El presidente Abelardo De la Espriella formalizó el cierre de dos espacios de diálogo heredados del Gobierno de Gustavo Petro: la Mesa de Diálogos de Paz con Comuneros del Sur, en Nariño, y el espacio de conversación sociojurídica con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Las decisiones quedaron plasmadas en resoluciones expedidas el 3 de septiembre de 2026.
La determinación hace parte del desmonte de la política de Paz Total y consolida el giro del nuevo Gobierno hacia una estrategia basada en la acción de la Fuerza Pública, la persecución judicial y el sometimiento a la justicia. De la Espriella sostuvo que el Estado no negociará su soberanía con estructuras criminales.
En el caso de Comuneros del Sur, la Resolución Ejecutiva 365 del 3 de septiembre dio por terminada formalmente la mesa que había sido instalada durante el Gobierno anterior. El documento fue incorporado al sistema normativo de la Presidencia y puso fin al mecanismo institucional de negociación con esa estructura.
Comuneros del Sur es una estructura que se separó del ELN y posteriormente inició un proceso independiente con el Gobierno. Las conversaciones comenzaron en 2024 y buscaban conducir al grupo hacia una salida de la confrontación armada y una eventual transición a la legalidad.
El proceso había producido algunos resultados concretos. Durante las conversaciones se alcanzaron acuerdos relacionados con desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, víctimas, sustitución de cultivos ilícitos, entrega de material de guerra y construcción de una ruta para la reincorporación de los integrantes de la organización.
Uno de los resultados más visibles fue la entrega y destrucción de material bélico. En 2025, Comuneros del Sur entregó centenares de artefactos explosivos y otros elementos de guerra en el marco de los compromisos adquiridos con el Gobierno. El proceso también avanzó hacia la creación de una Zona de Ubicación Temporal para facilitar la transición de los integrantes del grupo.
Sin embargo, esos avances no significaban que el proceso hubiera llegado a una desmovilización definitiva. La sustitución de cultivos, por ejemplo, contemplaba una meta de 5.000 hectáreas en municipios de Nariño, pero la existencia de un acuerdo o una meta pactada no equivale a que esa superficie hubiera sido efectivamente sustituida. El balance del proceso, por tanto, combinaba avances verificables con compromisos todavía pendientes.
La situación también se complicó por hechos atribuidos a integrantes de Comuneros del Sur durante 2026. Entre ellos estuvo el operativo realizado en una clínica de Pasto para sacar a uno de sus integrantes, un episodio que golpeó la confianza en el proceso y sirvió como argumento para quienes cuestionaban la continuidad de la negociación.
Antes de ordenar el cierre, el Gobierno de De la Espriella había autorizado además la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias H.H., señalado como líder de Comuneros del Sur. El Presidente argumentó que no encontró resultados verificables suficientes de algunos de los dirigentes vinculados a los procesos de paz y sostuvo que las mesas no podían convertirse en mecanismos para evadir la justicia.
La terminación de la mesa de Nariño, por eso, no puede interpretarse únicamente como la constatación de que el proceso no produjo ningún resultado. Sí hubo avances humanitarios y operativos, pero no se había alcanzado el objetivo final de desarticular completamente la estructura y conducir a todos sus integrantes hacia la legalidad.
En Medellín y el Valle de Aburrá, el Gobierno también decidió terminar el espacio sociojurídico que había funcionado con estructuras criminales de la región. El mecanismo buscaba avanzar hacia acuerdos con cabecillas privados de la libertad y explorar condiciones para reducir la violencia urbana. La decisión presidencial retiró a los representantes gubernamentales y puso fin formal al espacio.
El cierre de ambas experiencias tiene una diferencia importante. En Nariño se trataba de una organización armada de carácter rural con presencia territorial y antecedentes vinculados al ELN; en Medellín se trataba de estructuras criminales urbanas. El Gobierno decidió aplicar a ambos casos una misma premisa: la salida de las organizaciones debe producirse mediante el sometimiento a la justicia y no mediante negociaciones políticas.
Esa posición fue reiterada por De la Espriella el 4 de septiembre, cuando anunció públicamente que había expedido los actos administrativos para poner fin a las mesas y conversaciones sociojurídicas creadas durante la administración anterior. También ordenó a las autoridades competentes avanzar en las capturas y extradiciones pendientes.
La decisión tuvo una consecuencia política adicional en Nariño. Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, el Presidente advirtió que ningún gobernador o alcalde puede adelantar por cuenta propia negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. De la Espriella afirmó que quienes crucen esa línea deberán responder ante la justicia.
La advertencia fue dirigida expresamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Frente a los asistentes a la cumbre, el Presidente le dijo: “Está advertido”, después de insistir en que las autoridades territoriales no pueden establecer canales paralelos de negociación con organizaciones armadas.
El mensaje presidencial se produjo en un contexto de diferencias públicas entre la Casa de Nariño y el gobernador sobre la política de seguridad. De la Espriella defiende una estrategia de recuperación del control territorial mediante la Fuerza Pública, mientras Escobar ha defendido la importancia de los mecanismos de diálogo y ha cuestionado algunos aspectos de la nueva política de confrontación.
Escobar respondió que no ha adelantado negociaciones clandestinas ni acuerdos por fuera de los canales institucionales. El gobernador sostuvo que los diálogos con grupos armados correspondían al Gobierno Nacional y que la administración departamental participaba institucionalmente dentro de ese proceso. “No hay nada por debajo de la mesa”, afirmó.
La controversia, por tanto, no se limita al futuro de Comuneros del Sur. También plantea una discusión sobre el alcance de la autonomía territorial frente a una política nacional de seguridad. De la Espriella sostiene que la autoridad sobre las negociaciones con estructuras armadas corresponde al Estado central y que ningún mandatario regional puede crear canales paralelos.
En Nariño queda ahora el interrogante sobre qué ocurrirá con los compromisos alcanzados durante la mesa. El cierre administrativo no elimina los problemas que dieron origen al proceso: presencia de estructuras armadas, economías ilícitas, cultivos de coca, minas antipersonal y comunidades sometidas a distintas formas de violencia. Tampoco garantiza, por sí mismo, que los avances alcanzados desaparezcan o que la estructura armada abandone sus actividades.
El Gobierno ha escogido una ruta distinta: capturas, extradiciones, operaciones militares y sometimiento a la justicia. La eficacia de esa decisión tendrá que medirse por resultados que vayan más allá del cierre de las mesas: reducción de la violencia, recuperación efectiva del control territorial, desarticulación de las estructuras y protección de las comunidades. En el caso de Comuneros del Sur, la evidencia disponible muestra que el diálogo había producido avances, pero también que no había completado su objetivo final; por eso, su terminación representa un cambio de estrategia más que la conclusión de un proceso que ya hubiera resuelto el conflicto en Nariño.
