La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, dentro del proceso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se produjo al resolver una tutela presentada por el exfuncionario, quien alegó vulneraciones a sus garantías procesales.
La determinación no equivale a una absolución ni al cierre de la investigación. La Corte ordenó al Tribunal Superior de Bogotá adoptar una nueva decisión sobre la medida de aseguramiento, de manera que el proceso penal contra Velasco continúa y la discusión sobre su eventual responsabilidad tendrá que resolverse dentro del juicio.
La situación procesal de Velasco es diferente de la que tenía hasta ahora. El exministro permanecía privado de la libertad desde diciembre de 2025, después de que la justicia considerara que existían elementos suficientes para imponerle una medida de aseguramiento por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucró recursos de la UNGRD y contratos relacionados con el Instituto Nacional de Vías.
La decisión de la Sala de Casación Penal llega después de que la defensa hubiera intentado previamente obtener su libertad por vencimiento de términos. En julio de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema había rechazado esa solicitud y mantenido vigente la medida de aseguramiento.
El proceso, además, ya avanzó más allá de la etapa de investigación. La Fiscalía General de la Nación presentó el 7 de abril el escrito de acusación contra Velasco y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. Con ese paso, ambos quedaron formalmente llamados a responder en juicio por los hechos que les atribuye el ente acusador.
La Fiscalía acusa a Velasco de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La acusación sostiene, en términos generales, que habría participado en una estructura destinada a utilizar recursos y contratos públicos para obtener apoyos políticos en el Congreso.
Uno de los elementos centrales de la acusación es la existencia de una presunta organización que habría utilizado contratos de entidades estatales para beneficiar a congresistas o personas de su entorno a cambio de respaldo a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro. Según la Fiscalía, Velasco y Bonilla habrían tenido un papel relevante dentro de esa estructura.
En el caso específico de Velasco, la Fiscalía lo señala como uno de los responsables de la articulación política del esquema. Entre los hechos examinados están gestiones relacionadas con contratos que habrían sido utilizados para conseguir respaldo parlamentario. La acusación también relaciona al exministro con decisiones y gestiones alrededor de recursos de la UNGRD y del Invías.
Los delitos imputados tienen alcances diferentes. El concierto para delinquir agravado se refiere a la presunta existencia de un acuerdo criminal estable para cometer delitos contra la administración pública; el cohecho por dar u ofrecer está relacionado con la presunta entrega o promesa de beneficios para obtener actuaciones de funcionarios o servidores públicos; y el interés indebido en contratos se refiere a la presunta intervención irregular en procesos contractuales. La propia decisión judicial que confirmó la medida de aseguramiento recoge estos cargos.
La Fiscalía ha sostenido que la estructura investigada habría buscado asegurar apoyos en el Congreso mediante el manejo de recursos públicos. En la audiencia de imputación de diciembre de 2025, el ente acusador presentó como parte de su teoría que los contratos podían funcionar como mecanismo para obtener respaldo a proyectos impulsados por el Ejecutivo. Velasco ha rechazado los señalamientos y ha defendido su actuación como ministro.
El caso se conecta con el escándalo que comenzó a conocerse públicamente por los contratos de la UNGRD, entre ellos la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira. Las investigaciones posteriores ampliaron el foco hacia una presunta red de contratación y tráfico de influencias que habría involucrado a funcionarios, contratistas y congresistas. Algunos de los principales protagonistas del escándalo han colaborado con la Fiscalía y han aportado testimonios sobre el funcionamiento del esquema.
En abril de 2026, durante la audiencia de acusación, la Corte Suprema reconoció como presuntas víctimas a la UNGRD, el Invías y la Contraloría General de la República. Esa decisión muestra que el proceso no se limita al manejo de los recursos de la unidad de gestión del riesgo, sino que también abarca hechos relacionados con contratación pública en otras entidades estatales.
La Fiscalía sostiene que los hechos trascendieron la actividad administrativa ordinaria de los exministros y que el supuesto esquema se apoyaba en redes políticas, administrativas y relacionales. Esa es precisamente una de las razones por las que el caso fue llevado ante la Corte Suprema, dado el fuero constitucional que correspondía a los exfuncionarios por su condición de ministros.
La libertad concedida ahora a Velasco, por tanto, no modifica por sí misma la acusación que pesa sobre él. El exministro podrá enfrentar el proceso en libertad mientras se define la situación de la medida de aseguramiento, pero continúa sometido al juicio y conserva la condición de acusado, no de condenado. La responsabilidad penal solo podrá establecerse mediante una decisión judicial definitiva.
El caso también mantiene una dimensión política considerable. Velasco fue uno de los principales funcionarios políticos del Gobierno Petro y su proceso forma parte de uno de los mayores escándalos de corrupción que afectaron a esa administración. Sin embargo, la decisión de la Corte sobre su libertad debe distinguirse de la discusión política: jurídicamente, lo ocurrido es una revisión de la medida de aseguramiento y de las garantías procesales, no una declaración de inocencia.
El siguiente capítulo será, por tanto, el desarrollo del juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. Allí deberán ser examinadas las pruebas de la Fiscalía, los argumentos de la defensa y los testimonios relacionados con la presunta utilización de contratos públicos para conseguir respaldo político. Mientras ese proceso avanza, Luis Fernando Velasco recupera su libertad, pero seguirá respondiendo judicialmente por los cargos derivados del caso UNGRD.
