Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia, un reportaje de Le Monde puso en contraste el balance presentado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella con la situación encontrada sobre el terreno en el Chocó, epicentro del desastre.
La periodista Julia Pascual recorrió Quibdó y Unión Panamericana los días 9 y 10 de septiembre. Su reportaje, publicado el 14 de septiembre, describe familias que continúan sin una solución de vivienda y comunidades que esperan ayudas anunciadas por el Estado.
El contraste adquiere relevancia porque cuatro días después de las visitas de la periodista, De la Espriella presentó en una alocución nacional un balance en el que aseguró que las ayudas para los damnificados ya habían comenzado a llegar.
“Las ayudas para los damnificados también comenzaron a pagarse”, afirmó el presidente al referirse a los programas de vivienda. Según su balance, el Gobierno estaba avanzando en entregas, mejoramientos y recursos para las zonas afectadas.
El reportaje francés muestra, sin embargo, una realidad distinta en varias comunidades del Chocó. No plantea que ninguna ayuda haya llegado al departamento, pero sí documenta que personas damnificadas continuaban esperando apoyos específicos y soluciones de vivienda.
Uno de los casos descritos es el de Katherin Rentería Asprilla, una niña de 11 años que seguía viviendo con su madre en el gimnasio de Quibdó, convertido en refugio temporal para alrededor de un centenar de personas que habían perdido sus casas.
La escena resume una de las principales diferencias entre el balance nacional y la experiencia registrada por el periódico francés: mientras el Gobierno habla de recursos asignados, obras proyectadas y ayudas que comenzaron a pagarse, algunas familias todavía permanecen en alojamientos provisionales.
La madre de Katherin esperaba donaciones de materiales para reconstruir su vivienda. El problema no terminaba con la llegada de esos materiales, pues también necesitaba recursos para pagar la mano de obra.
El caso adquiere mayor dimensión cuando se observa el contexto de la emergencia. Le Monde recuerda que, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres divulgado el 10 de septiembre, más de 36.000 viviendas habían quedado destruidas en el país y más de 100.000 eran consideradas inhabitables.
Pero el Chocó enfrenta una dificultad adicional: es uno de los territorios más pobres del país y tiene serios problemas de conectividad e infraestructura. Para las familias que pierden su vivienda, la capacidad de reconstruir por sus propios medios es mucho menor.
Esa dependencia del Estado aparece incluso en el título del reportaje: “Aquí, las personas dependen del Estado”. La frase resume el argumento central de la investigación: en un departamento con esas condiciones, la velocidad de la respuesta pública tiene un impacto especialmente directo sobre la posibilidad de recuperación de los damnificados.
El reportaje también registra ayudas que sí llegaron. Acción contra el Hambre había distribuido alimentos en el barrio Obrero de Quibdó y otras organizaciones habían intervenido en comunidades afectadas.
Por eso, el hallazgo de Le Monde no permite afirmar que el Gobierno haya dejado al Chocó sin asistencia. El contraste es más preciso: hay ayuda humanitaria que ha llegado, pero también apoyos estatales anunciados que, en los lugares visitados, todavía no se habían materializado para algunas familias.
Ese matiz es importante frente a la afirmación presidencial del 13 de septiembre de que las ayudas “ya están llegando”. La frase describe la puesta en marcha de los programas, pero no demuestra que todos los damnificados hayan recibido efectivamente los recursos anunciados.
La diferencia entre ambas situaciones puede parecer semántica, pero tiene consecuencias concretas. Una cosa es que una ayuda haya sido anunciada o incluso que un proceso de pago haya comenzado; otra es que una familia damnificada haya recibido el dinero y pueda utilizarlo para resolver su situación.
El reportaje encuentra esa brecha en el barrio Obrero, en la periferia norte de Quibdó. Allí, según los testimonios recogidos por la periodista, las personas entrevistadas no habían recibido todavía las ayudas económicas para vivienda anunciadas por el Gobierno.
El contraste también aparece en el terreno educativo. En Unión Panamericana, Le Monde encontró el colegio San Joaquín funcionando con menos de la mitad de sus aulas disponibles después de los daños provocados por el terremoto.
La institución atiende a unos 800 estudiantes y su comedor permanecía cerrado debido a los problemas ocasionados en la reserva de agua. Las clases se habían reducido a una sola jornada.
La coordinadora del colegio, Yolanda Curi Palacios, relató que habían recibido la visita de autoridades y de una organización social, pero que hasta el momento de la visita no habían recibido la asistencia que esperaban.
Ese testimonio contrasta con la información entregada por De la Espriella sobre otras instituciones educativas. En su alocución, el presidente anunció $23.000 millones para reconstruir los bloques afectados de la Institución Educativa Agrícola de Buga y $10.000 millones para dos colegios de Quimbaya.
La diferencia geográfica resulta relevante. El Gobierno mostró avances concretos en Quindío y Valle del Cauca, mientras el reportaje francés concentró su mirada en comunidades del Chocó donde la recuperación parecía avanzar con mayor lentitud.
En Quibdó, además, el alcalde Rafael Andrés Bolaños Pino señaló la necesidad de contar con más maquinaria para demoler estructuras, retirar escombros y atender terrenos que podrían representar nuevos riesgos.
El problema descrito por Le Monde no se limita entonces a la transferencia de dinero. También involucra la capacidad institucional para ejecutar obras, retirar estructuras dañadas, recuperar escuelas y convertir los anuncios nacionales en intervenciones visibles en los municipios.
En Plan de Raspadura, unos 70 kilómetros al sur de Quibdó, el periódico encontró otro ejemplo de la complejidad de la emergencia. La localidad, de unos 1.500 habitantes, no cuenta con agua corriente y alrededor de 50 viviendas resultaron destruidas.
Después del terremoto, Acción contra el Hambre y la Fundación Veolia instalaron una planta móvil de potabilización. El caso muestra nuevamente que la asistencia existe, pero también que la emergencia se superpone con problemas estructurales que no comenzaron con el terremoto.
En San Rafael El Dos y Unión Panamericana, la situación de las escuelas evidencia otra dimensión de esa brecha. Las instalaciones dañadas continúan limitando la prestación del servicio educativo, mientras las comunidades esperan soluciones que permitan recuperar plenamente las actividades.
La comparación, por tanto, no debería formularse como una disputa entre “ayudas que llegaron” y “ayudas que no llegaron”. Lo que el reportaje permite observar es una diferencia entre el balance de ejecución presentado desde Bogotá y la experiencia concreta de comunidades visitadas en el Chocó.
El Gobierno puede demostrar que ha asignado recursos, iniciado pagos, entregado materiales y puesto en marcha proyectos. Pero el reportaje de Le Monde introduce una pregunta adicional: ¿cuánto de esos anuncios se ha convertido ya en soluciones efectivas para las familias más afectadas?
Esa pregunta adquiere mayor importancia porque el propio presidente dijo que no quería “damnificados esperando eternamente una solución del Estado” y que su obligación era acelerar la respuesta en los territorios.
El reportaje publicado por Le Monde no demuestra por sí solo que exista un incumplimiento generalizado del Gobierno. Su valor está en mostrar, mediante testimonios y visitas de campo, que las cifras nacionales no cuentan toda la historia de la recuperación.
Un mes después del terremoto, el Chocó aparece así como una prueba especialmente exigente para la administración de De la Espriella: no basta con anunciar recursos o informar que comenzaron los pagos. La eficacia de la respuesta tendrá que medirse por su llegada efectiva a las familias, escuelas y comunidades que todavía esperan reconstruir sus vidas.
El contraste que deja Le Monde es, finalmente, entre dos formas de medir la emergencia: desde el Gobierno, mediante recursos anunciados, proyectos y pagos en marcha; desde el territorio, mediante familias que todavía esperan una vivienda, colegios que no funcionan plenamente y comunidades que siguen reclamando asistencia. La distancia entre ambas mediciones será uno de los principales indicadores para evaluar la reconstrucción del Chocó.
