Rafael More Jaramillo permaneció tres días en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Su nombramiento como subdirector técnico se conoció el 5 de octubre de 2026 y su renuncia fue aceptada el 8 de octubre, en medio de cuestionamientos sobre su trayectoria empresarial en Venezuela.
La salida se produjo después de que medios de comunicación publicaran información sobre su paso por Inlaca, una empresa venezolana del sector de alimentos vinculada en investigaciones periodísticas al entorno empresarial de Alex Saab. El cargo que More ocupó en esa compañía no aparecía en la hoja de vida presentada para su nombramiento en la entidad ambiental.
La coincidencia entre las publicaciones y la renuncia situó su breve paso por la ANLA en el centro de una controversia sobre la transparencia en los nombramientos públicos y la información que los funcionarios reportan sobre su experiencia profesional.
De acuerdo con los reportes periodísticos, More fue gerente general de Inlaca desde junio de 2024. La empresa había pasado a estar bajo el control de Moxem Food FZ-LLC, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, de la que More figuraba como apoderado.
La relación empresarial fue documentada por medios que investigaron la estructura de propiedad y administración de la compañía venezolana. Sin embargo, haber trabajado en una empresa vinculada a una persona cuestionada públicamente no constituye, por sí solo, prueba de una conducta ilegal.
El principal cuestionamiento sobre su hoja de vida fue la ausencia de esa experiencia laboral. La omisión despertó interrogantes sobre la información que conoció la administración antes de designarlo y sobre la verificación de los antecedentes profesionales del funcionario.
La controversia también involucró conexiones familiares y profesionales. More está casado con Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel Peñarredonda, quien estuvo vinculado a la firma De la Espriella Lawyers. El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, había ejercido como abogado de Saab, según los reportes citados por medios nacionales.
Estos vínculos fueron mencionados en las publicaciones como parte del contexto político y empresarial del nombramiento. No obstante, las relaciones familiares o profesionales no demuestran automáticamente que haya existido tráfico de influencias ni permiten establecer que el nombramiento fuera irregular.
La renuncia se conoció el 8 de octubre, tres días después de su designación. La ANLA aceptó la dimisión y la describió como espontánea e inequívoca, según la información divulgada sobre el acto administrativo.
La resolución de aceptación no expuso una explicación detallada de las razones personales o institucionales que llevaron a More a dejar el cargo. Por eso, aunque la renuncia coincidió con la publicación de los cuestionamientos, no está demostrado oficialmente que estos fueran su causa directa.
Su breve permanencia también generó preguntas sobre los procedimientos de selección y verificación de quienes ocupan cargos directivos en entidades estatales. En puestos con responsabilidades técnicas, la información sobre experiencia, formación y trayectoria puede ser relevante para evaluar el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad para ejercer las funciones.
Otro de los aspectos divulgados fue la existencia de procesos judiciales de carácter financiero relacionados con More y su esposa. Según información publicada por Infobae, en los registros consultados figuraban procesos ejecutivos promovidos por Bancolombia en 2019, así como otros cobros de entidades financieras.
Los procesos ejecutivos son mecanismos judiciales destinados al cobro de obligaciones que se consideran exigibles. Su existencia no equivale a una condena penal ni demuestra que una persona haya cometido un delito.
Esta distinción resulta importante para valorar los señalamientos publicados sobre el funcionario. Las controversias por su trayectoria empresarial, las omisiones en la hoja de vida y los procesos de cobro tienen naturalezas distintas y no deben presentarse como si fueran acusaciones penales equivalentes.
De acuerdo con los reportes periodísticos, los certificados consultados no mostraban antecedentes penales o disciplinarios, sanciones contractuales ni declaraciones de responsabilidad fiscal contra More. Esa información, sin embargo, debe entenderse dentro del alcance de los registros y documentos revisados por los medios.
Hasta donde se ha informado públicamente, no hay elementos suficientes para afirmar que More renunció porque tuviera una denuncia penal en su contra. Los cuestionamientos conocidos se concentraron en su trayectoria empresarial, la información consignada en su hoja de vida y sus conexiones familiares y profesionales.
El episodio también puso de relieve la importancia de distinguir entre la verificación de requisitos legales y la evaluación de posibles conflictos de interés. Una persona puede cumplir formalmente las condiciones para un cargo y, aun así, generar preguntas públicas sobre sus vínculos o sobre la transparencia del proceso de selección.
Para establecer si hubo alguna irregularidad administrativa sería necesario examinar la documentación del nombramiento, los requisitos específicos del cargo, la hoja de vida completa y las verificaciones realizadas por la entidad. La información publicada hasta ahora no permite concluir, por sí sola, que se haya cometido una infracción.
La ANLA es la autoridad encargada de evaluar y hacer seguimiento a licencias, permisos y trámites ambientales de su competencia. Sus decisiones pueden incidir en proyectos de sectores como infraestructura, minería, hidrocarburos y energía, por lo que los nombramientos en cargos técnicos tienen relevancia para el funcionamiento de la entidad.
La salida de More dejó sin continuidad un nombramiento que apenas comenzaba, mientras la discusión pública se concentraba en los antecedentes empresariales que no figuraban en su hoja de vida. La entidad no había divulgado, en la información citada por los reportes, una explicación de fondo que relacionara expresamente la renuncia con las publicaciones.
El caso plantea además una pregunta sobre los mecanismos de transparencia en la administración pública: qué información sobre la trayectoria profesional debe ser declarada, cómo se verifica y qué procedimientos se activan cuando aparecen datos relevantes después de una designación.
También exige cautela al abordar los vínculos con empresarios o compañías objeto de investigaciones periodísticas. Es legítimo examinar las relaciones que pueden ser pertinentes para la gestión pública, pero para atribuir responsabilidades se requieren pruebas concretas de conductas irregulares, no solo cercanía personal o profesional.
La duración de tres días convirtió el nombramiento en un episodio inusual dentro de la administración ambiental. No obstante, la brevedad del ejercicio del cargo no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad administrativa o penal, ni explica automáticamente las razones de la dimisión.
Por ahora, los hechos documentados son su nombramiento el 5 de octubre, la aceptación de su renuncia el día 8 y los cuestionamientos periodísticos sobre su experiencia en Inlaca y la información que presentó para asumir la subdirección técnica. La relación causal entre esas publicaciones y su salida no ha sido confirmada oficialmente.
El caso de Rafael More deja abiertas preguntas sobre la verificación de las hojas de vida, los criterios de selección de funcionarios y la transparencia de los nombramientos en entidades públicas. Resolverlas exige contrastar los documentos oficiales con los reportes periodísticos y mantener la diferencia entre hechos comprobados, cuestionamientos y posibles irregularidades aún no establecidas.
