La revelación de una serie de audios inéditos de conversaciones entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y negociadores del Clan del Golfo desató uno de los mayores escándalos políticos y de seguridad del final del mandato de Gustavo Petro. Las grabaciones, divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, exponen conversaciones sostenidas en septiembre de 2022 con alias “Jerónimo”, uno de los comandantes de la organización criminal, en las que se habrían discutido concesiones estatales a cambio de avanzar hacia un eventual proceso de sometimiento y negociación.
El encuentro revelado ocurrió el 2 de septiembre de 2022, apenas tres semanas después de la posesión presidencial. Según la investigación periodística, a la reunión en el Urabá antioqueño asistieron Danilo Rueda, alias “Jerónimo”, abogados y asesores del Clan del Golfo. En los audios, el entonces comisionado expone lo que describe como una nueva disposición del Estado frente a la organización criminal, en el marco de los primeros acercamientos de la política de “paz total”.
Una de las expresiones que generó mayor controversia fue la frase “jugamos congelado”, utilizada en referencia a la actuación de la Fuerza Pública frente a las actividades del Clan del Golfo. De acuerdo con la interpretación que ha circulado tras la publicación de los audios, esta expresión habría significado una reducción o suspensión temporal de la presión operativa sobre la estructura criminal mientras avanzaban los contactos exploratorios. El abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, sostuvo posteriormente que, si efectivamente se trató de una promesa, esta nunca llegó a cumplirse plenamente.
Otro de los elementos más delicados de las grabaciones es la referencia a una supuesta depuración dentro de las Fuerzas Militares y la Policía. Según los audios, se habría planteado la salida de oficiales considerados por el Clan del Golfo como obstáculos para un eventual proceso de negociación. La revelación reavivó el debate sobre el retiro de decenas de generales y altos mandos ocurrido durante los primeros meses del gobierno Petro, una decisión que en su momento fue presentada oficialmente como parte de una reorganización institucional.
Las grabaciones también contienen referencias al eventual cese de bombardeos y a la suspensión de determinadas operaciones de inteligencia contra el Clan del Golfo. Según la investigación de Noticias Caracol, estos compromisos habrían sido planteados como gestos para construir confianza durante la fase exploratoria de las conversaciones. El reportaje incluso menciona discusiones sobre garantías frente a eventuales extradiciones y órdenes de captura.
El presidente Gustavo Petro respondió a la controversia defendiendo la política de paz total y asegurando que cualquier acercamiento con organizaciones armadas debía entenderse dentro de estrategias orientadas a la desmovilización y el desmantelamiento de estructuras criminales. El mandatario negó haber ordenado suspender operaciones militares contra el Clan del Golfo y sostuvo que las decisiones estratégicas de seguridad siempre permanecieron bajo control institucional.
Por su parte, Danilo Rueda afirmó que las conversaciones reveladas correspondían a una fase exploratoria y negó categóricamente que el presidente hubiera impartido órdenes para detener operaciones militares contra la organización criminal. En declaraciones a Caracol Radio, el excomisionado sostuvo que “nunca hubo una decisión del presidente que frenara operaciones contra el Clan del Golfo” y defendió que las conversaciones buscaban abrir canales de diálogo para un eventual sometimiento colectivo.
Las revelaciones provocaron fuertes reacciones entre oficiales retirados de las Fuerzas Militares y la Policía, algunos de los cuales interpretaron los audios como una confirmación de las sospechas que habían expresado desde 2022 sobre la reestructuración del alto mando. Varios generales en retiro solicitaron investigaciones judiciales y disciplinarias para determinar si existieron decisiones adoptadas por razones distintas a criterios institucionales o de seguridad nacional.
El exministro de Defensa Iván Velásquez rechazó haber conocido o autorizado compromisos de esa naturaleza durante su gestión. Según las explicaciones recogidas tras la publicación de los audios, Velásquez aseguró que las decisiones relacionadas con operaciones militares, inteligencia y cambios en el alto mando obedecieron a criterios institucionales y negó que la cartera de Defensa hubiera subordinado sus actuaciones a acuerdos informales con el Clan del Golfo.
La magnitud de las revelaciones llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una indagación previa contra Danilo Rueda, Iván Velásquez, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, y otros funcionarios relacionados con las negociaciones. Paralelamente, el actual Ministerio de Defensa anunció que las Fuerzas Militares y la Policía buscarán ser reconocidas como víctimas dentro de las investigaciones, mientras el país enfrenta un nuevo debate sobre los límites, los costos y la transparencia de la política de paz total implementada durante el cuatrienio.
