La controversia por el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia tomó una nueva dimensión luego de conocerse que la instrucción para desmontarlas habría salido directamente del presidente Abelardo de la Espriella. La respuesta oficial de la institución a un derecho de petición identificó al mandatario como quien impartió la orden, que fue transmitida verbalmente al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
El documento, fechado el 9 de noviembre y divulgado por La Silla Vacía, constituye el elemento central para establecer el origen de la decisión. Según el museo, el retiro se realizó por una instrucción verbal del presidente al Ministerio, sin que existiera un acto administrativo escrito que formalizara la determinación.
La revelación plantea preguntas sobre la manera en que el Gobierno intervino en los contenidos de una institución cultural y sobre el respeto a los procedimientos técnicos que regulan sus exposiciones. También pone bajo escrutinio el papel de los funcionarios que recibieron y ejecutaron la instrucción.
La discusión no se limita a la facultad del Ejecutivo para definir prioridades de política cultural. El punto de fondo es si una orden presidencial puede traducirse directamente en el retiro de piezas de una exposición permanente sin que medie una evaluación curatorial, patrimonial y administrativa documentada.
Según la reconstrucción periodística de La Silla Vacía, el proceso comenzó con una revisión de las salas del museo. El 15 de octubre, el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián David Sterling, recorrió los espacios y tomó fotografías de diferentes piezas que estaban expuestas.
De acuerdo con una fuente cercana al Ministerio, que pidió mantener su identidad en reserva, las fotografías eran enviadas por Sterling a la ministra Paola Holguín y luego remitidas al presidente. De la Espriella habría seleccionado, a partir de esas imágenes, cuáles elementos debían permanecer y cuáles debían salir. Esta parte de la reconstrucción procede de un testimonio reservado, no de una comunicación escrita del mandatario.
Las actas del Comité de Gestión Patrimonial aportan detalles sobre el procedimiento. En ellas quedó consignado que Sterling señaló los objetos que debían desmontarse y solicitó que se le enviara un registro en video de los trabajos. También se documentó que las fotografías de las secciones que iban a intervenirse fueron tomadas entre las 8:13 y las 9:01 de la mañana del 15 de octubre, antes de la apertura del museo al público.
La reconstrucción de La Silla Vacía indica que Sterling regresó hacia las 11 de la mañana acompañado de un asesor jurídico para verificar que se hubiera cumplido la instrucción. El acta registra que el funcionario acudió a revisar los espacios intervenidos, lo que muestra que la operación tuvo seguimiento desde el nivel directivo del Ministerio.
El retiro coincidió con una jornada políticamente significativa para el Gobierno. Ese mismo 15 de octubre, De la Espriella visitó el Museo Santa Clara y anunció una «contrarrevolución cultural», con un discurso de confrontación contra lo que denominó wokismo. La coincidencia entre el anuncio presidencial y el desmonte de las piezas reforzó las preguntas sobre si la intervención respondía a una orientación ideológica.
La respuesta oficial del Museo también precisó que no existían actos administrativos, oficios, correos electrónicos ni comunicaciones escritas que ordenaran el retiro. Además, señaló que no fueron consultados previamente el Comité de Gestión Patrimonial —instancia encargada de aprobar la selección final de piezas de las exposiciones permanentes— ni María Constanza Toquica, quien entonces se desempeñaba como directora encargada.
El acta de la reunión extraordinaria del 15 de octubre dejó constancia de que el desmonte se realizaba por instrucción de Sterling, quien actuaba en cumplimiento de una orden expresa del presidente. Durante esa sesión, los integrantes del equipo del museo advirtieron que cualquier modificación de las salas debía seguir los protocolos institucionales y contar con la validación previa del Comité.
Toquica manifestó que las acciones no podían desarrollarse de la manera en que se estaban llevando a cabo. La respuesta de Sterling, también consignada en el acta, fue que asumía la responsabilidad por la instrucción presidencial y ministerial y que solicitaba ejecutar el retiro de manera inmediata. El episodio muestra que hubo objeciones internas antes de que concluyera el desmontaje.
La selección de piezas no fue completamente aceptada por los funcionarios del museo. Según la investigación, integrantes del equipo curatorial lograron que algunos elementos permanecieran en las salas. Entre ellos estuvo la fotografía David, de Miguel Ángel Rojas, en la que aparece un soldado mutilado por una mina antipersonal posando como la escultura de Miguel Ángel.
Otras obras sí fueron retiradas. Entre ellas estuvo el aguafuerte Fanny, también de Miguel Ángel Rojas, que hacía parte del espacio dedicado a la libertad sexual en la sala Hacer sociedad. La diferencia entre los elementos que permanecieron y los que fueron desmontados es relevante para reconstruir cómo se definió el alcance de la intervención.
La matriz elaborada por el Museo Nacional y entregada en el marco del proceso judicial contabilizó 64 registros de elementos retirados, distribuidos en cinco salas. La mayor afectación se presentó en Hacer sociedad, con 43 registros; le siguieron Fuerza, fe y sustancia, con 11, y Memoria y nación, con ocho. Las salas Tierra como recurso y Ser y hacer tuvieron un registro retirado cada una.
Es importante precisar que esos 64 registros no deben presentarse automáticamente como 64 obras de arte independientes. La matriz incluye objetos y elementos de exposición de distinta naturaleza. La cifra, sin embargo, permite dimensionar el alcance de la intervención y establecer que no se trató del retiro aislado de una pieza.
Entre los contenidos afectados había referencias a las comunidades LGBTIQ+, los movimientos feministas, la memoria del conflicto armado y episodios de la historia política colombiana. También salieron elementos relacionados con los asesinatos de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, el tarjetón de la Séptima Papeleta y objetos vinculados con el Acuerdo de Paz de 2016.
El propio Museo elaboró una valoración sobre las consecuencias de los retiros. En ella advirtió que la intervención afectaba la representación de las víctimas, la desaparición forzada y la memoria histórica del conflicto. Para la sala Memoria y nación, señaló que la ausencia de determinados testimonios visuales y posicionamientos críticos reducía la capacidad de la exposición para representar la historia nacional.
En el caso de Hacer sociedad, el museo advirtió que retirar objetos relacionados con movimientos sociales, organizaciones LGBTIQ+, iniciativas ciudadanas y procesos políticos recientes restringía la representación de la pluralidad de actores que han participado en la construcción de la sociedad colombiana. Se trata de una valoración institucional sobre el efecto museográfico y patrimonial de la decisión, no simplemente de una crítica formulada por sectores opositores.
La controversia también tuvo una respuesta política. La ministra Paola Holguín defendió el retiro y sostuvo que el Museo Nacional no debía convertirse en un espacio de apología al delito o de revictimización. Esa posición situó el debate en la discusión sobre los criterios con los que el Estado debe representar episodios violentos y actores de la historia reciente.
Sin embargo, la defensa política de la medida no resolvió la pregunta sobre el procedimiento. Una cosa es que el Gobierno cuestione la pertinencia de determinados contenidos y otra que pueda ordenar su retiro sin acudir a las instancias técnicas encargadas de evaluar las exposiciones permanentes. Esa diferencia se convirtió en uno de los ejes de la controversia judicial.
El caso llegó a los tribunales mediante una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra y organizaciones y activistas de la población LGBTIQ+. Los accionantes cuestionaron el retiro de los elementos y solicitaron proteger derechos relacionados con la igualdad, la libertad de expresión, la memoria y el acceso a la cultura.
El 19 de octubre, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió la tutela y ordenó preservar las piezas retiradas mientras estudiaba el caso. Posteriormente, el 28 de octubre, el despacho ordenó restituir la totalidad de los elementos desmontados el 15 de octubre, bajo criterios de protección de la memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura.
La decisión judicial dispuso que las piezas regresaran a las salas en un plazo de 48 horas. El fallo convirtió una controversia inicialmente administrativa y cultural en un litigio constitucional sobre los límites de la intervención estatal en los contenidos de una institución pública de memoria.
La restitución comenzó el 29 de octubre y concluyó el día siguiente. El Comité de Gestión Patrimonial se reunió para organizar el regreso de los elementos sala por sala y definir las condiciones técnicas del trabajo. A diferencia del desmontaje, que se había ejecutado en una sola jornada, la reinstalación requirió un plan de intervención y casi dos días de labores.
Las actas de esa segunda reunión registraron dificultades durante el proceso. Tres apoyos gráficos resultaron deteriorados durante el desmontaje y dos funcionarios encargados del montaje quedaron incapacitados. La información publicada no precisa las circunstancias de esas incapacidades, por lo que no es posible atribuirlas a una causa concreta.
El procedimiento también dejó inquietudes entre los trabajadores del museo. Según el acta, el equipo de Museografía pidió no aparecer en los registros de la restitución, después de que se difundieran imágenes internas en las que se veían los rostros de los montajistas. Los funcionarios habían recibido mensajes agresivos en redes sociales, de acuerdo con la reconstrucción periodística.
El Gobierno, por medio de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, impugnó el fallo. La entidad cuestionó que la tutela hubiera sido resuelta por el Juzgado 24 de Familia y sostuvo que el asunto debía tramitarse mediante una acción popular y ante otra autoridad judicial. La impugnación abrió una nueva etapa en la disputa, pero no cambia el hecho de que las piezas ya habían sido restituidas en cumplimiento de la orden de primera instancia.
La discusión jurídica tiene dos planos. El primero es la competencia de los jueces y la vía procesal utilizada para resolver la controversia. El segundo es el fondo del asunto: si el retiro de los elementos afectó derechos constitucionales y si las autoridades respetaron los procedimientos institucionales para modificar una exposición permanente. La impugnación del Gobierno busca cuestionar la decisión judicial, pero no desvirtúa por sí misma la documentación sobre el origen de la instrucción.
La responsabilidad de los funcionarios que participaron también merece un examen separado. La respuesta del museo atribuye la orden al presidente; las actas identifican a Sterling como el funcionario que la transmitió y ejecutó, y la investigación describe el papel que habría desempeñado Holguín en el envío de las fotografías. No obstante, establecer responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales requiere determinar las competencias de cada cargo, las decisiones efectivamente adoptadas y las normas aplicables.
El caso deja, además, un interrogante sobre la autonomía técnica de los museos públicos. Las autoridades pueden fijar políticas culturales y exigir que las instituciones cumplan la ley, pero las exposiciones permanentes también responden a procesos de investigación, conservación y curaduría. Si una modificación se decide por preferencias políticas y al margen de esos procedimientos, se debilita la capacidad de las instituciones culturales para construir relatos plurales sobre la historia.
La revelación de la orden verbal modifica sustancialmente la discusión pública sobre el episodio. Inicialmente, el Gobierno había quedado señalado por una intervención ejecutada desde el Ministerio; ahora, la respuesta oficial del Museo identifica directamente a De la Espriella como el origen de la instrucción. La investigación periodística agrega que el mandatario habría escogido los elementos a retirar a partir de fotografías que le eran enviadas desde la cartera de Cultura.
El Gobierno puede defender que buscaba revisar los contenidos de una institución pública y discutir la manera en que se representan determinados acontecimientos. Pero esa explicación no responde por qué la instrucción no quedó formalizada, por qué no se consultó al Comité de Gestión Patrimonial y por qué los funcionarios que plantearon objeciones terminaron ejecutando el desmontaje.
La conclusión documental es que Abelardo de la Espriella ordenó verbalmente el retiro de las piezas del Museo Nacional, según la respuesta oficial de la institución. La controversia que permanece abierta no es solamente quién dio la instrucción, sino si el presidente y los funcionarios que la llevaron a la práctica respetaron los procedimientos y derechos que deben orientar la gestión del patrimonio público. El fallo que ordenó restituir los elementos y la impugnación presentada por el Gobierno mantienen el caso en el terreno judicial, mientras la discusión sobre la intervención política en la memoria histórica sigue sin cerrarse.
