El asesinato de Steven Portillo Gómez, abogado y defensor público de la Defensoría del Pueblo en Caldas, generó rechazo entre organismos estatales y organizaciones defensoras de derechos humanos. El crimen ocurrió el 7 de junio en el sector de La Violeta, sobre la vía que comunica a Manizales con Chinchiná, donde la víctima fue atacada con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta.
Portillo Gómez, de 30 años, se desempeñaba como defensor público de la Regional Caldas de la Defensoría del Pueblo y era reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos fundamentales y el acompañamiento jurídico a comunidades vulnerables del departamento.
Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio. Unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica en el lugar de los hechos y comenzaron la recopilación de pruebas que permitan identificar y capturar a los responsables del ataque.
De acuerdo con información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el abogado había recibido amenazas en los días previos al crimen. Ese antecedente forma parte de las líneas investigativas que actualmente analizan las autoridades competentes.
La Defensoría del Pueblo condenó de manera contundente el asesinato de su funcionario. La defensora nacional, Iris Marín, expresó solidaridad con la familia, los compañeros de trabajo y los allegados de Portillo Gómez, al tiempo que pidió resultados rápidos en la investigación.
La Procuraduría General de la Nación también rechazó el homicidio y solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las pesquisas para judicializar a los autores materiales e intelectuales del hecho.
El caso volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de quienes ejercen labores relacionadas con la defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. Organizaciones sociales han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención frente a amenazas contra líderes y defensores.
Indepaz informó que, con el asesinato de Steven Portillo Gómez, ya son 67 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026. La organización advirtió que varias regiones continúan enfrentando riesgos asociados a la presencia de estructuras criminales y economías ilegales.
La Defensoría del Pueblo recordó además que existen alertas tempranas e informes de seguimiento sobre riesgos de seguridad en la región de Caldas. Estos documentos advierten sobre posibles vulneraciones de derechos y la presencia de organizaciones criminales que operan en algunos sectores del departamento.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares, compañeros y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen su llamado para que el crimen no quede en la impunidad. Las autoridades continúan recopilando información con el objetivo de establecer las circunstancias del asesinato y llevar ante la justicia a los responsables.
