafío para De la Espriella no consiste simplemente en decidir si “está con Santos” o “está contra Santos”. El problema institucional es determinar qué compromisos del Acuerdo considera indispensables para su propia estrategia de seguridad, cuáles pretende reformar y cuáles está dispuesto a financiar.
Ahí puede estar la verdadera prueba del llamado de Santos. El Acuerdo de 2016 tiene mecanismos de protección jurídica que dificultan un desmonte unilateral, pero ningún blindaje constitucional garantiza por sí mismo que las políticas públicas tengan recursos suficientes, que las instituciones funcionen o que los programas lleguen a los territorios.
Diez años después de la firma, la discusión puede haber cambiado de escenario. Ya no se trata solamente de defender el Acuerdo frente a quienes querían derrotarlo políticamente. Ahora se trata de determinar cuánto de su arquitectura puede sobrevivir dentro de un Gobierno que tiene otra concepción de seguridad, otras prioridades presupuestales y una lectura distinta sobre la relación entre Estado, territorio y conflicto armado.
En ese sentido, la frase de Santos —“la paz nos necesita”— funciona menos como una conclusión sobre el pasado que como una advertencia sobre el futuro. El Gobierno de De la Espriella tiene la posibilidad de mantener, modificar o debilitar buena parte de la implementación. Y el resultado no dependerá únicamente de lo que diga sobre el Acuerdo, sino de lo que ocurra con el dinero, las instituciones, las tierras, los excombatientes y los territorios que todavía esperan que la firma de 2016 se traduzca en una presencia distinta del Estado.
