El Gobierno de Colombia reafirmó este 25 de septiembre su compromiso con los derechos humanos y la igualdad racial después de que un mecanismo de expertos de Naciones Unidas advirtiera sobre el riesgo de que las nuevas políticas de seguridad y lucha contra las drogas profundicen prácticas discriminatorias contra las personas afrodescendientes.
La respuesta de Cancillería sostiene que la protección de los derechos de las personas afrodescendientes y de las comunidades étnicas continúa plenamente vigente y que esa posición no ha cambiado desde la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, el pasado 7 de agosto.
El Ejecutivo aseguró además que todas las políticas y medidas adoptadas en materia de seguridad y lucha contra las economías ilícitas estarán sometidas a la Constitución, la ley y el Estado de derecho.
La declaración, sin embargo, no desarrolla cuáles serán las salvaguardas específicas para responder a los riesgos señalados un día antes por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para promover la Justicia e Igualdad Raciales en el Mantenimiento del Orden.
El organismo internacional pidió a Colombia garantizar que las políticas de seguridad y control de drogas no refuercen el racismo sistémico contra las personas afrodescendientes dentro de las actuaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
La preocupación no se limita a la existencia de una política contra el narcotráfico o las organizaciones armadas. El cuestionamiento de los expertos se concentra en la manera como esas estrategias son ejecutadas y en los efectos diferenciados que pueden tener sobre determinados sectores de la población.
Los expertos hicieron referencia a riesgos relacionados con el perfilamiento racial, los controles policiales repetidos, registros injustificados y el uso excesivo de la fuerza. También plantearon preocupaciones sobre la asociación mediante estereotipos entre personas afrodescendientes y criminalidad.
Frente a esas advertencias, la respuesta del Gobierno se concentra en reafirmar principios generales. Cancillería sostiene que Colombia seguirá cumpliendo sus obligaciones internacionales y mantendrá un diálogo constructivo con los mecanismos del sistema universal de derechos humanos.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo reivindica su obligación de enfrentar a las organizaciones armadas y criminales que operan en el territorio y obtienen recursos del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el contrabando y otras economías ilícitas.
El Gobierno argumenta que esas organizaciones afectan tanto la seguridad de la población como el ejercicio de sus derechos y considera que el carácter transnacional de las amenazas exige una respuesta que vaya más allá de las fronteras colombianas.
Es en ese punto donde Cancillería introduce a Escudo de las Américas, iniciativa que presenta como parte de una estrategia de cooperación regional destinada a enfrentar al crimen organizado transnacional.
La participación colombiana en esa iniciativa ya está bajo observación del Congreso. La Cámara de Representantes tiene pendiente un debate de control político a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sobre la adhesión de Colombia a la denominada Coalición de las Américas contra los Carteles y las decisiones relacionadas con esa política.
La citación menciona específicamente el instrumento suscrito en Ciudad de Panamá el 12 de agosto de 2026, apenas cinco días después de la posesión del nuevo Gobierno. El debate aparece actualmente registrado por la Cámara como pendiente de fecha.
Ese instrumento se convierte ahora en una pieza relevante para determinar cómo serán conciliadas las operaciones de seguridad regional con las obligaciones colombianas en materia de derechos humanos y no discriminación.
Una de las preguntas pendientes es si el acuerdo incorpora protocolos específicos para prevenir el perfilamiento racial, mecanismos de supervisión de las operaciones o procedimientos para investigar eventuales abusos cometidos en desarrollo de las acciones conjuntas.
El comunicado gubernamental del 25 de septiembre no desarrolla esos elementos. Tampoco precisa si desde el 7 de agosto fueron expedidas nuevas directivas, protocolos o instrucciones operativas destinadas específicamente a responder a los riesgos de discriminación racial señalados por Naciones Unidas.
La discusión tampoco comenzó con la llegada del nuevo Gobierno. El mismo mecanismo internacional realizó una visita oficial a Colombia en mayo de 2026 y examinó la situación de las personas afrodescendientes frente a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Al finalizar aquella visita, Cancillería informó que los expertos habían reconocido avances en la transformación de la Policía Nacional, los cambios relacionados con el antiguo ESMAD y la incorporación de capacitación en derechos humanos dentro del sector defensa.
Pero el mecanismo también manifestó preocupación por el racismo estructural y por las dificultades para convertir las políticas públicas existentes en cambios sustanciales dentro de los territorios. Entre los asuntos observados estuvieron igualmente las condiciones de hacinamiento y reclusión en centros de detención.
En ese momento, el Gobierno colombiano manifestó su disposición a recibir las recomendaciones de los expertos y aseguró que las consideraba una oportunidad para fortalecer las medidas y los enfoques de derechos humanos dirigidos especialmente a las poblaciones racializadas.
La advertencia conocida esta semana permite entonces examinar qué ocurrió entre aquellas observaciones de mayo y la nueva estrategia de seguridad desarrollada después del cambio de Gobierno del 7 de agosto.
Una primera cuestión será establecer si las recomendaciones de los expertos fueron incorporadas a los protocolos de la Fuerza Pública y, particularmente, si existen mecanismos para medir posibles impactos diferenciados de los procedimientos policiales y militares sobre comunidades afrodescendientes.
También será relevante determinar qué sistemas existen para registrar denuncias por perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza o discriminación durante procedimientos de seguridad y qué entidades tienen a su cargo la investigación y supervisión de esos casos.
El debate adquiere una dimensión adicional con Escudo de las Américas. Si la estrategia supone una mayor coordinación internacional contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilícitas, las reglas bajo las cuales se desarrollarán esas acciones serán determinantes para evaluar sus efectos sobre los derechos fundamentales.
Por ahora, la respuesta del Gobierno establece una posición política y jurídica general: combatir a las organizaciones criminales y, simultáneamente, mantener las obligaciones nacionales e internacionales relacionadas con derechos humanos, igualdad racial y protección de las comunidades étnicas.
Lo que queda por establecer es cómo esa declaración se traducirá en procedimientos verificables. El contraste entre la advertencia de Naciones Unidas y la respuesta de Cancillería abre así una discusión que va más allá de si Colombia debe enfrentar al crimen organizado: plantea bajo qué controles lo hará y qué mecanismos utilizará para evitar que la política de seguridad reproduzca las prácticas discriminatorias que los expertos internacionales han pedido prevenir.
