El tribunal de justicia transicional tomó la determinación definitiva de retirar los beneficios de comparecencia a Santoyo debido al incumplimiento de sus compromisos adquiridos.
La magistratura argumentó que los relatos presentados no aportaban datos novedosos que permitieran esclarecer los crímenes cometidos durante los años más agudos del conflicto armado.
Mauricio Santoyo había ingresado a la jurisdicción con la promesa de revelar detalles minuciosos sobre la cooperación entre agentes estatales y estructuras de las autodefensas unidas.
Las víctimas manifestaron de manera reiterada su inconformidad ante las evasivas del exgeneral en las audiencias de aporte temprano a la verdad programadas por la magistratura.
La decisión ratifica que el sistema de justicia transicional exige estándares sumamente estrictos en materia de esclarecimiento e información fidedigna sobre violaciones a los derechos humanos.
El exjefe de seguridad del gobierno nacional ya había purgado una condena penal en los Estados Unidos antes de afrontar sus requerimientos judiciales pendientes en el territorio colombiano.
La JEP comprobó que las declaraciones no resolvían las dudas existentes respecto a las redes de apoyo que facilitaron el accionar paramilitar en diversas zonas urbanas.
Además de los crímenes de lesa humanidad, el exoficial deberá responder ante la justicia ordinaria por los delitos conexos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones señalan que presuntamente recibió millonarios sobornos por parte de facciones delincuenciales a cambio de obstruir las operaciones de los organismos de inteligencia del Estado.
El proceso penal ahora retornará a los despachos de la Fiscalía General de la Nación para que se continúe con las etapas de juzgamiento correspondientes.
Los representantes de los colectivos de víctimas celebraron la determinación al considerar que se frena la instrumentalización de la JEP para evadir las prisiones ordinarias.
El caso sienta un precedente definitivo para los demás miembros de la fuerza pública comparecientes que aún no deciden entregar información sustancial al tribunal especial.
