La Policía Nacional de Colombia oficializó un cambio en la estructura encargada de intervenir en manifestaciones y situaciones de alteración del orden público. Mediante la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, la institución reemplazó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) por la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) y restableció expresamente los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) dentro de su organización. La decisión se conoció públicamente el 16 de octubre.
La modificación supone un giro en la identidad institucional de la unidad que asumió las funciones del antiguo ESMAD durante la reorganización policial de 2022. El cambio no es únicamente nominal: la nueva estructura vuelve a utilizar la denominación antidisturbios y reorganiza las dependencias responsables de las operaciones, el seguimiento y el despliegue territorial.
El nombre UNADI tampoco es inédito. La propia Policía Nacional utilizaba la denominación Unidad Nacional Antidisturbios en 2015, como consta en una publicación institucional del 19 de mayo de ese año. La decisión de octubre de 2026 representa, por tanto, la recuperación de un nombre anterior después de la etapa en que la unidad fue conocida como UNDMO.
La diferencia entre ambas denominaciones refleja dos maneras de presentar la función policial. Mientras la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden destacaba en su nombre la interlocución y la gestión de conflictos, la Unidad Nacional Antidisturbios pone en primer plano la capacidad de intervenir frente a alteraciones del orden público. Ese cambio de énfasis abre preguntas sobre las prioridades que orientarán el trabajo de sus integrantes.
La UNDMO surgió durante el proceso de transformación policial impulsado en 2022. El propósito anunciado era modificar la actuación de la unidad especializada en manifestaciones, incorporar mecanismos de diálogo y fortalecer la formación en derechos humanos, con el objetivo de prevenir escaladas de violencia y reducir la necesidad de recurrir a la fuerza.
El Ministerio de Defensa describió esa transformación como una nueva doctrina de intervención que daba prioridad al diálogo y la desescalada de conflictos. Entre sus medidas figuraban la actualización de manuales y protocolos, la capacitación en derechos humanos, el entrenamiento para el uso de armas menos letales y la conformación de equipos especializados en diálogo.
La reforma también contempló herramientas para documentar los procedimientos policiales. Según el Ministerio, la unidad desarrolló sistemas de registro de evidencia digital mediante cámaras en cascos, drones y teléfonos celulares, con el propósito de fortalecer la trazabilidad de las intervenciones y la transparencia de las actuaciones.
La estructura de la UNADI recupera expresamente al ESMAD, cuya actuación ha sido objeto de cuestionamientos durante años por el uso de la fuerza en protestas sociales. La decisión devuelve esa denominación al organigrama institucional, aunque el alcance de la reorganización debe evaluarse a partir de las funciones asignadas, los protocolos vigentes y las órdenes operativas, no solamente por el nombre de los escuadrones.
La resolución también establece un periodo de transición de 90 días para implementar los ajustes administrativos y adoptar la nueva estructura interna. Ese plazo será relevante para conocer cómo se distribuirán las responsabilidades, qué cambios se aplicarán a los equipos y de qué manera se organizarán las intervenciones en las distintas regiones del país.
Uno de los interrogantes centrales es qué lugar ocupará el diálogo en el nuevo modelo. La denominación anterior lo destacaba como parte de la identidad de la unidad, mientras que el nuevo nombre prioriza la función antidisturbios. Sin embargo, el cambio de nombre no demuestra por sí solo que hayan desaparecido las funciones de mediación ni que se hayan derogado todas las disposiciones relacionadas con la protección de los manifestantes.
Para establecer si existe una transformación doctrinal de fondo es necesario revisar las disposiciones de la resolución, los manuales de intervención y los protocolos aplicables. También será importante comprobar si los equipos de diálogo continúan operando, qué condiciones deben cumplirse antes de desplegar a los escuadrones y cuáles son los criterios para determinar cuándo resulta necesario utilizar la fuerza.
La diferencia es especialmente relevante porque el derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica está protegido por el artículo 37 de la Constitución colombiana. La Policía tiene funciones de protección de la convivencia y la seguridad, pero su actuación debe respetar las libertades ciudadanas y distinguir entre quienes participan pacíficamente en una movilización y quienes cometen actos violentos.
Uno de los riesgos de una reorganización centrada en la función antidisturbios es que, en la práctica, la respuesta coercitiva gane espacio frente a la prevención y la mediación. Si el diálogo deja de ser una herramienta prioritaria, las tensiones podrían escalar antes de que se agoten las alternativas para resolverlas. Se trata de un riesgo que deberá evaluarse a partir de la actuación efectiva de la unidad, no de una consecuencia que pueda darse por demostrada desde ahora.
Otro punto de atención será el uso de armas y dispositivos menos letales. La transformación de la UNDMO incluyó medidas para regular su empleo y fortalecer el entrenamiento de los uniformados. El seguimiento de esas reglas, la documentación de cada intervención y la investigación de posibles abusos serán fundamentales para determinar si la nueva estructura mantiene los estándares establecidos durante la reforma anterior.
La rendición de cuentas también será determinante. Los registros audiovisuales, los informes operativos y los mecanismos para recibir y tramitar quejas permiten establecer cómo se desarrollan las intervenciones y quiénes son responsables de las decisiones. La continuidad y eficacia de esos instrumentos será una de las formas de medir si el cambio institucional conserva las garantías anunciadas durante la etapa de la UNDMO.
El debate no se limita a las organizaciones sociales o a los participantes en las manifestaciones. Las autoridades deben proteger a quienes protestan pacíficamente, pero también responder ante situaciones de violencia que pongan en peligro a otras personas o afecten bienes públicos y privados. El desafío consiste en hacerlo con medidas necesarias y proporcionales, sin convertir los hechos violentos de algunos participantes en motivo para restringir indiscriminadamente una movilización.
La reorganización también puede tener consecuencias sobre la confianza ciudadana. La denominación ESMAD quedó asociada a controversias sobre el uso de la fuerza en protestas, por lo que su reincorporación puede generar inquietudes entre sectores que reclamaron cambios en la actuación policial. La confianza dependerá, en buena medida, de que las autoridades expliquen las nuevas reglas y permitan verificar cómo se aplican.
El antecedente de la UNDMO muestra que la transformación de una unidad policial requiere más que un cambio de denominación. La incorporación de equipos de diálogo, los cursos de formación y la actualización de protocolos fueron presentados como componentes de una modificación más amplia del servicio. Para determinar qué permanece y qué cambia bajo la UNADI será necesario contrastar esas medidas con las nuevas disposiciones y con los resultados de su aplicación.
También será importante conocer si la Policía publica cifras comparables sobre intervenciones, uso de la fuerza, personas lesionadas, quejas e investigaciones disciplinarias. Sin información consistente antes y después de la reorganización, será difícil establecer si la nueva estructura modifica las prácticas operativas o si el cambio se concentra principalmente en el organigrama y la identidad institucional.
La recuperación de la denominación UNADI tampoco equivale automáticamente al restablecimiento íntegro de la doctrina que regía al antiguo ESMAD. Las estructuras, los protocolos y las reglas operativas pueden cambiar con el tiempo, incluso cuando una institución vuelve a utilizar un nombre histórico. Para sostener que existe una restauración doctrinal completa se necesitaría una comparación detallada de las disposiciones de 2015, las reformas posteriores y la resolución de octubre de 2026.
La nueva organización plantea, además, preguntas sobre la continuidad de los compromisos de formación en derechos humanos. Los cursos sobre mediación, uso proporcional de la fuerza y atención a manifestaciones fueron parte de la transformación de la UNDMO. La permanencia de esas competencias en la capacitación de los integrantes de la UNADI será un indicador importante para evaluar el alcance del cambio.
El periodo de transición de 90 días permitirá observar cómo se concreta la reorganización. Durante ese tiempo será relevante establecer qué ocurre con los equipos de diálogo, cuáles son las funciones específicas de los escuadrones y qué mecanismos de supervisión se mantienen. La publicación de directrices claras ayudaría a evitar que el cambio de estructura genere incertidumbre sobre las garantías que deben regir la atención de las protestas.
En definitiva, la Policía recupera una denominación que ya utilizaba en 2015 y vuelve a incluir expresamente al ESMAD en la estructura de su unidad antidisturbios. El cambio marca una diferencia institucional visible frente a la UNDMO, pero el alcance de la modificación doctrinal todavía debe examinarse a la luz de las normas y de la práctica operativa.
La cuestión de fondo será determinar si la nueva UNADI mantiene la primacía del diálogo y las garantías incorporadas durante la transformación de 2022 o si la reorganización modifica el equilibrio entre mediación y control de disturbios. La respuesta no dependerá solo del nombre adoptado, sino de los protocolos aplicados, el uso de la fuerza, la rendición de cuentas y la protección efectiva del derecho a la protesta.
