El Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, volvió a situar en el centro del debate el concepto de sportwashing, un término utilizado para describir el uso de grandes eventos deportivos con el fin de mejorar la imagen internacional de un Estado, una institución o un gobierno en medio de cuestionamientos políticos, sociales o de derechos humanos. Aunque la expresión no implica un consenso académico ni jurídico, ha sido ampliamente empleada por organizaciones, analistas y periodistas para examinar el impacto político de competiciones como la Copa del Mundo.
En esta edición del torneo, la mayor parte de las críticas se concentró en Estados Unidos. Diversas organizaciones de derechos humanos sostuvieron que el Mundial coincidió con un periodo de endurecimiento de las políticas migratorias, marcado por redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), deportaciones y restricciones al ingreso de determinados grupos de migrantes. Según esos sectores, la celebración del torneo proyectó una imagen de apertura y hospitalidad que contrastaba con esas medidas.
Otro de los argumentos utilizados por quienes hablan de sportwashing fue la amplia exposición internacional del país anfitrión. Durante un Mundial, la atención de miles de millones de personas se concentra en las ciudades sede, la infraestructura, el turismo y el espectáculo deportivo. Los críticos sostienen que esa narrativa puede reducir la visibilidad de debates sobre derechos humanos, desigualdad, violencia o políticas gubernamentales controvertidas.
Las políticas de seguridad implementadas durante el campeonato también alimentaron la discusión. En varias sedes se desplegaron operativos especiales para proteger a las delegaciones y garantizar el desarrollo de los partidos. Algunas organizaciones denunciaron que esas medidas limitaron o dificultaron manifestaciones relacionadas con la inmigración, el conflicto en Gaza, el cambio climático y otros asuntos de interés público, aunque las autoridades defendieron los dispositivos como necesarios para proteger a los asistentes.
Otro elemento señalado fue la estrecha relación institucional entre la FIFA y los gobiernos anfitriones durante la organización del torneo. Las ceremonias oficiales, las reuniones diplomáticas y la presencia de altos funcionarios fueron interpretadas por algunos analistas como una oportunidad para fortalecer la imagen internacional de los Estados organizadores mediante el prestigio asociado al mayor evento del fútbol.
La discusión también alcanzó a la propia FIFA. Diversos observadores sostienen que el organismo enfrenta un dilema permanente entre promover el crecimiento global del fútbol y responder a las exigencias de respeto por los derechos humanos. En los últimos años, la federación ha incorporado políticas en esta materia, pero continúa siendo objeto de críticas cuando asigna o desarrolla competiciones en contextos políticamente sensibles.
El debate sobre el Mundial de 2026 suele compararse con el de Catar 2022, aunque existen diferencias importantes. Mientras las críticas a Catar se centraron principalmente en las condiciones laborales de los trabajadores migrantes, las restricciones a las libertades civiles y los derechos de las personas LGBTIQ+, en Norteamérica el foco estuvo puesto en las políticas migratorias, las protestas sociales y el uso político de un evento de alcance global.
México y Canadá tampoco quedaron al margen de las observaciones. En el caso mexicano persistieron cuestionamientos sobre seguridad pública, violencia ligada al crimen organizado y el desplazamiento de comunidades por obras de infraestructura. En Canadá, algunos colectivos indígenas y organizaciones sociales aprovecharon la atención internacional para reclamar mayor reconocimiento de derechos territoriales y denunciar impactos derivados de grandes proyectos urbanos.
Los críticos del concepto de sportwashing aplicado al Mundial de 2026 sostienen, sin embargo, que el torneo no ocultó esas controversias. Argumentan que los principales medios internacionales continuaron cubriendo de manera amplia las políticas migratorias estadounidenses, las protestas y otros asuntos políticos durante todo el campeonato, lo que demostraría que el evento no logró desplazar completamente esos debates de la agenda pública.
Además, algunos especialistas prefieren utilizar conceptos como diplomacia deportiva o nation branding en lugar de sportwashing. Desde esa perspectiva, organizar un Mundial constituye una estrategia legítima para proyectar la capacidad organizativa, económica y cultural de un país, sin que ello implique necesariamente un intento deliberado de encubrir problemas internos.
La controversia también refleja un cambio en la forma en que se analizan los grandes eventos deportivos. En décadas anteriores predominaban las evaluaciones centradas en el impacto económico, turístico o de infraestructura. Hoy, en cambio, las organizaciones de derechos humanos y numerosos investigadores incorporan variables relacionadas con libertades civiles, gobernanza, sostenibilidad y derechos fundamentales para valorar el legado de una Copa del Mundo.
En consecuencia, calificar al Mundial de 2026 como un caso de sportwashing depende del enfoque desde el cual se analice. Para sus críticos, el torneo permitió reforzar la imagen internacional de los países anfitriones en medio de controversias políticas y sociales; para quienes rechazan esa interpretación, la intensa cobertura periodística de esas mismas controversias demuestra que el evento convivió con el escrutinio público, en lugar de reemplazarlo. El debate, por tanto, permanece abierto y probablemente seguirá acompañando la organización de los grandes acontecimientos deportivos internacionales.
