El Gobierno nacional declaró la situación de desastre de carácter nacional ante el riesgo asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027, una decisión que busca anticiparse a los posibles efectos de una temporada seca prolongada en todo el país. La medida tendrá una vigencia inicial de doce meses y permitirá activar instrumentos administrativos, presupuestales y jurídicos para preparar la respuesta estatal.
La declaratoria fue adoptada mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, luego de una recomendación favorable del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según el Gobierno, la decisión no responde únicamente a daños ya ocurridos, sino a la necesidad de actuar antes de que se materialicen escenarios de mayor afectación sobre la población y los servicios esenciales.
El primer punto central de la decisión es la anticipación frente a una posible crisis climática. La información técnica citada por el Gobierno indica que las condiciones de El Niño ya están presentes en el océano y la atmósfera, con una probabilidad superior al 95 % de fortalecerse durante el segundo semestre de 2026 y un 63 % de alcanzar una intensidad muy fuerte. Además, el fenómeno podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
El segundo elemento es la dimensión del riesgo. El Ejecutivo advierte que una reducción de las lluvias podría afectar especialmente a las regiones Pacífica, Andina y Caribe, con consecuencias sobre el abastecimiento de agua, la generación de energía, la producción agropecuaria, la salud pública y los ecosistemas. También alerta sobre un aumento en la ocurrencia de incendios forestales y deterioro de la calidad del aire y los suelos.
Uno de los mayores desafíos será el abastecimiento de agua. El comunicado señala que actualmente 558 municipios presentan riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua potable, mientras que 111 tienen las condiciones más críticas. La situación se agrava en zonas rurales, donde la cobertura del servicio de acueducto llega aproximadamente al 46 %, frente al 83 % en áreas urbanas.
El presidente Gustavo Petro calificó el escenario como una posible “megasequía” entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 y aseguró que podría tratarse de una sequía de una magnitud no observada previamente en Colombia. Esta advertencia busca reforzar la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de que aumenten las restricciones de agua o los impactos sobre la economía.
El tercer punto de la declaratoria es la creación de un Plan de Acción Específico para la Recuperación, que será formulado y ejecutado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, entidades territoriales y otras instituciones.
Ese plan para darle manejo al fenómeno de El Niño tendrá cinco líneas estratégicas. La primera está relacionada con el agua e incluye nuevas fuentes de suministro, captación de aguas lluvias, almacenamiento, rehabilitación de pozos y protección de fuentes hídricas. La segunda busca garantizar la seguridad alimentaria mediante medidas para proteger la producción agrícola, el abastecimiento y los precios de los alimentos.
La tercera línea está relacionada con la transición energética y la autogeneración para población vulnerable. El Gobierno plantea priorizar soluciones fotovoltaicas y paneles solares para hogares de estratos 1, 2 y 3, comunidades rurales y territorios expuestos a posibles afectaciones en el servicio de energía.
La cuarta y quinta líneas corresponden a salud pública y prevención de incendios forestales. En salud, el plan contempla vigilancia epidemiológica, control de la calidad del agua y atención de enfermedades relacionadas con altas temperaturas. En materia ambiental, se fortalecerán capacidades operativas, sistemas de alerta temprana y mecanismos de protección de ecosistemas estratégicos.
El cuarto aspecto destacado es el fortalecimiento de las capacidades de respuesta. El Gobierno anunció la adquisición de dos helicópteros Firehawk para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con una inversión de $149.836 millones, destinados a ampliar la capacidad para combatir incendios forestales incluso en condiciones nocturnas.
A esa estrategia se suma el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos comunitarios y étnicos. El comunicado reporta 21 cuerpos de bomberos indígenas, dos campesinos y uno forestal raizal, con 510 unidades operativas, además de la creación proyectada de 24 nuevos cuerpos de bomberos étnicos con una inversión de $2.895 millones.
El quinto punto es el componente financiero. La declaratoria permite al Ministerio de Hacienda realizar traslados presupuestales para financiar las acciones previstas en el plan de recuperación. Además, se crea una subcuenta temporal denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027”, administrada por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Esta herramienta podrá recibir recursos del Presupuesto General de la Nación, aportes de entidades públicas nacionales y territoriales, donaciones nacionales e internacionales y otras fuentes autorizadas. Durante la vigencia de la declaratoria se aplicará el régimen especial previsto en la Ley 1523 de 2012 para facilitar acciones de reducción del riesgo, preparación, respuesta y recuperación.
La decisión abre también un debate político sobre la capacidad del Estado para anticiparse a las crisis climáticas. El Gobierno Petro sostiene que la declaratoria permite actuar antes de una emergencia mayor y proteger agua, alimentos, energía y ecosistemas; sus críticos podrían cuestionar el uso de facultades excepcionales y recursos adicionales frente a un evento que todavía pertenece al campo de las proyecciones. En cualquier caso, el fenómeno de El Niño 2026-2027 plantea uno de los últimos grandes retos de la actual administración y una prueba para la capacidad institucional del país.
