La respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al terremoto de magnitud 7,4 enfrenta una pregunta que, a esta hora, no tiene una respuesta suficientemente clara: ¿qué ayuda internacional está solicitando realmente Colombia para atender la emergencia? La inquietud adquiere especial gravedad porque, mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los escombros y las cifras de víctimas y desaparecidos siguen cambiando, varios países han puesto a disposición de Colombia equipos especializados de rescate que no han sido activados.
El problema no es que Colombia haya recibido ayuda internacional. De hecho, la comunidad internacional reaccionó rápidamente. Lo preocupante es que exista una posible brecha entre las capacidades que los países ofrecieron y las necesidades que el Gobierno colombiano está formalmente comunicando. El 11 de agosto, la Cancillería anunció que, por instrucción presidencial, había solicitado apoyo al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y creado un “Puesto de Mando Unificado de Cooperación Internacional”. Pero la comunicación no especificó que estuviera solicitando equipos extranjeros de búsqueda y rescate. Ese silencio resulta particularmente llamativo en medio de una emergencia que todavía tiene personas desaparecidas y estructuras colapsadas.
Entre los ofrecimientos más concretos de búsqueda y rescate aparece Ecuador. El presidente Daniel Noboa puso a disposición de Colombia un equipo USAR —Búsqueda y Rescate Urbano— compuesto por 47 rescatistas, perros especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días. No se trataba, por tanto, de una oferta genérica de solidaridad, sino de una capacidad especializada que podía ser desplegada en una emergencia de estructuras colapsadas.
México también preparó un operativo específico. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su país tenía listo el denominado “Agrupamiento Cali”, con 255 elementos, entre ellos médicos, rescatistas y binomios caninos, además de equipos y suministros. El contingente estaba preparado para viajar, pero permanecía a la espera de una solicitud formal del Gobierno colombiano para entrar en operación.
El Salvador, por su parte, ofreció expresamente “equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda” que Colombia considerara necesaria. El presidente Nayib Bukele posteriormente aseguró que Bogotá había solicitado únicamente insumos humanitarios y que, según la información recibida, los cuerpos colombianos de rescate, médicos y de emergencia ya estaban desplegados. Por esa razón, El Salvador anunció el envío de dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria.
Venezuela también hizo una oferta concreta: puso a disposición del Gobierno colombiano un grupo de rescatistas, además de la ayuda humanitaria que pudiera ser necesaria. La propuesta fue formalizada mediante un comunicado oficial, según el recuento de los ofrecimientos internacionales.
Estados Unidos representa un caso diferente. Washington anunció 15,5 millones de dólares para refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños, y activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres —DART— para apoyar las operaciones críticas, la programación y la coordinación de la respuesta. Es decir, se trata de una combinación de asistencia financiera y capacidad técnica, aunque no debe confundirse automáticamente con el envío de un contingente USAR como el ofrecido por Ecuador o México.
Otros gobiernos también expresaron disponibilidad. Chile ofreció apoyo para lo que Colombia necesitara; Perú puso a disposición expertos en ingeniería estructural y asistencia técnica para revisar infraestructuras críticas; y Panamá manifestó su disposición a colaborar dentro de sus capacidades. En estos casos, sin embargo, no resulta correcto afirmar que todos hayan ofrecido específicamente brigadas de rescatistas: las ofertas conocidas públicamente son más amplias o de naturaleza técnica.
La lista de países que ofrecieron algún tipo de asistencia es todavía mayor: Argentina, Brasil, Israel, España, Italia, Cuba, Bolivia, Guatemala y Ucrania, además de los países ya mencionados. Las ofertas incluyen ayuda humanitaria, médica, logística, técnica, consular o asistencia para desastres. Israel, por ejemplo, ofreció apoyo y asistencia humanitaria y estudió el envío de especialistas en manejo de catástrofes e insumos médicos; Italia y Cuba comunicaron disposición para colaborar con equipos médicos y ayuda humanitaria.
En el plano multilateral, la Organización de las Naciones Unidas también se declaró preparada para apoyar a Colombia. El secretario general António Guterres dijo que Naciones Unidas permanecía en contacto estrecho con las autoridades colombianas y respaldaba la respuesta liderada por el Gobierno, “como solicitado”. Mientras tanto, el equipo humanitario de la ONU en Colombia se encontraba movilizado y evaluando las zonas afectadas para determinar necesidades y asistencia.
Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, habló directamente con el canciller Omar Bula sobre el apoyo a la respuesta. La coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia informó además que se preparaba con el Gobierno una primera reunión de respuesta de emergencia para definir necesidades y la asistencia que podría movilizarse. Es decir, la ONU no se ha desentendido de la emergencia ni ha cerrado la puerta a Colombia; está esperando que las necesidades sean definidas y canalizadas con las autoridades nacionales.
Y aquí aparece el principal motivo de preocupación. La información publicada por la Cancillería este martes en la noche anuncia una “coordinación internacional inmediata”, pero no dice qué capacidades concretas fueron solicitadas. No menciona rescatistas, equipos USAR, perros de búsqueda, especialistas en estructuras colapsadas ni brigadas médicas extranjeras. En una emergencia de esta naturaleza, esa omisión no es menor: una cosa es pedir alimentos, medicamentos y refugios y otra muy distinta pedir personal especializado para encontrar y sacar personas de los escombros.
La propia versión del Gobierno, recogida por medios como EL PAÍS, sostiene que las capacidades nacionales están desplegadas y que quedan relativamente pocas personas por rescatar. Pero esa afirmación debe entenderse como una posición atribuida a una fuente del alto Gobierno, no como un hecho independiente establecido. La misma cobertura registra que las operaciones continúan y que en las zonas afectadas se sigue buscando sobrevivientes.
Además, la situación territorial exige evitar conclusiones apresuradas. En Cali, por ejemplo, las autoridades reportaron cientos de personas de organismos de emergencia y la llegada de 92 rescatistas de alta capacidad técnica provenientes de otras regiones, luego del llamado al Gobierno nacional. La existencia de ese refuerzo demuestra que el sistema colombiano está movilizando capacidades, pero no responde por sí sola a la pregunta de si esas capacidades son suficientes para cubrir simultáneamente todas las zonas afectadas.
Esa diferencia es fundamental. Tener rescatistas desplegados no significa necesariamente tener capacidad suficiente. La pregunta técnica debería ser cuántas estructuras colapsadas permanecen pendientes, cuántas personas siguen desaparecidas, cuántos equipos especializados están disponibles en cada municipio y qué capacidad adicional se requiere. Mientras esas variables no sean transparentes, resulta difícil validar la afirmación oficial de que Colombia no necesita personal extranjero.
El contexto institucional añade otra preocupación: el Gobierno acababa de asumir el poder cuando ocurrió el terremoto. Todavía no estaban designados todos los responsables de entidades clave para la atención de desastres y que la transición estuvo marcada por la ruptura del tradicional proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro. La UNGRD, pieza central de la respuesta, se encontraba precisamente en medio de ese proceso de cambio.
El problema del empalme no es simplemente burocrático. En una emergencia de gran magnitud, la continuidad institucional implica conocer previamente protocolos, contactos internacionales, capacidades disponibles, inventarios, contratos, equipos, mapas de riesgo y mecanismos para solicitar ayuda.
Ese mecanismo, además, está centralizado y corresponde a la UNGRD identificar las necesidades nacionales y coordinar con la Cancillería para transmitirlas a otros gobiernos y organismos. Las ciudades afectadas no pueden simplemente aceptar por su cuenta determinados ofrecimientos internacionales. Esto puede generar un cuello de botella particularmente peligroso cuando las necesidades surgen en los municipios mientras la autorización y coordinación dependen del Gobierno nacional.
La publicación de la Cancillería de las 7 de la noche del 11 de agosto, puede interpretarse, por tanto, como un intento del Gobierno de corregir o fortalecer ese mecanismo. La creación del Puesto de Mando Unificado de Cooperación Internacional es una señal de que Bogotá reconoce la necesidad de ordenar la asistencia exterior. Pero todavía queda una pregunta sin resolver: ¿la cooperación que se está coordinando incluye los equipos de búsqueda y rescate que varios países ofrecieron desde las primeras horas? Mientras esa respuesta no sea pública, la controversia seguirá abierta; en especial cuando el tiempo sigue corriendo en contra de las personas atrapadas bajo los escombros.
La crítica, en consecuencia, no debería reducirse a acusar al Gobierno de “rechazar la ayuda internacional”, porque la evidencia de esta noche demuestra que sí está activando cooperación internacional. El cuestionamiento más serio es otro: si Colombia tenía ofertas concretas de rescatistas, médicos, perros de búsqueda y equipos especializados, y si en distintas zonas continúan las necesidades de rescate, ¿por qué la comunicación oficial no aclara qué personal extranjero fue solicitado, cuál fue aceptado y cuándo llegará al terreno? En una tragedia donde cada hora puede ser decisiva, la coordinación, la transparencia y la capacidad de tomar decisiones rápidas no son asuntos secundarios: forman parte de la respuesta misma.
