Cuatro periodistas de Apartadó, Antioquia, denunciaron haber recibido amenazas el 31 de julio de 2026 por parte de personas que se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo. Las intimidaciones habrían tenido como propósito impedir que continuaran publicando investigaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad del municipio.
Las víctimas de las amenazas fueron Cristian Salas, del medio Noticias El Boom; Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV y corresponsal de la FLIP en Urabá; y dos integrantes del medio Voces de Urabá.
De acuerdo con la información divulgada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los comunicadores de Apartadó fueron contactados mediante llamadas telefónicas, mensajes y amenazas directas. Los hechos ocurrieron en un periodo inferior a seis horas, lo que generó preocupación por la posible coordinación de las intimidaciones y por el riesgo para los periodistas.
Las amenazas estuvieron relacionadas con publicaciones y averiguaciones sobre la Secretaría de Movilidad de Apartadó y sobre la gestión de su entonces secretario, Óscar David Angulo. La información conocida indica que los responsables exigieron a los comunicadores suspender la difusión de contenidos y detener las investigaciones sobre esa dependencia municipal.
El caso generó preocupación porque las presiones no estarían vinculadas únicamente con la cobertura de las actividades del Clan del Golfo, sino con investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público y el funcionamiento de una entidad local. La posible intervención de un grupo armado para impedir la divulgación de información podría constituir una grave afectación a la libertad de prensa.
La FLIP rechazó las intimidaciones y advirtió que este tipo de hechos puede producir un efecto de censura y autocensura. Las amenazas contra periodistas no solo afectan a las personas directamente señaladas, sino que pueden limitar el acceso de la ciudadanía a información relacionada con la administración pública, las decisiones oficiales y posibles irregularidades.
La organización pidió a las autoridades adoptar medidas urgentes para proteger a los cuatro comunicadores, evaluar de manera individual y colectiva el nivel de riesgo y garantizar que puedan continuar ejerciendo su labor. También solicitó avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si las amenazas tienen relación con las publicaciones sobre la Secretaría de Movilidad.
La FLIP reportó 45 agresiones contra periodistas en Antioquia entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2026, lo que convirtió al departamento en el más peligroso del país para ejercer el periodismo durante ese periodo. La organización pidió a la UNP evaluar con urgencia el riesgo de los comunicadores, a la Fiscalía investigar las denuncias y a la Procuraduría examinar las presuntas irregularidades relacionadas con la Secretaría de Movilidad y determinar si las amenazas pudieron buscar encubrir esos hechos.
Hasta el momento, la atribución al Clan del Golfo se basa en que quienes realizaron las intimidaciones se identificaron como integrantes del EGC. Esa circunstancia no equivale a una determinación judicial sobre la responsabilidad de la organización, por lo que corresponde a la Fiscalía y a los organismos de seguridad verificar la autenticidad de las amenazas y establecer quiénes participaron en ellas.
La situación adquiere especial gravedad por el contexto de seguridad de Urabá, una región en la que el Clan del Golfo mantiene presencia e influencia territorial. La capacidad armada y el poder de intimidación atribuidos a esa estructura hacen que las amenazas deban ser atendidas con medidas inmediatas, incluso antes de que se determine judicialmente su autoría.
El episodio se suma a otros hechos de presión contra periodistas registrados en Antioquia durante 2026. En junio, la FLIP y la Defensoría del Pueblo rechazaron los señalamientos del Clan del Golfo contra el periodista Norbey Valle David, al considerar que los mensajes de grupos armados pueden representar una forma de intimidación aun cuando no contengan una amenaza explícita.
Las amenazas contra los periodistas de Apartadó reavivan el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección de la prensa en los territorios donde operan grupos armados y estructuras criminales. La respuesta institucional será determinante para evitar que las intimidaciones deriven en autocensura y para garantizar que las investigaciones sobre asuntos públicos puedan continuar sin que los comunicadores tengan que poner en riesgo su vida e integridad.
