La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, quien preside la Comisión de Investigación y Acusación, tras la controversia generada por un auto mediante el cual intentó suspender temporalmente al presidente Gustavo Petro. La medida disciplinaria fue anunciada el 11 de junio y tendrá vigencia hasta el final de su período legislativo, previsto para el 20 de julio.
La decisión de la Procuraduría se produjo apenas un día después de que Arizabaleta expidiera un documento en el que proponía apartar temporalmente al jefe de Estado por una investigación relacionada con presunta participación en política durante la campaña presidencial. El caso generó una inmediata controversia jurídica y política en todo el país.
Según el Ministerio Público, la congresista habría actuado sin las competencias constitucionales necesarias para adoptar una medida de esa naturaleza. La Procuraduría sostuvo que cualquier decisión relacionada con una eventual suspensión presidencial debe surtir procedimientos específicos dentro de la Comisión de Acusación, la Cámara de Representantes y posteriormente el Senado.
La investigación disciplinaria busca establecer si Arizabaleta incurrió en una falta gravísima al extralimitar sus funciones. El organismo de control señaló que la actuación podría afectar principios esenciales del debido proceso y del orden constitucional colombiano.
Gloria Arizabaleta pertenece al movimiento político Pacto Histórico y representa al departamento del Valle del Cauca en la Cámara. Su actuación llamó particularmente la atención porque la decisión fue dirigida contra un mandatario respaldado por sectores afines a la misma coalición política.
El intento de suspensión presidencial fue ampliamente cuestionado por constitucionalistas y dirigentes de distintos sectores ideológicos. Expertos recordaron que la Comisión de Acusación tiene funciones investigativas y de instrucción, pero no puede por sí sola apartar al presidente de sus funciones mediante una decisión individual.
Paralelamente a la actuación de la Procuraduría, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar sobre los hechos y realizó diligencias en la oficina de la congresista para recopilar información relacionada con el expediente.
La suspensión de Arizabaleta provocó reacciones encontradas en el escenario político. Sectores cercanos al Gobierno consideraron que la decisión protege el orden constitucional, mientras que algunos dirigentes cuestionaron el alcance de las facultades disciplinarias de la Procuraduría frente a una congresista elegida por voto popular.
El presidente Petro también reaccionó públicamente al caso. A través de sus redes sociales criticó duramente la actuación de la representante y sugirió que detrás de la decisión existían intereses políticos ajenos al debate jurídico.
La controversia ocurre en la recta final de la campaña presidencial y ha desplazado parte de la discusión electoral hacia los escenarios judiciales y constitucionales. Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y penales, el caso se ha convertido en uno de los episodios institucionales más relevantes de las semanas previas a la segunda vuelta presidencial.
