La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ejecutó la Megaoperación Imperium contra una red señalada de participar en el tráfico transnacional de cocaína y el lavado de activos.
El operativo se desarrolló principalmente en Medellín, Antioquia, y permitió la captura de diez personas. Una de ellas es solicitada con fines de extradición por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
De manera paralela, las autoridades reportaron la afectación de 39 bienes mediante medidas relacionadas con la extinción del derecho de dominio. El valor estimado de estos activos asciende a unos 12 millones de dólares, de acuerdo con la información divulgada sobre la operación.
La investigación apunta a una estructura con presencia o injerencia en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño. Según las autoridades, sus actividades combinaban la salida de cocaína hacia mercados internacionales con mecanismos destinados a ocultar e incorporar los recursos obtenidos de esas operaciones al sistema económico.
Uno de los principales elementos de la investigación fue el seguimiento al dinero mediante herramientas digitales. La Policía sostiene que la organización utilizaba billeteras virtuales y criptoactivos como parte de los mecanismos para movilizar y ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.
Según los investigadores, durante la investigación fueron identificados movimientos por aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos. Las autoridades señalaron que parte de esos recursos era transferida y almacenada en billeteras frías, utilizadas para dificultar el rastreo y control de los activos digitales.
La investigación también identificó transferencias hacia un exchange de criptomonedas ubicado en Irán. De acuerdo con la Policía, las operaciones involucraron cuentas que habían sido reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, por actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.
La cifra de US$180 millones corresponde, según la información oficial divulgada, al volumen de movimientos identificado durante la investigación. Esto no significa necesariamente que ese monto corresponda a ganancias netas de la organización, una distinción relevante al valorar el alcance financiero del caso.
La estructura también habría utilizado el sistema financiero tradicional. La Policía reportó operaciones por aproximadamente 2,3 billones de pesos en Colombia, realizadas mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales, con las que presuntamente se buscaba ingresar y movilizar recursos de origen ilícito.
Otro mecanismo identificado habría sido la utilización de empresas legalmente constituidas. Según los investigadores, esas sociedades habrían servido para canalizar recursos provenientes de Estados Unidos y otorgarles una apariencia de legalidad antes de incorporarlos a la economía colombiana.
El caso muestra así una combinación de mecanismos tradicionales y digitales para el lavado de activos. A las empresas utilizadas como fachada o instrumento de circulación financiera se sumaban transferencias internacionales, criptomonedas y billeteras frías.
La investigación también estableció presuntos vínculos entre la estructura y Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, señalado por las autoridades como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo.
Según la Policía, esa conexión estaría relacionada con actividades de tráfico transnacional de cocaína y con el manejo de recursos procedentes de las economías ilegales. La relación hace parte de las hipótesis y elementos recopilados dentro de la investigación.
El componente territorial también aparece en el expediente. Las autoridades señalaron que la organización habría instrumentalizado la zona portuaria de Turbo, Antioquia, para acceder a instalaciones y procesos logísticos que podían facilitar operaciones vinculadas con el tráfico internacional de cocaína.
El puerto y el corredor del Urabá tienen una importancia estratégica para las organizaciones dedicadas al narcotráfico por su conexión con las rutas marítimas internacionales. En este caso, la investigación busca establecer de qué manera la estructura habría aprovechado esa infraestructura para sus actividades criminales.
Los capturados deberán responder, según las actuaciones judiciales reportadas, por delitos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La responsabilidad penal individual deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.
La operación tuvo además un componente internacional. La participación de la DEA permitió seguir movimientos financieros y posibles conexiones transnacionales, mientras que la Fiscalía intervino en las actuaciones judiciales desarrolladas en Colombia.
Para la Policía, uno de los principales resultados de Imperium consiste en haber atacado simultáneamente las capacidades humanas, financieras, logísticas y patrimoniales de la estructura. El brigadier general William Castaño Ramos señaló que el seguimiento de los recursos y la cooperación internacional fueron determinantes para identificar movimientos de dinero y afectar activos.
Más allá de las capturas, el caso pone el foco en la transformación de las técnicas de lavado de activos vinculadas al narcotráfico. El uso de criptoactivos no elimina los mecanismos tradicionales, sino que agrega nuevas capas de intermediación que obligan a las autoridades a seguir el dinero entre empresas, cuentas bancarias, plataformas digitales y billeteras fuera del sistema financiero convencional.
La Megaoperación Imperium deja, por ahora, un resultado de diez capturas, una solicitud de extradición, 39 bienes afectados y una investigación sobre movimientos de hasta 180 millones de dólares en criptoactivos. El desafío judicial será determinar el origen específico de esos recursos, la participación de cada capturado y el vínculo entre el patrimonio intervenido y las actividades criminales investigadas.
