La entrevista de Angie Rodríguez, entonces gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), abrió una nueva crisis en el Gobierno de Gustavo Petro. En sus declaraciones públicas, la funcionaria denunció presuntas irregularidades en el manejo de recursos, presiones internas, amenazas y redes de influencia dentro del Ejecutivo, mientras el presidente respondió solicitando que fuera declarada insubsistente y cuestionando su gestión.
Uno de los principales señalamientos de Rodríguez estuvo relacionado con una propuesta para trasladar cerca de 1,2 billones de pesos del Fondo Adaptación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según explicó, los recursos estaban destinados a proyectos de mitigación de inundaciones en La Mojana y ya tenían compromisos jurídicos y contractuales, por lo que consideró que el cambio podía generar irregularidades.
Rodríguez sostuvo que no había sido incluida en algunas decisiones relacionadas con el manejo de esos recursos y que manifestó formalmente su desacuerdo. Su posición la enfrentó con sectores del Gobierno y convirtió el traslado presupuestal en uno de los principales puntos de la controversia. La exfuncionaria afirmó que su negativa a respaldar determinadas decisiones estuvo seguida de presiones y de un deterioro de su relación con la Casa de Nariño.
Durante la entrevista también habló de la existencia de presuntas “bodegas” y de mecanismos de presión dentro del Gobierno. Además, aseguró haber recibido advertencias sobre posibles riesgos para su seguridad y denunció amenazas contra ella y su entorno familiar. Entre los hechos que mencionó estuvo un ataque contra la vivienda de sus padres, situación que, según su versión, incrementó sus temores y la llevó a pedir mayores garantías de protección.
Otro de los nombres que apareció en sus declaraciones fue el de Juliana Guerrero, a quien Rodríguez atribuyó una amplia influencia en decisiones administrativas y políticas, pese a que no ocupaba un cargo formal dentro del Gobierno. La exdirectora del Dapre afirmó que Guerrero actuaba como “ama y señora” en distintos asuntos del Ejecutivo y que había advertido al presidente Petro sobre el poder que, según ella, ejercía la joven en el entorno gubernamental.
Las denuncias se produjeron en medio de cuestionamientos previos contra Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero. Ambas habían sido señaladas por empresarios y otros sectores de presuntamente participar en gestiones para obtener contratos o impulsar proyectos públicos a cambio de pagos. Las acusaciones incluyen supuestos cobros indebidos y tráfico de influencias, hechos que han generado solicitudes de investigación, aunque las responsabilidades individuales deben ser establecidas por las autoridades competentes.
El caso de Juliana Guerrero también estuvo rodeado de cuestionamientos por presuntas irregularidades relacionadas con sus títulos académicos. Además de su cercanía con el presidente, había ejercido representación del Gobierno en el consejo de la Universidad del Cesar, una función que aumentó la atención sobre su papel político. Petro defendió públicamente a las hermanas Guerrero, mientras sectores de la izquierda y figuras cercanas al petrismo pidieron que los señalamientos fueran investigados de manera independiente.
Tras la entrevista de Rodríguez, Petro pidió públicamente al ministro de Hacienda que la declarara insubsistente. El mandatario sostuvo que la funcionaria había sido retirada por “incompetente” y la acusó de utilizar la función pública en beneficio propio. Sus declaraciones transformaron el desacuerdo administrativo en una confrontación pública entre el presidente y una exintegrante de su círculo de confianza.
El presidente también cuestionó la situación médica de Rodríguez y divulgó información relacionada con su estado de salud. La exfuncionaria rechazó esas afirmaciones y las interpretó como un intento de desacreditar sus denuncias y estigmatizarla. La controversia abrió un debate sobre los límites de la confrontación política y la divulgación de información personal en medio de un conflicto entre un jefe de Estado y una funcionaria que denunció posibles irregularidades.
Al día siguiente, Rodríguez elevó el tono de sus acusaciones y señaló a Petro de presunto acoso laboral, insultos y amenazas. En una entrevista radial afirmó que el presidente era su “mayor victimario” y aseguró que temía por su vida. También sostuvo que había sufrido represalias desde el interior del Gobierno por sus posiciones frente al manejo de los recursos y por sus cuestionamientos a personas cercanas al mandatario.
Petro negó las acusaciones y respondió que no había tenido la cercanía personal que Rodríguez describía. Además, la acusó de realizar afirmaciones calumniosas y anunció posibles acciones legales. El presidente también relacionó a la exfuncionaria con sectores que, según él, tenían vínculos con el paramilitarismo, señalamientos que Rodríguez rechazó y consideró parte de una estrategia para desacreditarla.
La salida de Rodríguez del Fondo Adaptación quedó vinculada políticamente a sus denuncias, aunque las partes ofrecieron explicaciones opuestas. Petro sostuvo que la decisión obedecía a una pérdida de confianza y a problemas en la gestión de la entidad. Rodríguez, en cambio, afirmó que su retiro era una represalia por haberse opuesto al traslado de los recursos destinados a La Mojana y por haber revelado presuntas irregularidades dentro del Gobierno.
La controversia también generó cuestionamientos sobre las garantías laborales y de seguridad de la exfuncionaria. El presidente electo Abelardo de la Espriella pidió que se le brindara protección y solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría escuchar su versión y revisar los hechos denunciados. El pronunciamiento convirtió el caso en un asunto de transición política y aumentó la presión para que las acusaciones fueran examinadas por los organismos de control.
El episodio dejó expuestas las tensiones de un Gobierno que se acercaba al final de su mandato. Las denuncias de Rodríguez se sumaron a los cuestionamientos sobre la influencia de personas sin cargos formales, las presuntas redes de contratación y las disputas internas por el manejo de recursos públicos. Al mismo tiempo, la respuesta de Petro profundizó la confrontación y trasladó el debate desde la gestión administrativa hacia acusaciones personales y políticas.
La suerte de las denuncias dependerá de las investigaciones que adelanten las autoridades y de la evidencia que se presente para respaldar cada señalamiento. Hasta ahora, las declaraciones de Rodríguez han abierto un debate público sobre el manejo de recursos, la influencia de las hermanas Guerrero y el trato que recibió la exfuncionaria, pero las acusaciones no equivalen por sí mismas a responsabilidades probadas. El caso se convirtió en uno de los últimos grandes escándalos del Gobierno Petro y dejó una disputa abierta entre la versión de quien denunció presiones y la del presidente que ordenó su salida.
