Álex Saab cambió este martes su posición ante la justicia de Estados Unidos y se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero, en un proceso federal que se desarrolla en Miami. El empresario colombiano aceptó además entregar US$195 millones y colaborar con las autoridades estadounidenses.
La declaración representa un giro respecto de julio de este año, cuando Saab se había declarado no culpable después de ser entregado nuevamente a Estados Unidos. Ahora acepta responsabilidad penal por el delito incluido en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.
El caso está relacionado con contratos del programa venezolano de alimentos CLAP. Según los fiscales estadounidenses, Saab y sus asociados utilizaron empresas ficticias, documentos falsificados y transferencias internacionales para ocultar recursos obtenidos mediante un esquema de corrupción.
Los documentos del acuerdo señalan que Saab conspiró con altos funcionarios del Gobierno venezolano para obtener contratos del CLAP mediante sobornos. La Fiscalía sostiene que uno de esos acuerdos contemplaba el pago de unos US$17 millones a un funcionario por contratos relacionados con el suministro de alimentos.
Según el expediente citado por El País, Saab admitió haber obtenido alrededor de US$195 millones a partir de al menos seis contratos. El acuerdo contempla el decomiso de esa suma y la colaboración para localizar otros bienes relacionados con el esquema.
La acusación estadounidense también vincula las operaciones con la venta de petróleo venezolano después de que Washington impusiera sanciones a Venezuela. Los fiscales sostienen que parte de los recursos obtenidos de esas operaciones fueron canalizados mediante cuentas estadounidenses para facilitar el esquema relacionado con el CLAP.
El cargo por el que Saab se declaró culpable tiene una pena máxima de 20 años. Sin embargo, el acuerdo establece que la Fiscalía recomendará una pena en la parte baja del rango aplicable y que podría solicitar reducciones adicionales si considera que su cooperación constituye una asistencia sustancial para otras investigaciones.
Eso introduce la principal incógnita del caso: qué información está dispuesto a entregar Saab y sobre quiénes. Los documentos conocidos hasta ahora no revelan la naturaleza concreta de las investigaciones en las que colaborará.
La posibilidad de cooperación es especialmente relevante porque Saab estuvo durante años en el centro de las relaciones comerciales y financieras entre empresas privadas y el Gobierno venezolano. Posteriormente ocupó el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela.
Su trayectoria judicial tampoco comenzó con el proceso actual. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentó otro proceso por lavado de dinero. En 2023 quedó en libertad como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
El nuevo proceso volvió a ponerlo bajo custodia estadounidense en 2026. La declaración de culpabilidad convierte ahora una parte de las acusaciones formuladas por la Fiscalía en hechos admitidos judicialmente por el propio acusado, aunque eso no significa que todas las acusaciones históricas contra Saab hayan quedado automáticamente probadas.
Ese matiz es importante al trasladar el caso a Colombia y, particularmente, a la historia profesional de Abelardo de la Espriella. Haber sido abogado de Saab no convierte por sí mismo al abogado en responsable de los delitos cometidos por su cliente.
La defensa jurídica de una persona acusada de un delito es una actividad legítima y protegida por las garantías del debido proceso. Por tanto, la declaración de culpabilidad de Saab no demuestra, por sí sola, que las actuaciones profesionales de De la Espriella hayan sido ilegales.
Pero la relación entre ambos no fue incidental. De la Espriella representó a Saab durante varios años, en una etapa anterior a su detención en Cabo Verde y a la presentación de los cargos estadounidenses. La relación profesional ha sido reconocida públicamente por el propio abogado.
El propio De la Espriella ha contado que, inicialmente, Saab negó tener vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro. Según su versión, aproximadamente dos años después le reconoció que sí era aliado del régimen venezolano.
A partir de ese momento, según el relato de De la Espriella, el abogado le recomendó cooperar con las autoridades estadounidenses. En una entrevista afirmó que le dijo que se sentara con los estadounidenses y colaborara con ellos.
De la Espriella ha ido más lejos al describir esos contactos. En declaraciones divulgadas públicamente afirmó que sentó a Saab con agencias estadounidenses y que hubo varias reuniones documentadas por agencias como la CIA, la DEA y la británica National Crime Agency. Esa afirmación corresponde a su propio relato y requeriría documentación independiente para establecer sus detalles.
Según esa versión, Saab prometía cooperar pero aplazaba repetidamente la decisión. De la Espriella sostiene que finalmente rompió la relación profesional después de que Saab no siguiera su recomendación y avanzara el proceso penal en su contra.
La declaración de culpabilidad introduce ahora una particular paradoja en ese relato: Saab terminó haciendo ante la justicia estadounidense aquello que, según De la Espriella, él mismo le había recomendado años atrás. La diferencia fundamental es que ahora lo hace dentro de un acuerdo judicial que incluye una admisión de culpabilidad, un decomiso y cooperación con los fiscales.
Pero el nuevo escenario también vuelve a poner bajo escrutinio los negocios y los pagos que rodearon aquella relación profesional. En mayo de 2026, una investigación de Daniel Coronell publicada en Cambio documentó transferencias superiores a US$370.000 desde empresas relacionadas con Saab hacia cuentas vinculadas con De la Espriella.
Según la investigación, las transferencias se realizaron entre 2014 y 2015 y provinieron de Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, empresas relacionadas con los negocios de Saab. De la Espriella era entonces su abogado.
Los documentos revisados por la investigación muestran tres transferencias realizadas en 2014 por valores de US$199.950, US$99.950 y US$74.950, de acuerdo con el reporte publicado por El País a partir del trabajo de Coronell.
La existencia de esas transferencias no demuestra por sí misma que De la Espriella haya participado en el esquema criminal por el cual Saab acaba de declararse culpable. Tampoco establece, sin evidencia adicional, que los recursos transferidos al abogado procedieran de los fondos que Saab reconoció como producto del esquema del CLAP.
Esa distinción será fundamental si la cooperación de Saab produce nuevos documentos. Una cosa es determinar que hubo una relación profesional y transferencias económicas entre cliente y abogado; otra, muy distinta, sería demostrar que esos recursos tenían un origen ilícito conocido por el receptor o que el abogado participó en alguna operación criminal.
El cambio de escenario sí genera nuevas preguntas. Si Saab entrega a los fiscales información sobre sus sociedades, cuentas, intermediarios, contratos y relaciones con funcionarios, será necesario establecer si alguno de esos datos se cruza con las operaciones que involucraron a su antiguo abogado.
También podría adquirir importancia lo que Saab pueda decir sobre las conversaciones que mantuvo con De la Espriella. Las comunicaciones entre abogado y cliente están sujetas a reglas de confidencialidad y privilegio, con excepciones determinadas por la legislación. Por eso, la mera posibilidad de que Saab coopere no significa que todas las conversaciones con sus abogados puedan ser utilizadas por los fiscales.
Existe además una dimensión política que no existía cuando De la Espriella ejercía exclusivamente como abogado. Hoy ocupa la Presidencia de Colombia, mientras que la declaración de Saab se produce ante la justicia estadounidense y dentro de un proceso que involucra a una figura central de la estructura económica del antiguo Gobierno de Maduro.
Eso convierte cualquier nueva revelación sobre la relación entre ambos en un asunto potencialmente institucional, aunque no necesariamente judicial. La pregunta ya no sería solamente qué hizo un abogado en representación de un cliente, sino qué información podría existir sobre una relación profesional que precedió a su llegada al poder.
También existe una dimensión internacional. Si Saab coopera en investigaciones estadounidenses relacionadas con funcionarios venezolanos, empresarios, intermediarios financieros o redes utilizadas para mover dinero, la información podría alcanzar a personas y operaciones ubicadas fuera de Venezuela. Por ahora, sin embargo, el acuerdo no identifica públicamente el alcance de esa cooperación.
En ese contexto, sería prematuro afirmar que Saab va a incriminar a De la Espriella, a Nicolás Maduro o a cualquier otra persona concreta. La cooperación puede referirse a investigaciones diferentes y la decisión sobre posibles reducciones de pena dependerá, entre otros factores, de la utilidad que tenga la información entregada.
Lo que sí cambia desde este martes es el punto de partida para examinar el caso. Saab ya no es únicamente un acusado que rechazaba los cargos: es una persona que aceptó culpabilidad por un delito federal, aceptó entregar US$195 millones y acordó colaborar con el Departamento de Justicia estadounidense.
Para De la Espriella, la cuestión central no es haber defendido a Saab. Es establecer, con documentos y testimonios verificables, qué sabía sobre los negocios de su cliente, qué significaron las transferencias recibidas, qué ocurrió realmente en los contactos que afirma haber facilitado con agencias estadounidenses y qué información podría aportar ahora Saab sobre aquella relación.
La declaración de culpabilidad, por tanto, no convierte retrospectivamente en delito la defensa ejercida por De la Espriella ni demuestra por sí misma que el actual presidente haya participado en las operaciones reconocidas por Saab. Pero sí vuelve más relevante una relación que ya había sido objeto de investigaciones periodísticas y abre una nueva etapa: la de comprobar qué queda en los archivos, en los movimientos financieros y, eventualmente, en la cooperación de Saab que permita reconstruir con precisión qué sabía cada uno y cuándo lo sabía.
La nota mantiene separadas las admisiones judiciales de Saab, las afirmaciones de De la Espriella y las preguntas que todavía requieren evidencia, para evitar convertir la relación abogado-cliente o las transferencias documentadas en una imputación que las fuentes disponibles no sostienen.
