El Gobierno de Abelardo De la Espriella convirtió las capturas en uno de los principales indicadores para comunicar sus primeros resultados en materia de seguridad. En sus redes sociales, el presidente comenzó a acumular los detenidos desde el 7 de agosto y presentó el dato dentro de mensajes sobre la ofensiva de la Fuerza Pública contra el crimen.
La cifra creció rápidamente en las publicaciones presidenciales. El 26 de agosto, De la Espriella informó que desde el comienzo de su Gobierno habían sido capturadas 8.424 personas. Una semana después reportó 12.575. Posteriormente, la Policía confirmó que entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre se habían producido 13.580 capturas en el país.
El primer elemento que debe precisarse es que el número no es inventado. La Policía Nacional confirmó que las 13.580 capturas hacen parte de los registros del Siedco, el sistema de información utilizado para consolidar la actividad policial. Por eso, el cuestionamiento no está en la existencia de la cifra, sino en lo que comunica cuando se presenta sin suficiente desagregación.
El Siedco registra las capturas realizadas por diferentes delitos contemplados en el Código Penal y distingue entre aquellas efectuadas en flagrancia y las que se producen mediante orden judicial. Por lo tanto, el acumulado comprende un universo mucho más amplio que las operaciones contra organizaciones armadas o estructuras de narcotráfico.
Ese detalle resulta relevante porque los mensajes del Gobierno suelen colocar el número de capturas junto a resultados de operaciones contra estructuras criminales, destrucción de laboratorios, incautaciones, captura de cabecillas y acciones contra grupos como el Clan del Golfo. La proximidad entre esos elementos puede hacer que el ciudadano interprete que todos forman parte de un mismo resultado operacional.
Pero las 13.580 capturas no equivalen a 13.580 integrantes de organizaciones criminales capturados. Tampoco permiten afirmar que todas estén relacionadas con narcotráfico, terrorismo, grupos armados ilegales o estructuras de crimen organizado. Para establecerlo sería necesario conocer la composición de ese universo según delito, modalidad de captura y relación con investigaciones contra organizaciones criminales.
La composición del dato ayuda a entender el problema. De las 13.580 capturas registradas en el periodo analizado, 11.840 fueron realizadas en flagrancia, equivalentes al 87 por ciento. Las restantes 1.740, el 13 por ciento, correspondieron a órdenes judiciales.
La diferencia es importante para la interpretación de los resultados. Una captura en flagrancia puede producirse por una amplia variedad de conductas delictivas y no demuestra por sí misma que exista una investigación previa contra una estructura criminal. Una captura mediante orden judicial, en cambio, suele estar asociada a procesos investigativos desarrollados previamente por las autoridades, aunque tampoco significa automáticamente que el detenido pertenezca a una organización criminal.
Los delitos que concentran las capturas también muestran la amplitud de la estadística. El tráfico o porte de estupefacientes ocupó el primer lugar, con 3.660 capturas, el 27 por ciento del total. Le siguieron las lesiones personales, el hurto a personas, la violencia intrafamiliar y el porte de armas. Los diez delitos con mayor número de capturas representaron el 77 por ciento del total.
Que el porte o tráfico de estupefacientes aparezca en primer lugar tampoco significa que esas 3.660 capturas correspondan a grandes organizaciones narcotraficantes. La categoría incluye diferentes niveles de participación y modalidades delictivas. Para establecer cuántas capturas estuvieron relacionadas con estructuras organizadas sería necesario un desglose que la cifra acumulada no proporciona.
La forma de presentar el número también produjo una aparente contradicción entre los reportes diarios y el acumulado. En una publicación del 26 de agosto, por ejemplo, el presidente habló de 51 capturas en las últimas 24 horas. El 2 de septiembre reportó 18. Esos números diarios no explicaban por sí solos el crecimiento del acumulado de miles de capturas, porque se trataba de universos estadísticos diferentes.
El acumulado desde el 7 de agosto corresponde a todas las capturas registradas en el territorio nacional durante ese periodo. Los reportes diarios del presidente, en cambio, hacen referencia a resultados de operaciones específicas. La diferencia no demuestra que uno de los datos sea falso, pero sí muestra por qué la manera de comunicarlos puede producir confusión.
El problema se vuelve más evidente cuando el acumulado aparece bajo expresiones como “ofensiva contra el crimen” o “ofensiva de nuestra Fuerza Pública” y, en el mismo mensaje, se enumeran operaciones contra organizaciones criminales. La ausencia de una explicación sobre qué porcentaje corresponde a cada tipo de delito o de operación deja abierta una interpretación más amplia de la que permite la estadística.
Por eso, el cuestionamiento periodístico no debería consistir en afirmar que el Gobierno inventó las 13.000 capturas. Esa afirmación no está respaldada por los datos disponibles. La discusión más precisa es si una cifra general de capturas está siendo utilizada comunicativamente para reforzar una narrativa de resultados contra el crimen organizado sin explicar suficientemente qué contiene ese número.
También es relevante que la cifra no resulta excepcional en términos históricos. Para el mismo periodo del año, entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre, Colombia registró en años anteriores entre 10.698 y 21.259 capturas. El promedio de los tres años más recientes fue de 13.007. Las 13.580 de 2026 están por encima de ese promedio, pero no constituyen un récord.
De hecho, según la revisión de los registros históricos realizada por La Silla Vacía, el dato de 2026 se ubica como el quinto más bajo de los últimos 16 años para ese mismo intervalo. Esto no significa que la política de seguridad del nuevo Gobierno sea eficaz o ineficaz; significa que el número, por sí solo, no permite presentarla como un resultado históricamente excepcional.
La comunicación presidencial, sin embargo, parece privilegiar la acumulación de resultados operacionales como una manera rápida de mostrar acción frente a la inseguridad. En un Gobierno que llegó al poder con un discurso de mano dura, las capturas funcionan como una cifra fácilmente comprensible y susceptible de ser actualizada diariamente.
Esa estrategia tiene una ventaja política evidente: transforma una política compleja en un marcador. Cada nueva captura permite aumentar el acumulado y mostrar actividad de la Fuerza Pública. El riesgo está en que el número termine funcionando como sustituto de indicadores más complejos sobre seguridad, como la reducción de homicidios, extorsiones y secuestros, la desarticulación efectiva de estructuras, las judicializaciones, las condenas o la pérdida de capacidad territorial de las organizaciones criminales.
Una captura tampoco equivale necesariamente a una condena. Entre la aprehensión de una persona y la demostración de su responsabilidad penal existe un proceso judicial. Por esa razón, los resultados de seguridad requieren distinguir entre capturados, imputados, acusados, condenados y miembros efectivamente identificados de una estructura criminal.
El propio debate sobre las 13.580 capturas muestra entonces la importancia de comunicar las estadísticas con contexto. El dato puede ser verdadero y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para sustentar la interpretación política que se construye alrededor de él. La pregunta no es solamente cuántas personas fueron capturadas, sino quiénes fueron, por qué delitos, bajo qué modalidad y qué impacto tuvieron esas capturas sobre las organizaciones criminales.
La discusión termina planteando un desafío más amplio para la comunicación de la seguridad durante el Gobierno de De la Espriella: distinguir entre contar operaciones y demostrar resultados. Las 13.580 capturas constituyen un dato oficial de actividad policial, pero no permiten por sí solas afirmar que el Estado haya capturado a 13.580 integrantes del crimen organizado ni que la cifra represente un resultado excepcional contra el narcotráfico o el terrorismo.
