La tranquilidad del municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico, se vio alterada por una serie de protestas ciudadanas motivadas por los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica. Cientos de habitantes salieron a las calles para expresar su inconformidad ante una problemática que, según denuncian, se ha vuelto recurrente y afecta gravemente su calidad de vida.
Los manifestantes aseguraron que las interrupciones del suministro eléctrico son cada vez más prolongadas e insoportables, especialmente debido a las altas temperaturas que caracterizan a la región Caribe. La falta de energía impide el funcionamiento de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos esenciales para mitigar el intenso calor.
Como medida de presión, varios sectores de la comunidad bloquearon importantes vías intermunicipales, generando afectaciones en la movilidad y provocando retrasos en el transporte de mercancías con destino a Barranquilla. La situación ocasionó congestiones vehiculares y pérdidas económicas para transportadores y empresarios de la zona.
El impacto de la crisis también se refleja en los hogares y comercios. Numerosas familias de barrios populares reportaron dificultades para conservar alimentos y realizar actividades cotidianas. Asimismo, comerciantes dedicados a la venta de productos cárnicos y lácteos denunciaron pérdidas millonarias debido al daño de mercancías perecederas por la falta de refrigeración.
Las consecuencias sanitarias también han generado preocupación entre las autoridades y la comunidad. La ausencia de ventilación artificial en las viviendas ha incrementado las molestias y riesgos para adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes. Además, algunos centros educativos han evaluado la posibilidad de suspender jornadas académicas vespertinas debido al calor extremo.
Frente a las críticas ciudadanas, la empresa Air-e explicó que los cortes obedecen a trabajos de mantenimiento y reparación en subestaciones eléctricas de la región. Sin embargo, los líderes comunitarios rechazaron estas explicaciones y afirmaron que la población lleva meses enfrentando problemas similares sin recibir soluciones definitivas.
Ante la creciente tensión social, la Alcaldía de Galapa convocó un comité extraordinario para evaluar la emergencia y coordinar acciones con las entidades competentes. Además, se solicitó la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de investigar las fallas y determinar posibles responsabilidades de la empresa prestadora.
Por su parte, la compañía sostuvo que una parte de la problemática está relacionada con el fraude eléctrico, las conexiones ilegales y la alta cartera morosa existente en algunos sectores. También señaló que los daños ocasionados a transformadores y redes de distribución dificultan la recuperación total del servicio. Los operarios denunciaron igualmente riesgos de seguridad para ingresar a ciertos barrios donde se han presentado ataques contra las cuadrillas técnicas.
La crisis energética ha reavivado el debate sobre las tarifas de energía y el estado de la infraestructura eléctrica en la Costa Caribe. Gobernadores y dirigentes regionales han solicitado la creación de mecanismos extraordinarios de financiación para modernizar las redes de distribución, muchas de las cuales presentan rezagos técnicos acumulados durante años. Analistas económicos advierten que estas deficiencias afectan la competitividad industrial y desincentivan nuevas inversiones.
Aunque durante la jornada más reciente se registró una normalización gradual del tránsito tras el levantamiento de algunos bloqueos, la situación continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades. Las mesas técnicas entre la alcaldía, la empresa y representantes de la comunidad establecieron compromisos con plazos de cumplimiento inmediato. Mientras tanto, los habitantes de Galapa esperan que las medidas acordadas permitan poner fin de manera definitiva a los apagones que afectan a la población y al desarrollo económico de la región.
