La tragedia provocada por el doblete sísmico que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. Las autoridades venezolanas elevaron este viernes 27 de junio el balance oficial a al menos 920 personas fallecidas, más de 4.500 heridas y alrededor de 50.000 desaparecidas, cifras que podrían seguir aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate en las zonas devastadas del norte del país.
Los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia durante la tarde del miércoles festivo 24 de junio, fecha en la que Venezuela conmemora la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. Expertos internacionales han calificado el fenómeno como un “doblete sísmico”, una secuencia excepcionalmente rara de dos terremotos principales de gran magnitud ocurridos prácticamente de manera simultánea.
El estado de La Guaira continúa siendo el epicentro de la catástrofe humanitaria. Allí se concentra la mayor parte de los fallecidos, desaparecidos y estructuras colapsadas, especialmente en sectores de Catia La Mar, Maiquetía, Macuto y Caraballeda, donde centenares de edificios residenciales y comerciales sufrieron daños severos o colapsaron por completo.
Las operaciones de rescate han entrado en una fase crítica. Autoridades venezolanas, equipos internacionales y miles de voluntarios civiles trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes atrapados bajo los escombros, conscientes de que las probabilidades de hallar personas con vida disminuyen drásticamente después de las primeras 72 horas posteriores al desastre.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció que la magnitud de la emergencia ha desbordado la capacidad de respuesta nacional y confirmó la llegada de equipos especializados de búsqueda y rescate provenientes de diversos países. La mandataria también admitió que el número de desaparecidos continúa siendo provisional debido a las dificultades para establecer comunicaciones y censos en varias zonas afectadas.
Paralelamente a la crisis humanitaria, las autoridades venezolanas han reportado un incremento de saqueos y actos de vandalismo en algunas zonas de La Guaira. Comercios, supermercados y depósitos de alimentos han sido objeto de robos, en medio de la escasez de suministros, los cortes eléctricos y el colapso parcial de las cadenas de abastecimiento.
Ante esta situación, el Gobierno venezolano ordenó la militarización parcial del estado de La Guaira y restringió el acceso a varias zonas consideradas prioritarias para las operaciones de rescate. El despliegue incluye efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y organismos policiales, con el objetivo de garantizar la seguridad, controlar el orden público y proteger la distribución de ayuda humanitaria.
La restricción del acceso a determinados sectores ha generado críticas entre familiares de desaparecidos y organizaciones civiles, quienes denuncian dificultades para participar en la búsqueda de sus seres queridos. Habitantes de La Guaira han señalado además que, en muchos casos, las primeras labores de rescate fueron realizadas por vecinos y voluntarios antes de la llegada de equipos especializados.
La emergencia también se ha visto agravada por la ocurrencia de nuevas réplicas. Durante la tarde del viernes se registró un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4,9 en la costa norte venezolana, aumentando el temor entre la población y obligando a suspender temporalmente algunas operaciones de búsqueda en estructuras con riesgo de colapso.
Con más de 920 muertos confirmados, decenas de miles de desaparecidos y millones de personas afectadas, el doble terremoto del 24 de junio ya es considerado uno de los desastres naturales más graves de la historia contemporánea de Venezuela. La comunidad internacional continúa enviando ayuda humanitaria y equipos de rescate, mientras las autoridades advierten que el balance definitivo de víctimas podría tardar semanas en establecerse.
