De la Espriella en sus primeros 100 días: quién decide y quién carga con el costo

La pregunta común no es si cada rectificación demuestra una estrategia deliberada. La evidencia disponible no permite afirmar eso. Es si, en conjunto, muestran una pauta: el presidente conserva para sí el anuncio de las medidas populares, mientras que ante el rechazo puede corregirlas y atribuir su origen o ejecución a funcionarios, técnicos o procedimientos administrativos - Foto: Presidencia

La pregunta común no es si cada rectificación demuestra una estrategia deliberada. La evidencia disponible no permite afirmar eso. Es si, en conjunto, muestran una pauta: el presidente conserva para sí el anuncio de las medidas populares, mientras que ante el rechazo puede corregirlas y atribuir su origen o ejecución a funcionarios, técnicos o procedimientos administrativos - Foto: Presidencia

Los primeros cien días de Abelardo de la Espriella ofrecen seis episodios para observar cómo su Gobierno toma decisiones y responde cuando estas generan críticas: el Fondo Milagro, Coljuegos, Colpensiones, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la propuesta de IVA para algunos productos de la canasta familiar y el precio de la gasolina.

La pregunta común no es si cada rectificación demuestra una estrategia deliberada. La evidencia disponible no permite afirmar eso. Es si, en conjunto, muestran una pauta: el presidente conserva para sí el anuncio de las medidas populares, mientras que ante el rechazo puede corregirlas y atribuir su origen o ejecución a funcionarios, técnicos o procedimientos administrativos.

Dos líneas de la ciencia política ayudan a ordenar el análisis. La primera es la reivindicación del mérito o credit claiming, desarrollada por David R. Mayhew para explicar cómo los congresistas buscan reconocimiento electoral por beneficios que entregan a sus votantes. Aplicarla a un presidente requiere cautela: su trabajo se centró en legisladores estadounidenses, aunque la pregunta por quién obtiene el crédito político también sirve para examinar la comunicación presidencial.

La segunda es la evasión de culpa o blame avoidance, estudiada por R. Kent Weaver. Los gobernantes tienen incentivos para evitar que los costos de una decisión se les atribuyan, por ejemplo, trasladando responsabilidad, justificando la medida por restricciones externas o presentando una reversión como respuesta propia a las demandas ciudadanas. Son lentes analíticos; no prueban por sí mismos una intención.

El primer caso es el Fondo Milagro, creado para administrar recursos de reconstrucción después del terremoto del 10 de agosto. De la Espriella lo presentó como una pieza central de la respuesta estatal y anunció una inversión cercana a los 30 billones de pesos. El gerente inicial, Jaime Andrés Uribe, fue designado por el propio mandatario.

La controversia estalló cuando se conocieron los salarios de la entidad. Según El País, la nómina mensual superaba los 760 millones de pesos y el gerente recibía cerca de 39,4 millones. Los datos contrastaron con la promesa presidencial de austeridad y con la expectativa de que el fondo acelerara la ayuda a las zonas afectadas.

De la Espriella aceptó la salida de Uribe y nombró en su reemplazo al exministro Luis Felipe Henao. El cambio acredita al presidente la capacidad de reaccionar, pero no resuelve por sí solo quién aprobó la estructura salarial ni cuánto conocía el Ejecutivo antes de que se hiciera pública. El Fondo tiene un consejo directivo y cinco de sus siete integrantes son designados por el presidente, según el análisis de Pares.

El episodio deja una tensión entre mérito y responsabilidad. El mandatario había ligado el Fondo a su proyecto de reconstrucción; ante la crítica, el costo inmediato se concentró en el gerente. Para saber si hubo rendición de cuentas completa, importa establecer quién definió la planta, quién fijó los salarios y qué controles se aplicaron antes de contratar.

En Coljuegos, la controversia se centró en Jaime Vives Pinedo, nombrado por De la Espriella el 1 de octubre. Medios reportaron que el funcionario obtuvo en dos meses un título de posgrado que se requería para el cargo. La universidad defendió la validez del diploma mediante el reconocimiento de competencias; la discusión pública, por tanto, no equivale a una decisión judicial sobre irregularidad.

Tras conocerse el caso, el presidente lo apartó y afirmó que aceptar esa conducta revelaba una desconexión con la realidad y que la legalidad también debía acompañarse de ética. La condena fue explícita y el nombramiento, que había dependido del Ejecutivo, quedó enmarcado como una falta atribuida al funcionario.

En términos de manejo de culpa, el punto no es concluir que el presidente conociera de antemano las circunstancias del título. Es preguntar qué revisión de antecedentes precedió a la designación, quién la hizo y por qué la verificación no evitó que el asunto se convirtiera en una crisis pública.

Colpensiones muestra otro tipo de corrección. El presidente pidió la renuncia de Carlos René Montoya después de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, en la que tuvo dificultades para responder preguntas sobre la entidad y delegó algunas respuestas técnicas. Dos días después, De la Espriella nombró a Beatriz Eugenia Vélez como nueva presidenta.

Aquí la crítica se dirigió a la preparación y el desempeño del funcionario ante el Congreso, no a una política impopular. El relevo permitió al presidente presentarse como garante de competencia y responsabilidad. La pregunta pendiente es qué criterios guiaron el nombramiento original y qué evaluación de idoneidad se aplicó antes de poner a Montoya al frente de una entidad con asuntos de alta complejidad.

En el ICANH, el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera Pardo tras una controversia sobre cambios al manual de funciones del instituto. La resolución del 2 de octubre modificó requisitos para ocho cargos directivos y abrió la posibilidad de que profesionales de áreas como Derecho, administración y economía pudieran ocuparlos.

De la Espriella sostuvo que no aceptaría que se modificara el manual a espaldas de la ministra de Cultura. La explicación trasladó el foco desde el nombramiento presidencial hacia el procedimiento y la coordinación entre funcionarios. El caso exige esclarecer quién impulsó la resolución, quién la autorizó y qué papel tuvo la ministra antes de que el presidente ordenara la revocatoria.

El episodio también revela que una reversión puede tener más de una lectura. Puede ser un control presidencial frente a una decisión administrativa inconsulta; también puede ser una respuesta política cuando un nombramiento o una modificación institucional genera rechazo. Para distinguirlas se necesitan documentos, cronología y claridad sobre la cadena de aprobación.

La propuesta de IVA es el caso más visible de atribución a terceros. El proyecto tributario del Gobierno planteó eliminar desde 2028 la tarifa reducida del 5 % para algunos productos, entre ellos café, azúcar, pastas, chocolate y aceites. No suponía que todos los alimentos fueran a pasar automáticamente a una tarifa general del 19 %, pero sí podía elevar el impuesto de varios bienes de consumo cotidiano.

Ante la reacción política y ciudadana, De la Espriella dijo que había instruido a su equipo económico para no tocar el IVA de la canasta familiar y que los técnicos de Hacienda consideraron inviable esa instrucción. Luego anunció que los alimentos de la canasta no pagarían IVA y que el Gobierno buscaría otras fuentes de ingresos.

La secuencia abre una pregunta concreta de responsabilidad: si la propuesta formaba parte de un proyecto presentado por el Gobierno, ¿quién la aprobó y en qué momento el presidente conoció su alcance? La explicación presidencial puede describir un desacuerdo real con los técnicos, pero para comprobarlo hacen falta versiones del proyecto, instrucciones escritas y testimonios de quienes participaron en su preparación.

La retirada del IVA puede leerse como respuesta a la presión, incluida la oposición de sectores de la propia coalición. También permitió al mandatario presentarse como defensor de los consumidores frente a una medida que él mismo atribuyó al equipo técnico. La iniciativa aún requiere un examen legislativo y fiscal: el cambio anunciado no explica por sí solo cómo se reemplazarían los ingresos previstos.

El precio de la gasolina presenta una secuencia distinta. El 1 de octubre entró en vigor un aumento promedio de 46 pesos por galón, equivalente a cerca del 0,29 %. Horas después, el presidente pidió a la ministra de Minas revertirlo y el Gobierno anunció que el precio se mantendría estable durante ese mes.

Al revés que con el IVA, el mandatario asumió públicamente la decisión de congelar el precio. La reversión le permitió asociarse con el alivio inmediato para los conductores, pero el costo no desapareció: mantener el precio por debajo del ajuste previsto puede aumentar la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y las finanzas públicas.

Este contraste importa. Si la política favorece al consumidor, el presidente la comunica como una orden propia; si la medida genera rechazo, como en el debate del IVA, la explicación pública señala a los técnicos. Pero las dos decisiones no son idénticas: el precio de la gasolina responde a una fórmula y a obligaciones fiscales, mientras el IVA era una propuesta de reforma que podía ser modificada en el Congreso.

En los nombramientos también hay diferencias. Los casos de Coljuegos, Colpensiones e ICANH involucran decisiones de personal y controles administrativos; el Fondo Milagro, además, compromete el diseño de una entidad creada por el Ejecutivo. Agruparlos puede ayudar a detectar una pauta comunicativa, pero no debe borrar las responsabilidades ni los procesos particulares de cada institución.

La literatura sobre evasión de culpa plantea precisamente que los gobernantes pueden usar distintas estrategias para limitar el costo político de decisiones impopulares: señalar restricciones, delegar decisiones, cambiar responsables o presentar una corrección como iniciativa propia. Eso no significa que toda destitución o reversión sea una maniobra; en ocasiones puede ser una forma genuina de corregir errores y responder ante la ciudadanía.

La reivindicación del mérito completa el cuadro. Mayhew describió cómo los legisladores buscan atribuirse beneficios visibles para los electores. En estos episodios, la pregunta equivalente para la Presidencia es quién aparece asociado al beneficio: quién “protegió” la canasta, quién “frenó” el alza o quién “puso orden” en una entidad. La teoría ayuda a formular la pregunta, pero no basta para demostrar que cada anuncio se diseñó con ese propósito.

Una explicación alternativa es la improvisación o la coordinación deficiente. Los gobiernos pueden corregir decisiones porque la revisión técnica fue incompleta, porque distintas áreas no se consultaron o porque las consecuencias se hicieron evidentes tarde. Si los cambios responden a controles internos oportunos, con responsables identificados y razones documentadas, esa explicación puede ser más sólida que una lectura centrada en cálculo comunicativo.

Para establecer si hay un patrón de traslado de culpa y apropiación del mérito, conviene reconstruir cada decisión con la misma secuencia: quién la propuso; quién tenía autoridad para aprobarla; cuándo intervino el presidente; qué advertencias recibió el Gobierno; qué cambió tras la crítica y quién asumió públicamente la responsabilidad. La cronología y los documentos pueden confirmar o debilitar la hipótesis.

También importa distinguir entre una corrección sustantiva y una puramente discursiva. En el Fondo Milagro hubo salida del gerente y cambio de dirección, pero queda por aclarar el proceso que produjo la nómina. En Coljuegos hubo destitución, aunque persisten preguntas sobre la verificación del título. En el IVA se anunció un cambio de rumbo, cuyo impacto fiscal y trámite todavía deben seguirse.

La gasolina exige mirar el efecto presupuestal de la decisión presidencial; Colpensiones, la calidad de la selección de sus directivos; y el ICANH, la trazabilidad de las modificaciones administrativas. En cada caso, la rendición de cuentas depende de que el Gobierno explique no solo qué corrigió, sino cómo llegó a la decisión inicial y quién responde por ella.

Los cien días, entonces, no permiten concluir que exista una estrategia coordinada para fabricar errores y luego capitalizar su reversión. Sí ofrecen una hipótesis periodística verificable: De la Espriella ha intervenido de manera visible para retirar, corregir o condenar decisiones que provocaron controversia, y en varios casos su comunicación lo ubica como árbitro final.

El examen de esa hipótesis debe evitar el diagnóstico personal y centrarse en hechos institucionales. ¿Se repite la atribución de medidas impopulares a subordinados mientras el presidente reclama el mérito de los alivios? ¿O las diferencias responden a fallas concretas de coordinación? Las respuestas dependen de actas, instrucciones, versiones de los proyectos, criterios de nombramiento y cuentas fiscales.

La prueba más fuerte no será el tono de las declaraciones, sino la consistencia entre autoridad y responsabilidad: si quien decide reconoce también los costos, explica los controles fallidos y corrige los procedimientos para que no se repitan. En esa medida, los casos del Fondo Milagro, Coljuegos, Colpensiones, ICANH, IVA y gasolina son menos una conclusión cerrada que una agenda para seguir preguntando quién decidió, quién rectificó y quién terminó pagando el costo político y material.

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