La presencia de personal y aeronaves militares de Estados Unidos en operaciones o actividades de seguridad en Colombia abrió una discusión sobre el alcance de la cooperación entre Bogotá y Washington y, particularmente, sobre los controles constitucionales que deben aplicarse cuando tropas extranjeras ingresan o transitan por territorio nacional. El debate tomó fuerza después de que el Comando Sur difundiera imágenes de helicópteros de los Marines sobre Tumaco y de que autoridades colombianas reconocieran apoyo estadounidense en una operación de rescate en Catatumbo.
El episodio de Catatumbo ocurrió este 15 de septiembre, cuando ocho personas secuestradas por el ELN fueron rescatadas en una operación de la Fuerza Pública en Norte de Santander. El Gobierno presentó el procedimiento como una operación de precisión ejecutada por las autoridades colombianas, mientras versiones difundidas posteriormente señalaron la participación o apoyo del Comando Sur de Estados Unidos.
En este caso, el punto que todavía necesita mayor precisión es qué significa exactamente la participación estadounidense. La expresión puede comprender desde intercambio de inteligencia o apoyo técnico hasta presencia física de personal durante una misión. Sin establecer cuál de esas modalidades ocurrió, no es posible equiparar automáticamente cooperación militar con participación directa de tropas extranjeras en combate.
La situación de Nariño tiene características diferentes. El 27 de agosto, tres helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de Estados Unidos estuvieron en Tumaco. El Comando Sur publicó posteriormente una fotografía de dos de las aeronaves y describió la actividad como un “operational site survey”, una evaluación o reconocimiento operacional del lugar.
Según la reconstrucción publicada por CAMBIO, los helicópteros llegaron a Colombia para apoyar el desplazamiento del comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, durante una visita oficial al país y posteriormente a Ecuador. La información permite establecer la presencia de las aeronaves, pero no demuestra por sí misma que hayan participado en una operación ofensiva colombiana.
El propio Ministerio de Defensa, según informó EL PAÍS, ha sostenido que existe presencia de personal estadounidense en Colombia, pero que su función se limita a asesoría, asistencia técnica y enlace, sin participación operacional directa. Esa explicación introduce una diferencia sustancial frente a la lectura que algunos sectores políticos han hecho de las publicaciones del Comando Sur.
El problema jurídico aparece porque la Constitución colombiana establece expresamente un control del Senado sobre el tránsito de tropas extranjeras. El artículo 173, numeral 4, señala que corresponde al Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.
La propia Constitución contempla una excepción para cuando el Senado está en receso. El artículo 189, numeral 7, permite al Presidente autorizar el tránsito de tropas extranjeras en esas circunstancias, pero exige previamente un dictamen del Consejo de Estado.
El diseño constitucional también involucra al Consejo de Estado en relación con el tránsito de tropas y con el estacionamiento o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra. La Corte Constitucional ha estudiado precisamente el alcance de estas competencias y su relación con la cooperación militar internacional.
La controversia, por tanto, no consiste simplemente en determinar si Estados Unidos es un aliado militar de Colombia. La pregunta es si las actividades concretas desarrolladas en territorio colombiano durante estas semanas encajan jurídicamente dentro de una cooperación que puede ejecutar el Gobierno o si, por sus características, activan los controles constitucionales previstos para el tránsito de tropas extranjeras.
La discusión tiene un antecedente relevante. En 2020, la presencia en Colombia de una Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército estadounidense produjo una controversia precisamente sobre si sus actividades constituían cooperación militar o si requerían la intervención del Senado prevista en el artículo 173.4. El episodio terminó involucrando a distintas autoridades judiciales y al Congreso.
Ese antecedente resulta relevante porque muestra que la distinción entre asesoría, entrenamiento, asistencia y presencia operacional no es meramente semántica. Dependiendo de las funciones desarrolladas por el personal extranjero, las consecuencias jurídicas pueden ser diferentes.
Ahora la discusión vuelve a aparecer, pero con una diferencia: esta vez parte de publicaciones del propio Comando Sur. Las imágenes de los helicópteros sobre Tumaco hicieron visible una presencia militar estadounidense que, durante años, había estado mucho menos expuesta públicamente. EL PAÍS describió ese cambio como una exhibición más abierta de la cooperación militar entre Washington y Bogotá.
La publicación estadounidense también utilizó un lenguaje que alimentó las preguntas. El Comando Sur explicó que sus fuerzas desarrollan actividades para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores considerados amenazas y mantener una presencia continua en su área de responsabilidad. Ese lenguaje excede la descripción de una simple visita protocolaria, aunque no permite concluir por sí solo que los Marines hayan ejecutado acciones de combate en Colombia.
La oposición ha puesto el foco precisamente en la ausencia de un debate público en el Congreso. La representante Laura Daniela Beltrán cuestionó que el Gobierno no hubiera informado, según su denuncia, de un trámite previo ante el Senado o el Consejo de Estado para la presencia estadounidense en Tumaco y preguntó bajo qué fundamento constitucional se produjo.
La existencia de esa denuncia parlamentaria no equivale, sin embargo, a una determinación judicial de ilegalidad. Para establecer si hubo o no incumplimiento constitucional habría que conocer qué autorización recibió la misión, cuál fue la naturaleza jurídica de la actividad y qué acuerdos o instrumentos de cooperación fueron invocados por el Ejecutivo.
También es necesario distinguir entre la presencia de aeronaves militares y el tránsito de tropas. Un helicóptero estadounidense que transporta a un funcionario durante una visita oficial no necesariamente plantea la misma cuestión que un contingente de militares extranjeros que permanece en Colombia y participa en una operación. La calificación jurídica depende de las circunstancias concretas.
La operación de Catatumbo eleva aún más la importancia de esa información. Si el apoyo estadounidense consistió exclusivamente en inteligencia o asistencia técnica desde instalaciones previamente autorizadas, el escenario sería distinto de aquel en el que militares estadounidenses estuvieron físicamente integrados a las unidades colombianas durante el rescate.
Por eso, el dato que falta no es solamente si “Estados Unidos participó” o no. Lo que debe establecerse es quiénes participaron, cuántos militares estadounidenses estuvieron en territorio colombiano, qué funciones cumplieron, si portaban armas, qué medios utilizaron para desplazarse y bajo qué autorización ingresaron y se movilizaron.
También debería aclararse si el Senado fue informado o consultado, si el Consejo de Estado emitió algún concepto y qué instrumentos bilaterales respaldaron las actividades. La ausencia de información pública sobre estos puntos es precisamente la que alimenta la controversia actual.
El Gobierno enfrenta así una discusión que va más allá de la relación diplomática con Estados Unidos. La cooperación militar bilateral puede continuar siendo una herramienta habitual de la política de seguridad colombiana, pero su ampliación hacia actividades con mayor visibilidad operacional exige explicar dónde se encuentra la frontera entre asistencia extranjera y presencia de tropas extranjeras.
Mientras Washington comunica públicamente sus movimientos, Bogotá ha ofrecido hasta ahora explicaciones más limitadas. Esa diferencia de comunicación es relevante porque deja que las imágenes y los términos utilizados por el Comando Sur sean los que definan buena parte del debate público sobre lo que realmente está ocurriendo en territorio colombiano.
La discusión adquiere especial importancia en regiones como Catatumbo y Nariño, donde la lucha contra grupos armados y el narcotráfico tiene consecuencias directas sobre poblaciones civiles y donde las operaciones militares ocurren dentro de territorios con dinámicas de conflicto complejas. Por eso, además de la discusión constitucional, existe una cuestión de transparencia sobre quién toma las decisiones y bajo qué cadena de mando.
Por ahora, los hechos comprobables permiten afirmar que hubo aeronaves militares estadounidenses en Tumaco y que existe cooperación estadounidense con Colombia en materia de seguridad. También existe información pública que vincula al Comando Sur con el operativo de rescate de los secuestrados en Catatumbo, aunque todavía debe precisarse el alcance de esa participación.
Lo que permanece sin resolver es la dimensión jurídica de esas actividades. La Constitución asigna al Senado una función expresa frente al tránsito de tropas extranjeras y contempla una intervención del Consejo de Estado en determinadas circunstancias. La pregunta que ahora corresponde responder al Gobierno es si las operaciones y desplazamientos estadounidenses de las últimas semanas estuvieron dentro de ese marco y, si lo estuvieron, cuál fue el acto o autorización que los respaldó.
Hasta que esa información sea pública, afirmar que hubo una violación constitucional sería prematuro, pero también lo sería presentar las actividades como una cooperación rutinaria sin explicar su alcance. La controversia está precisamente en esa zona intermedia: entre una alianza militar que Colombia mantiene desde hace décadas y una modalidad de presencia estadounidense que, por primera vez en mucho tiempo, está siendo exhibida públicamente mientras el Congreso permanece sin una explicación detallada sobre sus alcances.
