El Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró la candidatura de la jurista y diplomática Carolina Olarte-Bácares para ocupar una de las seis plazas de magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) que serán elegidos en diciembre de 2026. La decisión modificó de manera abrupta la participación de Colombia en un proceso que podía llevar por primera vez a un colombiano a integrar ese tribunal.
Olarte confirmó que conoció la decisión por un representante de otro Estado parte mientras se encontraba en La Haya realizando gestiones relacionadas con su candidatura. Según relató, el Gobierno colombiano no le comunicó directamente el retiro y hasta ahora desconoce cuáles fueron las razones que llevaron al Ejecutivo a tomar esa determinación.
La candidatura había sido presentada oficialmente por Colombia en marzo de 2026, durante el gobierno anterior. La entonces canciller Rosa Yolanda Villavicencio sostuvo que la postulación representaba una oportunidad para reafirmar el compromiso del país con la CPI y con la independencia de sus funcionarios.
En ese momento, Olarte era embajadora de Colombia en el Reino de los Países Bajos y contaba con una trayectoria relacionada con el derecho internacional. Es doctora en Derecho, tiene una maestría en Derecho Internacional y fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana entre 2020 y 2023.
También participó como agente de Colombia en procesos internacionales y hacía parte del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje. Su experiencia en asuntos de derecho internacional fue uno de los elementos que acompañaron su postulación al tribunal con sede en La Haya.
La aspirante sostuvo que había entendido su postulación como una candidatura de Estado y no como una candidatura personal del entonces presidente Gustavo Petro. Esa distinción resulta relevante porque el proceso había continuado después del cambio de Gobierno y Olarte ya había cumplido varias etapas de evaluación.
Según reportes sobre el proceso, la jurista había presentado informes, participado en reuniones y realizado el examen correspondiente. Un documento de evaluación citado por medios colombianos la ubicó, junto con otros tres aspirantes, entre los candidatos con las calificaciones más altas.
La elección de los seis nuevos magistrados está prevista para diciembre de 2026. La retirada de Olarte significa que Colombia ya no participará con esa candidatura en la competencia por una de las plazas y que América Latina y el Caribe se quedan sin esa aspirante en el proceso.
El retiro tiene además una dimensión histórica para Colombia. El país nunca ha tenido un magistrado en la Corte Penal Internacional, por lo que la candidatura de Olarte representaba la posibilidad de ocupar por primera vez un lugar en la composición del tribunal.
La CPI es un tribunal permanente e independiente que juzga a personas, no a Estados, por los crímenes internacionales más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Su funcionamiento está establecido por el Estatuto de Roma, tratado del que Colombia es Estado parte.
Por eso, la decisión sobre Olarte no puede confundirse automáticamente con una decisión de Colombia de abandonar la CPI. Hasta el momento, no existe una comunicación oficial de la Cancillería que anuncie el inicio de un procedimiento para denunciar el Estatuto de Roma. De hecho, reportes recientes señalan que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha negado que se hayan iniciado trámites de ese tipo.
Sin embargo, el retiro de la candidatura ocurre en un momento de cambios en la política exterior del Gobierno frente a distintos organismos internacionales. La decisión se conoció, además, un día antes de que la Cancillería confirmara el retiro de Colombia de la intervención que había presentado en el caso sobre la aplicación de la Convención contra el Genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.
Ese último episodio corresponde a otro tribunal y a otro procedimiento jurídico, por lo que no debe presentarse como una decisión relacionada directamente con la CPI. La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias entre Estados, mientras que la CPI juzga la responsabilidad penal individual por los crímenes bajo su jurisdicción.
La coincidencia temporal, sin embargo, hace que la política del nuevo Gobierno hacia las instituciones judiciales internacionales esté adquiriendo mayor relevancia diplomática. El retiro de Olarte constituye uno de los hechos concretos que permiten observar ese cambio, aunque por sí solo no permite establecer cuáles son las razones estratégicas del Ejecutivo.
Olarte ha expresado públicamente su preocupación por la posibilidad de que Colombia llegue a retirarse del Estatuto de Roma. En una entrevista concedida a Caracol Radio sostuvo que una eventual salida tendría consecuencias importantes para el país y afectaría el vínculo construido durante décadas con las instituciones internacionales de justicia.
La jurista también destacó la experiencia colombiana en materia de justicia transicional y restaurativa y sostuvo que esa trayectoria ha permitido al país aportar conocimiento a los mecanismos internacionales de judicialización de los crímenes más graves. Se trata de una valoración expresada por Olarte y no de una posición oficial de la CPI.
El contexto también incluye tensiones alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz. En las últimas semanas se conocieron solicitudes relacionadas con la participación de la CPI frente a propuestas de reducción presupuestal para la JEP, otro asunto que ha colocado la relación entre las instituciones colombianas de justicia transicional y el tribunal internacional en el debate público.
La principal incógnita, por ahora, está en las razones concretas que llevaron al Gobierno a retirar una candidatura que había sido presentada oficialmente por el Estado y que ya había avanzado en el proceso internacional de selección. Olarte ha dicho que no recibió una explicación del Ejecutivo.
También queda por establecer si el retiro constituye una decisión aislada sobre una candidatura específica o si forma parte de una modificación más amplia de la política exterior colombiana frente a la CPI y otros mecanismos internacionales de justicia. Por el momento se desconoce que el Gobierno haya presentado públicamente una estrategia integral que explique ese eventual cambio.
Lo que sí está confirmado es que Colombia perdió su candidatura para la elección de magistrados de la CPI de diciembre y que Olarte dejó de representar al Estado colombiano en ese proceso. La siguiente discusión será determinar si el Gobierno explica las razones de la decisión y si esta tendrá nuevas consecuencias sobre la relación de Colombia con el Estatuto de Roma y con la Corte Penal Internacional.
