La gira nacional emprendida por el senador Iván Cepeda para reorganizar a la izquierda tras la derrota electoral ha estado marcada por un mensaje que ha generado tanto respaldo como cuestionamientos dentro de su propio sector: el llamado a la desobediencia civil pacífica frente al gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
Cepeda ha sostenido que la convocatoria no busca desconocer el resultado de las urnas, sino responder a lo que considera un problema de legitimidad si De La Espriella se posesiona sin renunciar a su ciudadanía estadounidense y sin aclarar otros cuestionamientos relacionados con la soberanía nacional. El senador ha insistido en que se trata de una forma de resistencia pacífica inspirada en la tradición de la desobediencia civil y no de un llamado a la violencia.
Sin embargo, esa postura ha abierto un debate en el interior de la izquierda. Mientras algunos dirigentes y militantes consideran que la movilización ciudadana es una herramienta legítima para ejercer la oposición, otros creen que hablar de desobediencia civil antes incluso de la posesión del nuevo gobierno puede transmitir un mensaje equivocado y debilitar la legitimidad de la oposición democrática.
Uno de los sectores que respalda a Cepeda sostiene que el nuevo gobierno plantea interrogantes suficientes para justificar una vigilancia permanente desde el primer día. En esa línea, consideran que la oposición debe organizarse desde ahora para responder a eventuales decisiones que, a su juicio, puedan afectar la soberanía, los derechos adquiridos o las garantías democráticas.
Otra corriente dentro del progresismo ha planteado una posición más cautelosa. Sin desconocer las preocupaciones expresadas por Cepeda, algunos dirigentes consideran que la prioridad debería ser consolidar una oposición institucional, ejercer control político desde el Congreso y acudir a las herramientas previstas en la Constitución antes de convocar formas de resistencia civil.
Las diferencias también responden al momento político que atraviesa la izquierda. Tras perder la Presidencia, el bloque progresista enfrenta el reto de redefinir su liderazgo y construir una estrategia de oposición. En ese contexto, las declaraciones de Cepeda han acelerado una discusión sobre el tono que debe asumir ese sector frente al próximo gobierno.
Las fisuras no son nuevas. Después de las elecciones ya habían aparecido críticas internas sobre la conducción de la campaña presidencial, la falta de autocrítica y la estrategia electoral del progresismo. El debate sobre la desobediencia civil se suma ahora a esas diferencias y evidencia que no existe una posición unificada sobre la manera de enfrentar al nuevo Ejecutivo.
Cepeda, por su parte, ha reiterado su mensaje durante los actos de su gira y ha convocado a mantener la movilización ciudadana. Además, invitó a realizar un homenaje al presidente Gustavo Petro antes de la transmisión del mando, insistiendo en que la organización social será una pieza central de la oposición durante los próximos cuatro años.
El debate también ha trascendido las fronteras del Pacto Histórico. Diversos analistas han señalado que la desobediencia civil tiene una larga tradición en el pensamiento político democrático, pero recuerdan que históricamente se ha concebido como un recurso excepcional cuando se han agotado los mecanismos institucionales. Algunos consideran que invocarla antes de que el nuevo gobierno inicie funciones puede resultar prematuro.
Mientras la gira de Iván Cepeda continúa por distintas regiones del país, la discusión sobre la desobediencia civil refleja uno de los primeros grandes debates de la oposición tras el cambio de gobierno. Más allá de las críticas provenientes de los sectores afines al presidente electo, el episodio ha puesto de manifiesto que la izquierda aún busca definir una estrategia común y el equilibrio entre la movilización social y la acción institucional para ejercer oposición durante el mandato de Abelardo De La Espriella.
