La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su presunta participación en las movilizaciones y bloqueos que sacudieron al país entre mayo y junio de 2026. La decisión, conocida el 29 de julio, profundizó la tensión política alrededor del exmandatario y reabrió el debate sobre la posibilidad de que sus seguidores reactiven las protestas.
La nueva medida judicial se relaciona con las manifestaciones que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que se extendieron durante 53 días. Según la información divulgada, las protestas dejaron 22 personas muertas y provocaron una fuerte afectación económica y social, en medio de bloqueos de carreteras y dificultades para el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros productos.
La Fiscalía atribuye a Morales una presunta participación en la organización o instigación de las movilizaciones y le formuló acusaciones por seis delitos. Entre los cargos mencionados se encuentran terrorismo y alzamiento armado contra el Estado, lo que convierte el proceso en uno de los más graves que enfrenta el exgobernante desde que dejó la Presidencia en 2019.
La orden corresponde a un nuevo proceso y debe diferenciarse de otra medida de aprehensión que ya pesaba sobre Morales desde 2024. Esa orden anterior está vinculada a un proceso por presunta trata de personas, luego de que el exmandatario no compareciera ante la justicia. La coexistencia de ambos casos aumenta la presión judicial sobre una de las figuras políticas más influyentes de Bolivia.
Morales rechazó las nuevas acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución política. El expresidente afirmó que la acción judicial busca desviar la atención de la crisis económica y de problemas como la escasez de combustibles, el aumento del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico.
Desde su entorno político, la decisión fue interpretada como un intento de debilitar a los sectores sociales que respaldan al exmandatario. Morales ha mantenido una importante base de apoyo en el Trópico de Cochabamba, especialmente entre organizaciones cocaleras y sindicales, que han sido fundamentales para su trayectoria política y para la capacidad de movilización de su movimiento.
La reacción de sus seguidores genera preocupación por la posibilidad de nuevas protestas. Las organizaciones afines a Morales ya habían protagonizado bloqueos prolongados durante 2026 y, aunque suspendieron temporalmente las movilizaciones en junio, advirtieron que su disputa política con el Gobierno no había terminado.
Por ahora, no se ha confirmado una convocatoria inmediata a nuevas movilizaciones como respuesta a la orden. Sin embargo, la eventual ejecución de la captura podría convertirse en un factor de activación para los sectores que consideran que el proceso tiene motivaciones políticas. La posibilidad de protestas dependerá de la respuesta de las organizaciones sociales y de la forma en que las autoridades intenten hacer efectiva la medida.
El Gobierno boliviano ya había reconocido que una operación para detener a Morales podría implicar riesgos para la población y para los agentes encargados del procedimiento, debido al respaldo que conserva en el Trópico de Cochabamba. Las autoridades señalaron que la orden sería ejecutada cuando existieran condiciones que permitieran garantizar la seguridad de los efectivos y de los civiles.
La nueva orden de aprehensión coloca a Bolivia ante un escenario de alta incertidumbre. Si la Fiscalía logra avanzar en el proceso sin que se produzca una reacción masiva, el Gobierno podría fortalecer su posición frente a los movimientos que promovieron los bloqueos. Pero si se intenta capturar a Morales y sus seguidores responden con nuevas protestas, el país podría enfrentar otro ciclo de movilización y confrontación política, en un contexto ya marcado por la crisis económica y la polarización.
