Argentina está intentando convertirse en uno de los territorios más favorables del mundo para el desarrollo de inteligencia artificial. La apuesta del gobierno de Javier Milei combina desregulación, incentivos para grandes inversiones, energía y una propuesta que busca modificar incluso las reglas jurídicas con las que funcionarán las empresas de IA.
El presidente argentino ha convertido la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial en una nueva extensión de su programa de libertad económica. En septiembre, durante una intervención en Nueva York, Milei sostuvo que Argentina no pondrá un “cepo” a la inteligencia artificial y defendió que el mercado encuentre sus propias soluciones frente a los riesgos de esta tecnología.
La posición del mandatario no significa literalmente que la IA vaya a operar sin ninguna norma. Lo que plantea su Gobierno es reducir las barreras regulatorias y evitar, en sus palabras, que el Estado se adelante al desarrollo tecnológico con regulaciones que puedan frenar la innovación. La diferencia es importante porque el debate argentino no gira alrededor de la ausencia absoluta de reglas, sino sobre cuántas reglas deben existir y cuándo deben aplicarse.
En esa dirección, Milei ha presentado la inteligencia artificial como parte de una nueva revolución tecnológica que puede transformar tanto la economía como el funcionamiento de los gobiernos. Su argumento es que una regulación anticipada puede terminar protegiendo estructuras estatales y frenando la competencia privada.
La apuesta tiene además una dimensión jurídica. En junio, la Presidencia argentina defendió públicamente la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a empresas operadas autónomamente por inteligencia artificial. El Gobierno sostuvo que esas compañías podrían funcionar bajo responsabilidad limitada y dentro del mismo marco general de sanciones aplicable a las sociedades convencionales.
La propuesta abrió una discusión que va más allá de la innovación tecnológica. Si una empresa puede ser administrada de manera autónoma por sistemas de inteligencia artificial, aparece una pregunta elemental: ¿quién responde cuando las decisiones de esa entidad provocan daños, incumplen obligaciones o afectan derechos de terceros?
La Casa Rosada sostiene que la personalidad jurídica no elimina la responsabilidad, sino que permite concentrar activos y relaciones jurídicas en una entidad que puede ser demandada, sancionada o llevada a la quiebra. La defensa oficial surgió, precisamente, después de cuestionamientos del historiador Yuval Noah Harari sobre los riesgos de las compañías administradas por IA.
La segunda pieza de la estrategia es económica. Argentina ya había creado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, y en febrero de 2026 modificó su reglamentación para incluir expresamente dentro del sector tecnológico a actividades como software, robótica e inteligencia artificial.
El RIGI establece incentivos, estabilidad y mecanismos de protección jurídica para determinados proyectos de gran escala. La reforma de 2026 amplió además las posibilidades de considerar como ampliación de un proyecto tecnológico la incorporación de nuevos productos, siempre que cumplan condiciones de innovación y una inversión mínima determinada.
Así, la estrategia argentina no se limita a convencer a desarrolladores de software para que trabajen desde Buenos Aires. El objetivo abarca inversiones de infraestructura, procesamiento de datos y proyectos tecnológicos intensivos en capital, sectores que requieren grandes cantidades de energía y conexiones de alta capacidad.
Ese componente resulta especialmente relevante para la inteligencia artificial generativa. Los modelos más avanzados requieren centros de datos con enormes capacidades de procesamiento, almacenamiento, refrigeración y suministro eléctrico. Por eso, el atractivo argentino no depende solamente de sus reglas tributarias: también está relacionado con la disponibilidad de energía y recursos para sostener infraestructura digital.
En este escenario aparece Peter Thiel, una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense. El empresario es cofundador de Palantir y uno de los principales inversores vinculados a Founders Fund, además de haber construido una relación política con sectores conservadores y libertarios de Estados Unidos.
La presencia de Thiel en Argentina dejó de ser una visita empresarial más cuando el empresario mantuvo contactos con integrantes del Gobierno y posteriormente fue recibido oficialmente por Milei en la Casa Rosada, el 23 de abril de 2026. En ese encuentro participaron también el canciller Pablo Quirno, Matt Danzeisen, de Thiel Capital, y Matías Van Thienen, socio de Founders Fund.
La reunión ocurrió después de varios días de contactos reservados entre Thiel y funcionarios argentinos. Reportes de prensa señalaron encuentros con figuras del Gobierno y conversaciones sobre inteligencia artificial, energía y las perspectivas económicas del país.
La coincidencia resulta políticamente significativa porque las áreas que interesan a Thiel se superponen con algunas de las prioridades de la administración Milei: tecnología, inteligencia artificial, infraestructura digital, energía, seguridad y reducción de las restricciones regulatorias.
Pero una coincidencia de agendas no equivale a demostrar que Thiel haya diseñado la política argentina de inteligencia artificial. Por el momento se desconoce que exista evidencia pública que permita atribuirle la autoría de las reformas promovidas por Milei o de la propuesta para crear empresas administradas por IA.
Lo que sí está documentado es la cercanía entre el empresario y el Gobierno. Y esa cercanía se volvió más visible con su permanencia prolongada en Buenos Aires y los reportes sobre la adquisición de una propiedad en la ciudad.
La dimensión política de esa presencia también generó reacción dentro de Argentina. En agosto, diputados de la oposición promovieron una audiencia informativa en el Congreso para analizar la llegada de Thiel, su influencia potencial y los posibles efectos de los proyectos vinculados con inteligencia artificial, centros de datos y seguridad.
Entre los organismos que participaron de esa discusión estuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. La organización planteó preocupaciones sobre el posible ingreso de tecnologías de Palantir al Estado argentino y sobre las consecuencias que tendría delegar en una empresa privada capacidades de integración de datos, producción de inteligencia y apoyo a decisiones públicas.
La advertencia del CELS, sin embargo, debe entenderse como una posición de una organización de derechos humanos dentro de un debate político y tecnológico. No constituye por sí misma evidencia de que Palantir tenga actualmente un contrato con el Estado argentino ni de que la empresa vaya a asumir funciones de gobierno.
Precisamente ahí aparece uno de los puntos que deberían investigarse con mayor precisión. La pregunta no es solamente si Thiel simpatiza con Milei o si ambos comparten determinadas ideas económicas. Es necesario establecer qué empresas de su ecosistema tienen negocios, conversaciones formales, contratos o proyectos concretos en Argentina.
Palantir merece una atención particular porque su actividad no se concentra en la inteligencia artificial generativa para consumidores. La empresa desarrolla sistemas de integración y análisis de datos utilizados por organismos públicos, empresas y estructuras vinculadas con defensa y seguridad.
Eso introduce una segunda dimensión en la discusión argentina: los datos. Un país que pretende convertirse en polo de inteligencia artificial necesita definir no solamente quién puede instalar servidores, sino también qué información puede procesarse, bajo qué controles, con qué mecanismos de auditoría y quién responde por los resultados obtenidos.
El Gobierno de Milei plantea el problema desde el principio de que un exceso de regulación puede retrasar la innovación. Sus críticos responden que el desarrollo tecnológico sin suficientes controles puede trasladar costos y riesgos a los ciudadanos. Ambas posiciones forman parte del debate que ahora comienza a tomar forma en Argentina.
La discusión también alcanza al modelo de Estado. Si las empresas de IA adquieren capacidad para gestionar recursos, procesar información y tomar decisiones de manera autónoma, la frontera entre tecnología privada y funciones tradicionalmente ejercidas por instituciones públicas puede hacerse más difusa.
En ese contexto, el concepto de “Argentina sin reglas para la IA” funciona más como una descripción política de la apuesta de Milei que como una definición jurídica exacta. El país sí tiene normas, tribunales, legislación societaria, regulación económica y mecanismos de responsabilidad. Lo que el Gobierno busca es que esas reglas sean suficientemente flexibles para no convertirse, según su argumento, en un obstáculo para la innovación.
La apuesta también tiene una dimensión geopolítica. Milei ha insistido en su alineamiento con Occidente y Estados Unidos y ha presentado a Argentina como un país con recursos energéticos, minerales y capacidad para atraer inversiones estratégicas. En Nueva York volvió a vincular libertad económica, seguridad estratégica y desarrollo tecnológico.
La llegada de capital tecnológico ya tiene ejemplos concretos. En septiembre, Milei recibió en la Casa Rosada a representantes de DayOne Data, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.
Ese encuentro muestra que la estrategia no depende exclusivamente de Thiel. Argentina está intentando atraer a un conjunto más amplio de empresas e inversores interesados en infraestructura digital y procesamiento de datos. Por eso, reducir toda la política de IA del Gobierno argentino a la presencia de un solo empresario podría ocultar una estrategia económica más amplia.
La pregunta sobre Thiel, sin embargo, permanece abierta por la combinación de factores: su relación con Milei, su permanencia en Argentina, su ecosistema empresarial, la importancia que tienen para él la tecnología y la defensa, y la decisión del Gobierno de impulsar una arquitectura jurídica favorable a la inteligencia artificial.
También permanece abierta la pregunta sobre los límites. La apuesta puede generar inversiones y convertir a Argentina en un polo regional de infraestructura tecnológica, pero también obliga a discutir privacidad, responsabilidad empresarial, consumo energético, concentración de datos, seguridad y capacidad de fiscalización estatal.
Por ahora, la evidencia permite afirmar que existe una convergencia entre la agenda de desregulación tecnológica de Milei y los intereses de un sector del capitalismo tecnológico representado por Thiel. Lo que todavía no permite afirmar es que el empresario controle, haya diseñado o determine la política argentina de inteligencia artificial.
El verdadero laboratorio, por tanto, no es solamente tecnológico. Es también jurídico y político. Argentina está probando hasta dónde puede llegar un modelo que pretende atraer la nueva economía digital reduciendo las barreras regulatorias antes de que la tecnología termine de definir sus propias reglas.
Y mientras Milei ofrece al capital tecnológico un país con menos restricciones, la presencia de Thiel añade una pregunta que excede la inversión privada: quién terminará definiendo las condiciones bajo las cuales funcionará esa nueva infraestructura y qué mecanismos tendrá el Estado argentino para controlar a las empresas que manejen los datos y las tecnologías más sensibles.
La respuesta todavía está en construcción. Pero la combinación entre desregulación, incentivos a grandes inversiones, infraestructura para IA y la presencia de uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley convierte a Argentina en un caso que ya no puede analizarse únicamente como una política económica de Milei. También es un experimento sobre los límites que un Estado está dispuesto a poner —o a no poner— a la inteligencia artificial.
