La seguridad de Bogotá volvió al centro del debate político en el Concejo Distrital. Durante un cabildo abierto realizado el 12 de noviembre de 2026, concejales de diferentes bancadas expusieron sus propuestas para enfrentar la criminalidad en la capital, en una discusión marcada por dos posiciones: quienes consideran necesario recurrir a la asistencia militar y quienes defienden que la solución debe concentrarse en aumentar el número de policías y fortalecer las capacidades de investigación criminal.
El encuentro concluyó con la intervención del alcalde Carlos Fernando Galán, quien reconoció que la ciudad enfrenta un déficit de uniformados frente a sus necesidades de seguridad, pero descartó que existan las condiciones para solicitar formalmente la asistencia militar. El mandatario defendió, en cambio, la continuidad del trabajo coordinado entre la Policía y las Fuerzas Militares, así como el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y judicialización.
Una de las propuestas más concretas fue presentada por el concejal Andrés Barrios, quien pidió al alcalde gestionar ante el Gobierno Nacional la incorporación de 2.000 policías militares para apoyar las labores de seguridad en Bogotá. El cabildante cuestionó la estrategia de la Administración Distrital y sostuvo que la capital necesita más uniformados con capacidad operativa para enfrentar a los delincuentes, en lugar de depender de gestores de convivencia.
«Bogotá necesitaba policías y le entregaron gestores», fue una de las frases con las que Barrios resumió sus críticas a la política de seguridad del gobierno de Galán. Según el concejal, la ciudad requiere fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las calles, especialmente en los sectores donde se registran problemas de delincuencia y en los puntos estratégicos de ingreso y salida de la capital.
Para sustentar su cuestionamiento, Barrios indicó que desde enero de 2024 se han registrado más de 3.200 homicidios, 339.000 hurtos y 25.200 delitos sexuales en Bogotá. Estas cifras fueron presentadas por el concejal durante su intervención para dimensionar la situación de seguridad y respaldar su solicitud de aumentar el personal uniformado.
El cabildante también cuestionó el cumplimiento de los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo. Según expuso, la Administración se había comprometido a incorporar 2.000 policías adicionales, pero esos uniformados todavía no habrían llegado a la ciudad. Para Barrios, el retraso en esa meta evidencia la necesidad de buscar alternativas que permitan reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta de las autoridades.
Su propuesta consiste en solicitar al presidente de la República el apoyo permanente de 2.000 policías militares, quienes podrían ser destinados a labores de vigilancia en puentes, entradas y salidas de Bogotá y otros puntos estratégicos. El objetivo sería que estos efectivos apoyen la seguridad en lugares específicos y permitan liberar integrantes de la Policía Nacional para reforzar los cuadrantes, patrullar los barrios y atender los llamados de la ciudadanía.
Barrios sostuvo que la iniciativa no pretende reemplazar las funciones constitucionales de la Policía Nacional, sino complementar su trabajo mediante el apoyo de las Fuerzas Militares. En su planteamiento, la presencia de policías militares en determinados corredores y sectores permitiría distribuir mejor los recursos humanos disponibles y aumentar la presencia institucional en zonas donde se requiere vigilancia permanente.
Una posición distinta, aunque también enfocada en la necesidad de incrementar el pie de fuerza, fue expuesta por el concejal Fernando López. Durante el debate, el cabildante sostuvo que Bogotá necesita aproximadamente 7.500 policías adicionales y cuestionó que la militarización sea presentada como la principal alternativa para resolver los problemas de seguridad de la capital.
López explicó que su cálculo parte de una comparación entre la cantidad de uniformados disponibles y una tasa de referencia de 300 policías por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con los datos que presentó, Bogotá tiene una población proyectada de 7.945.996 habitantes para 2026 y cuenta con una tasa de 206 policías por cada 100.000 habitantes, lo que representaría alrededor de 16.400 uniformados.
Con la tasa de referencia planteada por el concejal, la ciudad debería contar con aproximadamente 23.838 policías. La diferencia entre esa cifra y el número de uniformados disponibles arrojaría un déficit cercano a los 7.500 efectivos. López presentó estos cálculos para argumentar que la capital necesita una estrategia de fortalecimiento de la Policía Metropolitana y no trasladar a las Fuerzas Militares responsabilidades que corresponden a la institución policial.
El concejal también defendió la necesidad de mejorar las capacidades de inteligencia, investigación criminal y judicialización. A su juicio, aumentar el número de uniformados debe estar acompañado de herramientas tecnológicas, coordinación institucional y mecanismos que permitan identificar y desarticular las estructuras delincuenciales que operan en Bogotá.
Entre las medidas que planteó se encuentran perseguir las finanzas de las organizaciones criminales, fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, recuperar el espacio público y ampliar las estrategias de prevención del delito. Su argumento es que la seguridad no depende exclusivamente de la presencia de uniformados en las calles, sino también de la capacidad del Estado para investigar, capturar y llevar ante la justicia a quienes cometen delitos.
La diferencia entre las propuestas de Barrios y López estuvo en el mecanismo para aumentar la capacidad de respuesta de las autoridades. Mientras el primero pidió incorporar 2.000 policías militares para apoyar labores de vigilancia en puntos estratégicos, el segundo planteó que Bogotá necesita aumentar directamente su planta de policías en cerca de 7.500 efectivos. Ambos coincidieron en señalar que el número de uniformados disponibles resulta insuficiente frente a las necesidades de la ciudad.
El debate también permitió conocer las posiciones de otros integrantes del Concejo. Entre quienes respaldaron la posibilidad de solicitar asistencia militar estuvieron Julián Uscátegui, Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Ramírez y Emel Rojas. También expresaron su apoyo a algún tipo de acompañamiento militar focalizado Rolando González, Álvaro Acevedo, Nelson Cubides, Julián Forero, Armando Gutiérrez y Darío Cepeda.
Las propuestas de estos concejales incluyeron reforzar la vigilancia en sectores críticos, proteger infraestructura estratégica y aumentar la presencia de la Fuerza Pública en determinados corredores de la capital. Para quienes respaldan esa alternativa, la participación de las Fuerzas Militares podría contribuir a mejorar las condiciones de seguridad mientras la Policía concentra sus capacidades en las labores de vigilancia, prevención y atención de los delitos.
En el otro sector estuvieron concejales que manifestaron su desacuerdo con la militarización de Bogotá o con la activación de la asistencia militar formal. Entre ellos se encontraban José Cuesta, Heidy Sánchez, Donka Atanasova, Jesús Araque, Germán García, Cristina Calderón, Ana Teresa Bernal, Jairo Avellaneda, Elkin Huertas, María Vargas, Julián Espinosa, Fernando López y Julián Triana.
Estos cabildantes defendieron el fortalecimiento de la Policía Nacional, la inteligencia, la investigación criminal y la justicia como ejes de la respuesta institucional. También señalaron la importancia de perseguir las finanzas de las organizaciones delincuenciales, mejorar la coordinación entre las entidades y ampliar la inversión social en los territorios afectados por la criminalidad.
En medio de esas diferencias, la intervención de Galán dejó clara la posición de la Administración Distrital. El alcalde reconoció que Bogotá tiene un déficit de policías frente a sus necesidades, pero estableció una diferencia entre el acompañamiento que actualmente realizan las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía y la solicitud formal de asistencia militar, que implica activar un mecanismo institucional específico.
El mandatario afirmó que no considera que estén dadas las condiciones para solicitar formalmente esa asistencia. En cambio, defendió la continuidad de las operaciones conjuntas, el acompañamiento militar en la protección de infraestructura estratégica y el trabajo articulado en sectores priorizados. Su posición apunta a mantener los esquemas de cooperación existentes sin recurrir a una medida adicional de asistencia militar.
La discusión tiene como antecedente el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contempla la asistencia militar como un mecanismo excepcional de apoyo a las autoridades de Policía. La figura no debe confundirse con las labores de acompañamiento y coordinación que ya pueden desarrollar las Fuerzas Militares en determinados escenarios.
Otro de los asuntos que quedó expuesto durante el debate fue el papel de los gestores de convivencia, cuya contratación y funciones han sido cuestionadas por sectores de la oposición. La discusión planteada por Barrios apunta a que estos funcionarios no pueden sustituir a los policías en las tareas de vigilancia y control del delito. Los gestores, por su parte, desarrollan labores de mediación, prevención y promoción de la convivencia, sin contar con las mismas atribuciones operativas de los uniformados.
Esa diferencia es importante para entender el alcance de las propuestas que se presentaron en el Concejo. El debate no se limita a determinar cuántas personas trabajan en los programas de seguridad del Distrito, sino a establecer qué funciones cumplen, qué capacidad tienen para responder a las distintas modalidades delictivas y cómo se distribuyen los recursos disponibles entre prevención, vigilancia e investigación.
Las cifras expuestas por los concejales también dejan planteada una discusión sobre las responsabilidades de la Nación y el Distrito. Barrios cuestionó que no se hayan materializado los 2.000 policías adicionales que, según afirmó, fueron comprometidos en el Plan de Desarrollo, mientras López puso sobre la mesa una estimación de 7.500 uniformados adicionales a partir de la tasa de referencia que utilizó en su intervención. Aunque los cálculos parten de criterios diferentes, ambos apuntan a la necesidad de fortalecer la capacidad policial de la capital.
Por su parte, Galán anunció que insistirá en mejorar la coordinación entre la SIJIN, la SIPOL y la Fiscalía para afectar las finanzas de las estructuras criminales. La Administración considera que el trabajo de inteligencia, la investigación y la judicialización son componentes fundamentales para enfrentar organizaciones que no solo participan en delitos callejeros, sino que también desarrollan actividades criminales con redes y estructuras financieras.
El cabildo abierto concluyó sin que se anunciara una solicitud formal de asistencia militar al Gobierno Nacional. La posición del alcalde mantiene vigente el esquema de coordinación entre la Policía y las Fuerzas Militares, mientras las propuestas de los concejales dejan sobre la mesa distintas alternativas para aumentar la presencia institucional en Bogotá.
La discusión, sin embargo, no resuelve el interrogante sobre cómo se cerrará la brecha entre el número de policías disponibles y las necesidades de seguridad de una ciudad de casi ocho millones de habitantes. Tampoco define si el Gobierno Nacional atenderá las solicitudes de mayor pie de fuerza ni cómo avanzará el Distrito en el cumplimiento de los compromisos relacionados con la incorporación de uniformados.
Por ahora, el debate en el Concejo dejó dos propuestas cuantificadas: los 2.000 policías militares solicitados por Andrés Barrios y los cerca de 7.500 policías adicionales que, según los cálculos presentados por Fernando López, necesitaría Bogotá. En medio de ambas posiciones, el alcalde Carlos Fernando Galán mantiene su decisión de no solicitar formalmente la asistencia militar y apuesta por fortalecer la coordinación institucional y las capacidades de la Policía.





