Estados Unidos retiró a Venezuela de la categoría de países que, según Washington, “han fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales contra las drogas. La decisión forma parte de la determinación presidencial correspondiente al año fiscal 2027 y marca un cambio respecto de la clasificación del año anterior.
La precisión es importante porque Venezuela no fue retirada de la lista general de países considerados por Estados Unidos como grandes territorios de tránsito de drogas o grandes productores de drogas ilícitas. En esa relación continúan Venezuela y Colombia, junto con otros 21 países.
Lo que cambió fue la segunda clasificación. Para el año fiscal 2027, Washington señaló únicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que durante los 12 meses anteriores “fallaron demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales de lucha contra los narcóticos.
Venezuela había formado parte de ese grupo en la determinación correspondiente al año fiscal 2026. En septiembre de 2025, la Casa Blanca incluyó a Venezuela, junto con Colombia, Bolivia, Birmania y Afganistán, entre los países señalados por incumplimiento de sus compromisos antidrogas.
La salida de Venezuela tiene además una dimensión temporal significativa. Reuters reportó que es la primera vez en más de 20 años que el país deja de aparecer en esa categoría estadounidense de incumplimiento.
La explicación ofrecida por la administración de Donald Trump está relacionada con el cambio político ocurrido en Venezuela durante 2026 y con la cooperación que Washington atribuye al Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Trump presentó esa cooperación como evidencia de un cambio en la política antidrogas de Caracas.
La decisión, por tanto, no se limita a una medición sobre la cantidad de drogas que atraviesan territorio venezolano. También incorpora una valoración sobre la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con Estados Unidos en operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Uno de los elementos mencionados por Trump fue la operación contra Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, antiguo líder del Tren de Aragua. La Casa Blanca presentó la cooperación venezolana en ese tipo de operaciones como parte de los avances que justifican el cambio de clasificación.
La salida de Venezuela de la categoría negativa tampoco significa que Washington considere resuelto el problema del narcotráfico en ese país. Su permanencia en la lista de grandes países de tránsito o producción de drogas demuestra precisamente que esa conclusión no se desprende de la decisión.
La diferencia entre ambas listas resulta fundamental para entender la decisión. La primera identifica países cuya geografía, economía o actividad criminal los convierte en lugares relevantes para la producción o circulación de drogas; la segunda evalúa el esfuerzo gubernamental frente a esas actividades.
En otras palabras, un país puede seguir siendo considerado una ruta importante para el narcotráfico y, al mismo tiempo, dejar de ser clasificado por Washington como un Gobierno que incumple de manera demostrable sus obligaciones internacionales. Venezuela representa ahora ese caso.
El contraste con Colombia resulta particularmente significativo porque los dos países aparecen en la lista general para el año fiscal 2027, pero solo Colombia permanece entre los cuatro señalados por incumplimiento.
En el caso colombiano, la administración Trump mantuvo por segundo año consecutivo la designación de “failed demonstrably”. La Casa Blanca vinculó la permanencia de Colombia en esa categoría con la necesidad de aumentar los esfuerzos contra los cultivos ilícitos y las organizaciones narcotraficantes.
La diferencia también coincide con un cambio en la relación política de Washington con los gobiernos de ambos países. En Venezuela, Trump destaca la cooperación de la administración interina de Delcy Rodríguez; en Colombia, expresa confianza en el nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella, pero mantiene la calificación negativa.
Trump incluso planteó que Colombia podría abandonar esa categoría en una próxima evaluación si demuestra avances sustanciales en la erradicación de coca y en el desmantelamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Ese planteamiento convierte la experiencia venezolana en un precedente inmediato para Bogotá. La decisión demuestra que Washington puede modificar la clasificación de un país cuando considera que existe un cambio suficiente en su cooperación antidrogas.
Sin embargo, no significa que Venezuela y Colombia estén siendo evaluadas bajo condiciones idénticas. La decisión estadounidense sobre Venezuela ocurre después de una transformación política extraordinaria en Caracas, mientras que la de Colombia se refiere a la evaluación de los esfuerzos realizados durante los 12 meses anteriores.
En el caso venezolano, el cambio se produjo después de la salida de Nicolás Maduro del poder y de la instalación de un Gobierno interino respaldado por Washington. Reuters ha descrito la nueva relación como parte de una transformación mucho más amplia de la política estadounidense hacia Caracas.
Ese contexto permite entender por qué la clasificación antidrogas no puede leerse exclusivamente como una tabla técnica de cultivos o decomisos. La cooperación política, policial y de inteligencia también forma parte de la relación que Washington evalúa al determinar el cumplimiento de los compromisos internacionales.
Pero la decisión también plantea una pregunta sobre los criterios utilizados para medir el éxito antidrogas. Si Venezuela sigue siendo considerada un importante territorio de tránsito o producción, su salida de la categoría de incumplimiento indica que Washington está diferenciando entre la existencia del problema criminal y la disposición del Estado para enfrentarlo.
Esa distinción es especialmente relevante para Colombia, cuya relación con Estados Unidos ha estado históricamente vinculada a la lucha contra el narcotráfico. La permanencia en la categoría negativa introduce presión sobre el nuevo Gobierno para demostrar que su estrategia produce resultados medibles.
La Casa Blanca no presentó la salida de Venezuela como una declaración de que el país haya dejado de ser utilizado por las organizaciones narcotraficantes. Su permanencia en la lista de grandes territorios de tránsito o producción impide interpretar la decisión de esa manera.
Tampoco se trata de una certificación general sobre las instituciones venezolanas. La decisión se circunscribe al cumplimiento de compromisos internacionales de control de drogas dentro del mecanismo establecido por la legislación estadounidense.
La coyuntura venezolana, además, presenta otros interrogantes que no forman parte de esta clasificación. El mismo día de la decisión antidrogas, una misión de investigación mandatada por Naciones Unidas advirtió que mecanismos represivos asociados al antiguo aparato estatal venezolano permanecen en buena medida intactos, pese a algunos cambios introducidos por el Gobierno interino.
Ese contraste muestra que la salida de la lista antidrogas no equivale a una evaluación favorable de la totalidad del proceso político venezolano. Se trata de una decisión específica sobre cooperación y esfuerzos contra los narcóticos, aunque tenga implicaciones diplomáticas más amplias.
La transformación de la relación entre Washington y Caracas también ocurre mientras Estados Unidos impulsa una apertura económica hacia Venezuela. Empresas estadounidenses han comenzado a explorar nuevos acuerdos en sectores como petróleo y minería después del cambio de Gobierno.
La decisión antidrogas encaja, por tanto, dentro de un proceso de acercamiento mucho más amplio entre Washington y las nuevas autoridades venezolanas. La cooperación contra organizaciones criminales constituye uno de los componentes de esa relación, junto con seguridad, energía y reconstrucción económica.
Para Colombia, el contraste es difícil de ignorar. Mientras Venezuela abandona después de más de dos décadas la categoría de incumplimiento, Colombia permanece en ella y recibe de Trump el mensaje de que tendrá que demostrar durante el próximo periodo que puede modificar esa situación.
El Gobierno de De la Espriella puede interpretar la decisión como una evaluación heredada del periodo anterior, pero la próxima revisión tendrá como referencia sus propios resultados. Washington ya ha señalado cuáles serán algunos de los indicadores centrales: erradicación de coca y desmantelamiento de organizaciones narcotraficantes.
Así, la decisión sobre Venezuela introduce una dimensión adicional al debate colombiano. No solo está en juego si Bogotá consigue mejorar sus indicadores antidrogas, sino también si logra modificar la evaluación política y operativa que Estados Unidos hace de su cooperación.
El mapa antidrogas de Washington para 2027 deja entonces una imagen poco habitual: Venezuela y Colombia continúan consideradas territorios relevantes para el tráfico o producción de drogas, pero sus gobiernos reciben evaluaciones diferentes sobre sus esfuerzos. La diferencia está menos en la existencia del narcotráfico que en la valoración estadounidense de la respuesta estatal.
La pregunta que queda abierta para Colombia es si el Gobierno de De la Espriella conseguirá transformar el respaldo político expresado por Trump en resultados suficientes para abandonar la categoría negativa en 2027. La experiencia venezolana demuestra que Washington puede cambiar su evaluación, pero también que la decisión está estrechamente vinculada a la relación política y operativa que establece con cada Gobierno.
