El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un cambio sustancial en la política exterior colombiana frente al Sáhara Occidental: Colombia reconoce ahora la soberanía del Reino de Marruecos sobre ese territorio. La decisión fue comunicada durante el primer encuentro del vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí.
El Ejecutivo presentó el giro como parte de una estrategia para “revitalizar” la relación bilateral con Marruecos, bajo una visión de largo plazo y con el argumento de que un mayor acercamiento entre los dos países servirá a los intereses de Colombia. El anuncio, sin embargo, trasciende el ámbito bilateral porque Colombia acaba de tomar posición en uno de los conflictos territoriales más prolongados de África.
La decisión también representa una ruptura con la política exterior del Gobierno de Gustavo Petro. Colombia había reconocido originalmente a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 27 de febrero de 1985, durante el Gobierno del presidente Belisario Betancur. El reconocimiento estableció relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.
Esas relaciones permanecieron congeladas desde 2001, cuando el Gobierno de Andrés Pastrana decidió suspenderlas temporalmente. Petro las restableció pocos días después de asumir la Presidencia, en agosto de 2022, recuperando formalmente los vínculos diplomáticos con la RASD.
El cambio de De la Espriella significa, por tanto, que Colombia pasa de reconocer y mantener relaciones diplomáticas con la República Saharaui a respaldar la posición de Rabat. Es un giro especialmente significativo porque Petro había convertido la causa saharaui en uno de los símbolos de su política exterior basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El Sáhara Occidental es un territorio situado en la costa noroccidental de África, entre Marruecos, Mauritania y Argelia. Fue colonia española hasta mediados de la década de 1970. Tras la salida de España, Marruecos ocupó la mayor parte del territorio y se enfrentó militarmente al Frente Polisario, movimiento que reclama la independencia saharaui.
El conflicto nunca quedó definitivamente resuelto. En 1991 Marruecos y el Frente Polisario aceptaron un alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas, con la expectativa de celebrar un referendo de autodeterminación. Sin embargo, ese referendo nunca se realizó y las partes continúan enfrentadas sobre el futuro político del territorio.
La situación jurídica internacional tampoco equivale a afirmar simplemente que el Sáhara Occidental sea territorio marroquí. Naciones Unidas lo mantiene dentro de su lista de territorios no autónomos, es decir, como un territorio cuyo proceso de descolonización no se considera concluido. Por ello, el estatus definitivo continúa siendo objeto de negociación internacional.
Marruecos controla la mayor parte del territorio y propone una fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí. El Frente Polisario, en cambio, defiende el derecho de los saharauis a decidir su futuro, incluida la posibilidad de la independencia. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2025 dio un impulso considerable al plan de autonomía marroquí como base para las negociaciones, pero no equivale por sí misma a un reconocimiento universal de la soberanía marroquí.
El giro colombiano se produce, además, en un contexto internacional en el que Marruecos ha conseguido ampliar el respaldo diplomático a su propuesta de autonomía. Estados Unidos reconoció formalmente en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental durante la Administración de Donald Trump, en el marco del acuerdo que llevó a Marruecos a normalizar relaciones con Israel.
En América Latina el cambio de posiciones también ha venido aumentando. Paraguay reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y en 2025 reafirmó esa postura, además de respaldar la propuesta marroquí de autonomía. El país anunció también planes para abrir un consulado en el territorio administrado por Marruecos.
Panamá, por su parte, suspendió sus relaciones con la autodenominada República Saharaui y respaldó el plan marroquí de autonomía como una base “seria, creíble y realista” para solucionar la disputa. En 2025 reafirmó esa posición durante una visita de su canciller a Rabat.
Hay que hacer, sin embargo, una distinción importante entre reconocer expresamente la soberanía marroquí y respaldar el plan de autonomía de Marruecos. Países como Guatemala, El Salvador, Ecuador, Granada, Panamá, Barbados y Paraguay han mostrado distintos grados de apoyo a la iniciativa marroquí, pero no todos han dado el mismo paso jurídico de reconocimiento formal de soberanía.
En ese sentido, Colombia entra ahora en el grupo mucho más reducido de países que han dado un respaldo explícito a la reivindicación territorial marroquí. La decisión también aproxima la política exterior de Bogotá a la de Washington, que mantiene desde 2020 el reconocimiento de la soberanía marroquí, y a la de Israel, que reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio en 2023.
El movimiento tiene además una lectura regional. Marruecos considera el Sáhara Occidental una cuestión central de su política exterior y ha desarrollado durante los últimos años una intensa campaña diplomática para obtener apoyos a su propuesta de autonomía. La apertura de consulados extranjeros en ciudades como Dajla y El Aaiún se ha convertido en uno de los instrumentos para mostrar respaldo internacional a la posición marroquí.
Para el nuevo Gobierno colombiano, el reconocimiento puede convertirse en una pieza de su estrategia de recomposición de relaciones con países que considera estratégicos, particularmente dentro de su nueva orientación internacional. La decisión coincide con el discurso de De la Espriella de abandonar lo que considera una diplomacia ideologizada y fortalecer las relaciones con las “naciones libres del mundo”.
Pero para la causa saharaui el significado es completamente diferente. Colombia había sido, desde 1985, uno de los países latinoamericanos que reconocían a la RASD y, bajo Petro, había reforzado ese vínculo. En 2022 el Gobierno colombiano incluso habló de reparar una injusticia histórica al restablecer las relaciones con la República Saharaui.
La decisión también puede tener consecuencias diplomáticas con Argelia, uno de los principales respaldos internacionales del Frente Polisario y rival regional de Marruecos. La disputa por el Sáhara Occidental es uno de los principales factores de tensión entre Argel y Rabat, por lo que el cambio colombiano no se limita a las relaciones con Marruecos: también redefine la posición de Bogotá frente a uno de los principales conflictos geopolíticos del norte de África.
En términos políticos, el mensaje es claro: el nuevo Gobierno colombiano ha decidido abandonar la neutralidad activa y el reconocimiento de la causa saharaui que había recuperado Petro para acercarse a la tesis marroquí. No se trata simplemente de reactivar relaciones económicas o diplomáticas con Rabat, sino de modificar la posición colombiana sobre la soberanía de un territorio cuyo estatus continúa siendo disputado.
El giro completa, además, una serie de cambios de política exterior anunciados por De la Espriella. Su Gobierno había prometido recuperar relaciones con todos los países, eliminar la “ideologización” de la diplomacia y acercarse a las democracias y países que considera aliados. El Sáhara Occidental se convierte así en uno de los primeros casos concretos en los que esa nueva doctrina deja atrás una decisión emblemática del Gobierno Petro.
La decisión colombiana no resuelve el conflicto del Sáhara Occidental, ni modifica por sí sola el estatus que mantiene el territorio dentro del sistema de Naciones Unidas. Pero sí tiene valor diplomático y político: después de más de cuatro décadas de reconocimiento de la RASD —con un paréntesis durante el Gobierno Pastrana—, Bogotá acaba de trasladar su respaldo a Rabat. Y lo hace en un momento en que Marruecos busca consolidar internacionalmente su propuesta de autonomía como salida al conflicto.
