El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca corregir el déficit fiscal, contener el crecimiento de la deuda pública y reorganizar el gasto del Estado. Sin embargo, su radicación abrió una discusión que va más allá de las cuentas del Gobierno: buena parte de sus propuestas tributarias coincide con las que había planteado la administración de Gustavo Petro.
La iniciativa fue presentada el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo. El proyecto, identificado en la Cámara como el 477 de 2026, deberá superar el debate legislativo antes de convertirse en ley.
El Ejecutivo plantea un ajuste fiscal de 70,2 billones de pesos, equivalente al 4,1 % del producto interno bruto, que se aplicaría gradualmente entre 2027 y 2030. La meta es reducir el déficit primario y estabilizar la deuda pública, en un escenario que el Gobierno describe como una situación de alto riesgo para las finanzas nacionales.
Según la distribución presentada por el Ejecutivo, cerca del 70 % del ajuste provendría de recortes al gasto público, mientras que el 30 % restante se obtendría mediante cambios tributarios y modificaciones en los aportes al sistema de seguridad social.
Esa proporción es uno de los argumentos centrales del Gobierno para defender la iniciativa. El vicepresidente Restrepo ha insistido en que el Estado asumirá la mayor parte del esfuerzo y que los cambios tributarios estarán dirigidos principalmente a los sectores con mayor capacidad económica.
No obstante, el contenido del proyecto ha provocado reparos incluso entre integrantes de la coalición que respalda al presidente. Algunos congresistas del Centro Democrático coinciden con la necesidad de reducir el tamaño del Estado, pero cuestionan que el ajuste incluya nuevos gravámenes o aumentos de impuestos que, según advierten, podrían afectar a trabajadores y hogares de ingresos medios.
La discusión tiene un elemento político adicional: varias de las medidas tributarias propuestas por el Gobierno actual ya habían sido incluidas en la cuarta reforma tributaria que presentó la administración Petro durante su mandato.
Una coincidencia que reabre el debate sobre la reforma de Petro
Un análisis publicado por La Silla Vacía encontró que el 73 % de las medidas tributarias del proyecto de De la Espriella son idénticas a las que contemplaba la última reforma tributaria de Petro. Otro 23 % corresponde a disposiciones del mismo tipo, aunque con valores o tarifas diferentes.
El dato permite dimensionar la continuidad entre las dos propuestas, pese a las diferencias políticas y discursivas entre los gobiernos. Sin embargo, no significa que el 96 % de los artículos de la Ley de Rescate Económico sean iguales a los de la iniciativa de Petro: la comparación se refiere a las medidas tributarias examinadas, no a la totalidad del proyecto.
La reforma presentada por el Gobierno anterior fue radicada en julio de 2026 y buscaba recaudar 21,9 billones de pesos en 2027 y 32,8 billones en 2028. La propuesta de Petro incluía aumentos de impuestos al consumo, modificaciones al impuesto de renta y cambios en las contribuciones de las empresas, entre otras disposiciones.
Aunque ambas iniciativas tienen diferencias en sus objetivos generales y en la combinación de medidas, comparten instrumentos para ampliar el recaudo. Entre ellos aparecen cambios en las tarifas del IVA, ajustes al impuesto de renta de personas naturales y gravámenes sobre productos como bebidas alcohólicas y tabaco.
En el proyecto actual, uno de los puntos más sensibles es la ampliación de la tarifa general del IVA del 19 % a bienes y servicios que hoy tienen tarifas reducidas o tratamientos especiales. La propuesta contempla cambios para productos y actividades que incluyen determinados alimentos, café, azúcar, cacao, medicina prepagada, vehículos híbridos y eléctricos, plataformas digitales, licencias de software y apuestas por internet.
El Gobierno sostiene que el aumento de algunos impuestos indirectos estará acompañado por un mecanismo de devolución denominado EfectIVA. La propuesta busca que los hogares de menores ingresos reciban de vuelta una parte o la totalidad del IVA que paguen en sus compras, con base en la información de facturación electrónica y los registros sociales.
De acuerdo con la explicación oficial, 19 millones de personas recibirían la devolución completa del impuesto y otros 16,3 millones podrían acceder a una devolución parcial. El Ministerio de Hacienda presenta este mecanismo como una forma de compensar el impacto que tendría la ampliación de la tarifa del IVA.
La aplicación de ese sistema, sin embargo, dependerá de su reglamentación y de que la administración tributaria pueda identificar adecuadamente las compras y los beneficiarios. También será necesario observar cómo se implementa para establecer si la devolución compensa efectivamente el mayor costo que podrían asumir los hogares.
Los impuestos que contempla el proyecto
En materia de renta para personas naturales, la iniciativa propone crear un nuevo tramo con una tarifa del 9 % a partir de ingresos de 720 unidades de valor tributario. También plantea elevar la tarifa marginal máxima del 35 % al 39 %, eliminar la deducción por dependientes y reducir el límite de exención aplicable a las rentas laborales.
El Gobierno calcula que esos cambios permitirían obtener recursos adicionales. Sin embargo, las disposiciones han generado inquietud porque amplían la carga tributaria para determinados contribuyentes y modifican beneficios que hoy pueden reducir el impuesto a cargo de los trabajadores.
La propuesta también modifica el impuesto al patrimonio. En lugar de eliminarlo, como esperaban algunos sectores que respaldaron al actual Gobierno, plantea elevar el umbral a partir del cual se causa el tributo: pasaría de 72.000 a 95.500 unidades de valor tributario.
En el capítulo de normalización tributaria, el proyecto contempla una tarifa del 15 % para declarar activos omitidos o corregir pasivos inexistentes durante 2027. También incorpora un tratamiento para criptoactivos que no hayan sido reportados, con una tarifa propuesta del 5 % sobre su valor de mercado.
Otro componente está relacionado con los impuestos saludables. La iniciativa plantea gravámenes para bebidas ultraprocesadas endulzadas, con tarifas diferenciadas según su contenido de azúcar. El proyecto contempla algunas excepciones, entre ellas productos destinados a usos médicos o nutricionales específicos y determinadas operaciones de exportación.
Las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco también aparecen entre los sectores que tendrían mayores cargas. Para la cerveza se propone un componente ad valorem del 10 %, mientras que los licores tendrían una tarifa ad valorem del 35 %, además de un componente específico.
En el caso de los cigarrillos, el proyecto plantea un impuesto de 11.200 pesos por cajetilla. Para los vapeadores propone un gravamen de 2.000 pesos por mililitro, con un mecanismo de actualización anual que tendría en cuenta la inflación y cuatro puntos adicionales.
El proyecto incluye, además, cambios en los aportes al sistema de seguridad social. Aunque estas contribuciones no son técnicamente lo mismo que un impuesto, representan obligaciones económicas que pueden modificar el ingreso disponible de trabajadores e independientes.
Entre las disposiciones que han generado discusión están los aumentos en los aportes a salud para determinados grupos de trabajadores y los ajustes para independientes y regímenes especiales. La aplicación de estas medidas y sus efectos dependerán de las condiciones y los rangos establecidos en el articulado.
El recorte del Estado, la otra cara del ajuste
La principal diferencia entre el proyecto actual y la reforma tributaria de Petro está en el peso que el Gobierno De la Espriella asigna a la reducción del gasto público. La Ley de Rescate Económico no se limita a proponer nuevos ingresos: incluye facultades y medidas para reorganizar la administración nacional.
El proyecto solicita facultades extraordinarias por seis meses para que el presidente pueda suprimir, fusionar o escindir ministerios, entidades y agencias del Estado, además de introducir modificaciones en sus estructuras y plantas de personal.
También plantea reducir en un 20 % los costos de personal del Estado en 2028 y disminuir en un 50 % el gasto asociado a contratos de prestación de servicios frente a los niveles de referencia señalados en la iniciativa. A esto se suman restricciones a gastos de funcionamiento, compras, viajes y publicidad oficial no esencial.
El Ejecutivo contempla revisar transferencias y fondos públicos, así como vender activos estatales considerados improductivos. La intención, según el Gobierno, es disminuir gastos que considera innecesarios y concentrar los recursos en servicios y obligaciones prioritarias.
Estas disposiciones también abren interrogantes. La reducción de estructuras y contratos deberá examinarse para determinar qué entidades y funciones resultarían afectadas, cómo se garantizará la continuidad de los servicios y qué consecuencias tendría sobre el empleo público y la capacidad operativa del Estado.
El Gobierno defiende que el ajuste recaerá principalmente sobre la administración pública y que los sectores más vulnerables tendrán mecanismos de protección. La oposición y algunos analistas, por su parte, tendrán que evaluar si los ahorros previstos son realizables y si las medidas de recaudo pueden generar efectos económicos no contemplados en las proyecciones oficiales.
Las críticas llegan desde el Centro Democrático
Los reparos más significativos dentro de los sectores cercanos al Gobierno han surgido del Centro Democrático, una de las bancadas con mayor peso en la coalición oficialista. Sus integrantes han respaldado algunos componentes de austeridad, pero han marcado distancia frente a los aumentos tributarios.
El director de la colectividad, Gabriel Vallejo, recordó que el partido defiende un Estado pequeño, austero y con bajos impuestos. Desde esa perspectiva, cuestionó que la respuesta a la situación fiscal incluya nuevas obligaciones para los ciudadanos, cuando una de las expectativas de los votantes era reducir la carga tributaria.
El senador Andrés Forero también manifestó que respalda la reducción del gasto público, la disminución del tamaño del Estado y la eliminación o fusión de entidades. Sin embargo, aseguró que no puede acompañar la mayoría de las disposiciones tributarias y cuestionó, entre otros puntos, el aumento del IVA para las pólizas de salud y los planes de medicina prepagada.
La senadora María Clara Posada expresó reparos frente a las medidas que, a su juicio, trasladarían parte del ajuste a la clase media. Entre los puntos que ha cuestionado están los cambios en los aportes a seguridad social, las modificaciones al impuesto de renta y la ampliación del IVA a bienes y servicios de consumo cotidiano.
Las posiciones muestran que el respaldo político al Gobierno no equivale a un apoyo automático a todo el articulado. Dentro de la coalición hay coincidencias sobre la necesidad de reducir el gasto, pero también diferencias acerca de quién debe asumir el costo del ajuste fiscal.
No todos los integrantes del Centro Democrático han adoptado la misma postura. El senador Christian Garcés, por ejemplo, destacó las medidas para reducir el gasto ineficiente, las facultades de reorganización estatal, la disminución gradual de la tarifa de renta empresarial y los incentivos a la inversión y al empleo.
La diferencia entre esos pronunciamientos anticipa una discusión legislativa en la que el Gobierno tendrá que construir mayorías artículo por artículo. El apoyo a los recortes no garantiza que sus aliados respalden los cambios tributarios, especialmente aquellos que puedan afectar a sectores que el partido considera parte de su electorado.
Las críticas tampoco se limitan a la bancada oficialista. Congresistas de otras colectividades han calificado la propuesta como una reforma tributaria presentada bajo otro nombre y han anunciado que revisarán sus efectos antes de respaldarla. El proyecto también recibió apoyos parciales de dirigentes que consideran necesario el ajuste fiscal, aunque reconocen que varios de sus componentes deberán ser debatidos.
La contradicción política y el debate que viene
La coincidencia entre las propuestas tributarias de Petro y De la Espriella representa uno de los principales puntos de tensión política. El actual Gobierno llegó al poder con un discurso de reducción del Estado y rechazo a nuevas cargas tributarias, pero ahora incorpora medidas que habían sido promovidas por una administración a la que responsabiliza por el deterioro de las finanzas públicas.
Esa continuidad no significa que los dos proyectos sean idénticos ni que persigan exactamente el mismo resultado. La Ley de Rescate Económico incluye un componente de reducción del gasto y de reorganización estatal que no corresponde al núcleo de la reforma tributaria presentada por Petro. También introduce modificaciones en las tarifas, los umbrales y los mecanismos de compensación.
Sin embargo, el hallazgo de que el 73 % de las medidas tributarias coincide con la propuesta anterior obliga al Gobierno a explicar por qué instrumentos que antes fueron objeto de controversia ahora forman parte de su estrategia fiscal. También plantea una pregunta para sus aliados: hasta dónde están dispuestos a respaldar una reforma que comparte buena parte de las herramientas tributarias que cuestionaron durante el Gobierno anterior.
El Ejecutivo argumenta que el país necesita medidas urgentes para evitar un deterioro mayor de sus finanzas y que el esfuerzo se distribuirá de manera progresiva. La discusión legislativa deberá establecer si las proyecciones de recaudo son realistas, si las devoluciones de IVA compensarán el impacto sobre los consumidores y si los recortes prometidos pueden ejecutarse sin debilitar servicios esenciales.
El proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso. Por ahora, no hay nuevos impuestos aprobados por cuenta de la Ley de Rescate Económico: las tarifas y obligaciones descritas hacen parte de una propuesta que puede ser modificada, eliminada o incorporada durante los debates.
La discusión, por tanto, no se limitará a decidir cuánto dinero necesita el Estado ni de dónde saldrán los recursos. También pondrá a prueba la coherencia del discurso económico del Gobierno, la capacidad de sus aliados para marcar límites y la disposición del Congreso a respaldar un ajuste que combina austeridad, nuevos gravámenes y cambios en la seguridad social.
En ese escenario, la Ley de Rescate Económico se convierte en la primera gran prueba fiscal y política de la administración De la Espriella. Su aprobación dependerá no solo de la urgencia que plantea el Ejecutivo, sino de que logre convencer a sus propios aliados y a las demás bancadas de que el costo del rescate está distribuido de manera justa.
