El acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela no solo modifica la relación energética entre ambos países. También obliga al chavismo a confrontarse con una de sus propias banderas históricas: la defensa del petróleo venezolano frente a Washington. Una de las banderas que enarboló, la hoy presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, incluidos ocho bloques nuevos en la Faja Petrolífera del Orinoco, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Delcy Rodríguez afirmó que tendrá una vigencia de 25 años y calculó que podría generar unos 209.335 millones de dólares para Venezuela, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril.
La presidenta encargada ha convertido la defensa del acuerdo en una tarea política central. Ante las críticas por la magnitud de la participación estadounidense, Rodríguez insiste en que Venezuela conservará la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales.
Su argumento es esencialmente pragmático: Venezuela tiene enormes reservas, pero una industria petrolera deteriorada después de años de falta de inversión, sanciones y problemas operativos. Estados Unidos, según su explicación, aporta capital, tecnología y capacidad operativa, mientras Venezuela aporta sus reservas, su industria y la experiencia de sus trabajadores.
Rodríguez sostiene además que el país necesita convertir las reservas enterradas en ingresos, empleo e infraestructura. En su presentación del acuerdo aseguró que cerca de 19 dólares de cada barril producido y vendido ingresarían directamente al Estado venezolano y que existiría un mínimo de 16 % en regalías, además de un impuesto sobre la renta del 34 %.
Pero el argumento económico convive con una controversia política de enormes proporciones. Estados Unidos ha presentado el acuerdo desde una perspectiva mucho más favorable para Washington: Donald Trump afirmó que su país tendrá control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas a través de estructuras empresariales vinculadas al proyecto.
La Agencia Reuters ha señalado que el esquema contempla varias capas, entre ellas un acuerdo entre gobiernos, una estructura de producción en Venezuela y una posible participación estadounidense del 35 % en North American Blue Energy Partners. Washington también busca derechos sobre una parte de la producción para abastecer su Reserva Estratégica de Petróleo.
Esa diferencia de lenguaje es fundamental. Caracas habla de soberanía sobre el recurso y de una asociación para recuperar la industria. Washington habla de control, producción y seguridad energética. El mismo acuerdo es presentado desde dos perspectivas políticas completamente distintas.
Y allí aparece Diosdado Cabello. El dirigente chavista, secretario general del PSUV y una de las figuras más influyentes del aparato político venezolano, había utilizado durante años un discurso frontal contra cualquier entrega de petróleo a Estados Unidos. En diciembre de 2025, antes de la operación estadounidense contra Nicolás Maduro, Cabello afirmó: “Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si es que nos agreden, ni media gota, en ninguna circunstancia”.
El contraste con el escenario actual resulta difícil de ignorar. Después de aquella declaración, el chavismo terminó respaldando un acuerdo que coloca a Estados Unidos en una posición privilegiada sobre una parte sustancial de las reservas y de la producción venezolana.
No existe, sin embargo, una declaración reciente de Cabello que permita afirmar que él personalmente haya defendido públicamente los términos concretos del nuevo acuerdo. Lo que sí ocurrió es que la dirección del PSUV emitió un comunicado respaldando a Delcy Rodríguez y los acuerdos energéticos con Estados Unidos.
El partido sostuvo que se trata de aprovechar las herramientas disponibles, dentro del marco constitucional, para poner las reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional y llamó a mantener la unidad alrededor de su dirección política.
La diferencia es políticamente significativa. El Cabello de diciembre hablaba desde la confrontación con Washington y desde una lógica de resistencia ante una eventual agresión estadounidense. El PSUV de agosto habla de aprovechar la relación con Washington para desarrollar la economía venezolana.
Entre ambos momentos ocurrió una transformación radical: Nicolás Maduro fue apartado del poder y Venezuela quedó bajo un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, mientras Estados Unidos pasó de ser el principal adversario externo del chavismo a convertirse en el socio indispensable para la recuperación de la industria petrolera.
Rodríguez ha asumido ese cambio sin intentar ocultarlo. Su discurso ya no es el de una confrontación ideológica con Estados Unidos, sino el de una negociación pragmática. Incluso agradeció públicamente a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por el esfuerzo para concretar el acuerdo.
La dirigente intenta, al mismo tiempo, establecer una frontera discursiva: cooperar con Estados Unidos no significa, según su argumento, entregar la soberanía venezolana. La fórmula que utiliza es que cada país aporta aquello que puede hacer mejor y que el Estado venezolano conserva la propiedad de los recursos.
Pero esa explicación enfrenta una dificultad: los detalles del acuerdo todavía no son completamente públicos y expertos en derecho y energía han cuestionado su transparencia, el mecanismo de selección de operadores y la ausencia de un proceso competitivo claramente conocido. Reuters reportó que especialistas venezolanos consideran que existen interrogantes sobre su legalidad y sobre el papel de las instituciones venezolanas.
La controversia también alcanza al propio chavismo. El respaldo oficial del PSUV evita una ruptura abierta, pero no elimina la tensión entre el discurso histórico de soberanía petrolera y la nueva realidad. El partido necesita explicar por qué aquello que durante años podía ser denunciado como una cesión al “imperio” ahora puede presentarse como una herramienta para el desarrollo nacional.
Cabello encarna particularmente bien esa contradicción porque durante años fue uno de los principales exponentes del discurso más duro del chavismo. Su antigua frase sobre no permitir “ni una gota” de petróleo hacia Estados Unidos funciona hoy como un espejo incómodo de la nueva política energética.
Rodríguez, en cambio, parece haber optado por convertir la contradicción en una oportunidad política. Si la inversión estadounidense consigue recuperar la producción, generar ingresos y mejorar la infraestructura, podrá argumentar que el acuerdo no representa una derrota del chavismo sino su adaptación a una nueva realidad internacional.
La apuesta es enorme. El Gobierno venezolano calcula que el convenio puede generar más de 209.000 millones de dólares en ingresos durante sus 25 años de vigencia, pero esa cifra depende del precio del petróleo, de los niveles de producción y de que las inversiones prometidas efectivamente se materialicen.
También está en juego el futuro político de Rodríguez. El acuerdo le permite presentarse como la dirigente capaz de reconstruir la economía venezolana y negociar directamente con Washington. Pero al mismo tiempo puede convertirla en el blanco de quienes consideran que una administración interina no debería comprometer durante décadas recursos estratégicos del país.
La oposición venezolana ha cuestionado precisamente la legitimidad y la transparencia del pacto. Algunos sectores sostienen que no puede comprometerse la riqueza petrolera venezolana sin un proceso político y democrático que permita a los ciudadanos decidir sobre el futuro del país.
Para Cabello, el escenario es todavía más complejo. Su poder político está ligado a una estructura que históricamente construyó su identidad alrededor de la confrontación con Estados Unidos. Ahora esa misma estructura debe convivir con empresas estadounidenses, capital estadounidense y un acuerdo energético diseñado en buena medida alrededor de los intereses estratégicos de Washington.
El petróleo, por tanto, se convirtió en el punto donde chocan dos épocas del chavismo. Una está marcada por la consigna antiimperialista y la defensa absoluta del control estatal sobre los hidrocarburos. La otra intenta sobrevivir mediante una apertura económica negociada con la potencia que durante años fue presentada como su principal adversario.
La transformación no es solamente económica. También es geopolítica. Estados Unidos busca recuperar influencia sobre Venezuela y reducir el espacio que durante años ocuparon China y Rusia en su industria energética. La recuperación petrolera puede convertirse así en el principal instrumento de la nueva relación de Caracas con Washington.
Y en esa nueva relación, Rodríguez parece haber asumido el papel de interlocutora y administradora del giro. Cabello, en cambio, debe demostrar que el pragmatismo actual no significa la desaparición de las estructuras políticas que él ayudó a construir.
La gran pregunta es si el chavismo podrá explicar este viraje sin perder parte de su identidad. Durante años, Estados Unidos fue presentado como amenaza, adversario y potencia imperialista. Ahora es el país que aporta el capital y la tecnología necesarios para rescatar la principal fuente de riqueza venezolana.
Por eso la verdadera controversia no está solamente en cuántos barriles producirá Venezuela ni en cuánto dinero ingresará al Estado. Está en cómo un movimiento político que construyó buena parte de su legitimidad sobre la defensa del petróleo frente a Estados Unidos terminó aceptando una asociación en la que Washington tendrá una posición privilegiada sobre una porción gigantesca de las reservas.
Delcy Rodríguez ha decidido defender ese giro como pragmatismo y recuperación nacional. Diosdado Cabello, al menos públicamente, no ha explicado todavía cómo concilia sus antiguas posiciones con el nuevo escenario; mientras tanto, el PSUV ha cerrado filas alrededor de la presidenta encargada.
El acuerdo petrolero, entonces, no solo está reescribiendo la relación entre Venezuela y Estados Unidos. También está obligando al chavismo a reescribir su propio discurso sobre soberanía, petróleo y Washington.
La paradoja es difícil de ocultar: el movimiento que durante años prometió no entregar “ni una gota” de petróleo a Estados Unidos ahora debe defender ante sus propias bases por qué una parte sustancial de su futuro petrolero puede depender precisamente de una alianza con Washington.
