Miles de personas marcharon este miércoles 14 de octubre en distintas ciudades de Colombia contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en la primera gran jornada nacional de protesta desde su llegada a la Presidencia. Las movilizaciones reunieron a sindicatos, docentes, estudiantes, organizaciones sociales y sectores políticos de oposición, con reclamos relacionados con las políticas laborales, educativas, económicas y de seguridad del Ejecutivo.
La jornada tuvo como principal escenario a Bogotá, donde varias columnas de manifestantes confluyeron en la Plaza de Bolívar después de recorrer diferentes sectores de la ciudad. La convocatoria también se extendió a Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Manizales, Montería, Santa Marta, Cúcuta, Tunja, Pasto, Armenia, Popayán y Riohacha.
A esas ciudades se sumaron movilizaciones reportadas en municipios antioqueños como Rionegro, Caucasia y Apartadó. Aunque no se conocía un balance oficial consolidado de asistencia para todo el país, los reportes periodísticos coincidieron en señalar que la protesta tuvo alcance nacional.
Bogotá marchó pese a la granizada
En la capital, las movilizaciones estuvo marcada por la llegada de miles de personas al centro de la ciudad. Una fuerte granizada registrada hacia el mediodía no impidió que continuaran las concentraciones y que los manifestantes llegaran a la Plaza de Bolívar, punto de encuentro de las distintas marchas.
El Parque Nacional fue uno de los principales puntos de partida. Desde allí avanzaron columnas integradas por docentes, trabajadores, estudiantes y representantes de organizaciones sociales. Otras movilizaciones salieron de distintos sectores de Bogotá para confluir en el centro histórico.
La jornada transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, aunque al cierre se reportaron incidentes en el sector de Las Aguas, donde se presentó un enfrentamiento. Las autoridades deberán precisar las circunstancias del episodio y establecer si hubo personas lesionadas o daños materiales.
La movilización también tuvo repercusiones sobre la movilidad. Los recorridos afectaron vías del centro y otros corredores por los que avanzaron las marchas, mientras el sistema de transporte público tuvo que realizar ajustes operativos durante la jornada.
A diferencia de lo ocurrido en otros momentos de tensión social, durante buena parte de los recorridos no se observó una presencia policial cercana a los manifestantes. Sin embargo, sí hubo unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el centro de Bogotá y en los alrededores de la Universidad Nacional.
La disposición de los dispositivos de seguridad adquirió relevancia porque la movilización se realizó apenas un día después de la expedición del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que modificó el protocolo de actuación de la Policía durante las manifestaciones públicas.
Petro participó y anticipó nuevas protestas
El expresidente Gustavo Petro participó en la movilización en Bogotá, aunque no subió a la tarima instalada en la Plaza de Bolívar ni intervino desde el escenario. Su presencia fue uno de los hechos políticos más destacados de la jornada, convocada con el respaldo de sectores de oposición.
Petro sostuvo que la movilización debía entenderse como el comienzo de una respuesta social más amplia frente a las decisiones del Gobierno. En sus declaraciones y mensajes públicos planteó la necesidad de ampliar la protesta y anticipó nuevas jornadas de movilización, en una referencia al paro nacional que sectores sindicales proyectan para noviembre.
La advertencia apunta a que la jornada del 14 de octubre podría ser el inicio de un ciclo de presión social y política contra el Ejecutivo. No obstante, la dimensión de futuras protestas dependerá de las decisiones de las organizaciones convocantes, de la respuesta del Gobierno y de la evolución de las demandas que motivaron la movilización.
Entre los participantes se escucharon críticas a las políticas del Gobierno en materia de educación pública, derechos laborales, salud y protección social. También hubo expresiones de rechazo a las medidas económicas y de seguridad del Ejecutivo, así como consignas relacionadas con la soberanía nacional y la situación internacional.
Un decreto firmado en vísperas de las marchas
La jornada estuvo atravesada por la controversia alrededor del Decreto 1525 de 2026, expedido el martes 13 de octubre por el Gobierno de De la Espriella. La norma modifica disposiciones del protocolo de actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones y establece nuevas reglas para la intervención policial ante hechos de violencia, bloqueos y daños a bienes.
El decreto mantiene la obligación de buscar el diálogo con los manifestantes, pero establece que este no debe convertirse en una condición que impida intervenir contra personas que estén ejecutando actos violentos. El Gobierno sostiene que el objetivo es proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica sin permitir agresiones ni bloqueos que afecten servicios esenciales.
La decisión generó críticas entre sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de ampliar la discrecionalidad policial y debilitar las garantías para quienes participan en manifestaciones pacíficas.
La senadora Jennifer Pedraza anunció que acudiría al Consejo de Estado para demandar el decreto. Entre sus cuestionamientos está que, a su juicio, el Gobierno debía convocar previamente a una Mesa Nacional de Garantías, como ocurrió durante las discusiones que precedieron al protocolo expedido en 2021.
La controversia jurídica se suma al debate político sobre el alcance del derecho a la protesta y los límites de la actuación de la fuerza pública. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de responder oportunamente a los actos violentos, sus críticos consideran que los cambios pueden afectar las garantías de los manifestantes.
Disturbios en algunas ciudades
Aunque las movilizaciones se desarrollaron mayoritariamente de manera pacífica, también hubo alteraciones del orden público. En Ibagué se registraron disturbios y la Policía utilizó gases lacrimógenos, de acuerdo con los reportes periodísticos de la jornada.
En Medellín también se reportaron enfrentamientos e incidentes durante las manifestaciones. En Bogotá, el episodio más señalado ocurrió en el sector de Las Aguas, donde se produjo un enfrentamiento, pese a que la mayor parte de los recorridos transcurrió sin choques generalizados.
Los hechos violentos no representaron el desarrollo de la jornada en su conjunto, pero sí plantearon interrogantes sobre la aplicación del nuevo protocolo policial y la manera en que las autoridades responderán ante futuras movilizaciones.
El balance definitivo de incidentes, personas lesionadas, daños y eventuales capturas requiere información oficial consolidada. Por ello, no es posible atribuir a todos los manifestantes la responsabilidad por los hechos aislados registrados en algunas ciudades.
Una jornada que abre otro pulso con el Gobierno
La movilización del 14 de octubre constituyó una primera demostración de capacidad de convocatoria de los sectores opositores al Gobierno de De la Espriella. La presencia de sindicatos, docentes, estudiantes y organizaciones sociales permitió reunir reclamos diversos en una jornada común.
En Bogotá, la lluvia y la granizada no impidieron la llegada de manifestantes a la Plaza de Bolívar, mientras que la participación de Petro reforzó el carácter político de la convocatoria. Su decisión de no intervenir desde la tarima no evitó que anunciara la posibilidad de ampliar la protesta en las próximas semanas.
El decreto que regula la actuación policial será uno de los principales puntos de discusión en ese escenario. La demanda anunciada por Jennifer Pedraza llevará el debate al terreno judicial, mientras las organizaciones sociales deberán definir si avanzan hacia nuevas jornadas de movilización y un eventual paro nacional.
El alcance de las protestas futuras dependerá de la capacidad de coordinación entre los sectores convocantes y de la respuesta del Ejecutivo a sus demandas. Por ahora, la jornada dejó una señal de inconformidad en distintas regiones del país y abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la oposición social.
La advertencia de Petro sobre nuevas movilizaciones y la controversia por el Decreto 1525 sitúan las próximas semanas como un periodo clave para medir la evolución de las protestas. El desafío para las autoridades será garantizar el derecho a la manifestación pacífica y responder a los hechos violentos sin convertir los incidentes aislados en una justificación para restringir la participación ciudadana.
