El proyecto no solo endurece penas: crea una lista de actores terroristas con efectos patrimoniales, judiciales, penitenciarios y militares que abren interrogantes constitucionales...
El Estatuto Antiterrorista busca ampliar las herramientas contra grupos armados, pero una definición amplia podría poner en riesgo el debido proceso, la protesta, la libertad de expresión y asociación...