La llegada de Lucía de la Espriella, hija del presidente Abelardo de la Espriella, al Festival Náutico de Cartagena abrió un debate sobre el uso de una embarcación de la Armada para un traslado hasta otro bote y recogerla después. Presidencia justificó el traslado por razones de seguridad; congresistas pidieron aclarar por qué era necesario recurrir a un medio oficial.
El episodio ocurrió el sábado 14 de noviembre, durante la segunda jornada del festival, celebrado en la bahía de Cartagena como parte de las Fiestas de Independencia. La presencia de De la Espriella quedó registrada en videos difundidos en redes sociales y fue reportada por medios locales.
El video que circuló muestra a la hija del mandatario a bordo de una embarcación identificada en publicaciones como “Armada 1”. La discusión se centró en que esa lancha no habría sido el destino final del viaje: según la versión oficial, la joven pasó desde allí a otra embarcación.
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal cuestionó públicamente la escena y preguntó si De la Espriella estaba de fiesta con sus amigas en una lancha de la Armada. Su publicación puso el foco en el posible uso de un recurso estatal durante una actividad recreativa.
La pregunta relevante, sin embargo, no es solo si la joven estuvo en la lancha oficial durante el festival. Presidencia sostiene que la embarcación sirvió para llevarla y recogerla; lo que falta aclarar es por qué ese traslado requería una lancha de la Armada.
Miller Soto, vocero presidencial, afirmó que De la Espriella llegó en la embarcación oficial, pasó al bote al que se dirigía y luego regresó a la lancha para salir del lugar. Según su relato, no permaneció en la embarcación de la Armada durante la celebración.
Soto defendió el procedimiento al señalar que el ingreso y la salida se hicieron por vía marítima. Añadió que, en esas circunstancias, correspondía utilizar una embarcación de la Armada y sostuvo que no hubo irregularidad.
El vocero también invocó la seguridad de la familia presidencial como justificación. Presentó el uso de los medios de transporte y protección de la Armada como parte de las medidas que pueden aplicarse en desplazamientos marítimos.
Esa explicación describe la razón general que ofrece el Gobierno, pero no aclara por sí sola por qué la lancha oficial debía llevar a De la Espriella hasta otro bote. Tampoco se ha informado públicamente si había una evaluación de riesgo concreta o un protocolo específico para ese traslado.
La representante Lalis Beltrán anunció que presentó un derecho de petición para solicitar explicaciones sobre el presunto uso de bienes públicos con fines privados. La respuesta a esa solicitud podría aportar detalles sobre la autorización y el procedimiento aplicado.
La controversia ocurre en un festival donde la Armada y la Capitanía de Puerto tenían prevista una participación institucional. Antes del evento, la Dirección General Marítima (DIMAR) anunció labores reforzadas de inspección, vigilancia y control marítimo durante las jornadas del 13 y 14 de noviembre.
Ese despliegue explica por qué había presencia de unidades navales en la bahía, pero no permite establecer cuál era la función específica de la embarcación involucrada en el traslado de la hija del presidente. La vigilancia general del evento y el transporte de una persona son asuntos relacionados, pero no equivalentes.
Por eso, la sola presencia de una lancha de la Armada en el festival no demuestra que se haya usado de manera irregular. Para determinarlo hacen falta datos sobre el servicio prestado, quién lo autorizó, bajo qué criterios y si estaba contemplado dentro de las tareas de seguridad asignadas.
Por el momento se desconoce que la embarcación fuera utilizada como lugar de celebración. Presidencia niega esa versión y sostiene que el trayecto se limitó al traslado entre la bahía y otro bote.
A la vez, la defensa oficial no responde plenamente a la inquietud sobre el uso de recursos públicos. Que el desplazamiento tuviera un propósito de seguridad es la explicación del Gobierno; su necesidad y alcance pueden evaluarse mejor cuando se conozcan los detalles operativos.
El interés público del caso reside en saber cómo se justifican y autorizan los servicios estatales para familiares del presidente. La seguridad puede requerir medidas especiales, pero la transparencia sobre su aplicación permite distinguir una necesidad de protección de un uso que no corresponda a las funciones oficiales.
Entre los datos que todavía no se han divulgado están el protocolo aplicado, la identidad de la unidad o dependencia que dispuso la lancha, la autorización del servicio y el recorrido exacto. Tampoco se conoce públicamente si la Armada o Presidencia entregaron una explicación operativa más detallada.
La respuesta al derecho de petición anunciado por Beltrán podría ayudar a precisar esos puntos. Hasta que se conozcan esos antecedentes, no es posible confirmar ni descartar de manera concluyente si el traslado se ajustó a los criterios institucionales.
El caso plantea, en esencia, dos preguntas distintas: si la familia presidencial contaba con una necesidad de seguridad durante el festival y si llevar a la joven hasta otro bote era el medio necesario para atenderla. La primera es la justificación presentada por el Gobierno; la segunda sigue sin una explicación detallada.
Por ahora, lo confirmado es que Lucía de la Espriella abordó una embarcación de la Armada durante su llegada al Festival Náutico y que Presidencia dice que fue trasladada hasta otro bote y recogida después. La documentación sobre la autorización y el protocolo será clave para entender por qué se utilizó ese recurso público y despejar las dudas planteadas.






