El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo en firme la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes al negar la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso que busca la nulidad del convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal.
La Procuraduría había solicitado la suspensión de los desembolsos previstos en el convenio mientras avanzaba el proceso judicial. Sin embargo, mediante una decisión adoptada el 27 de julio de 2026, el Tribunal concluyó que no se cumplían los requisitos establecidos en la ley para decretar esa medida cautelar.
En su análisis preliminar, el alto tribunal determinó que la Procuraduría no logró demostrar la apariencia de buen derecho necesaria para justificar la suspensión del convenio. Asimismo, señaló que el acuerdo cuenta con respaldo jurídico en el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que autoriza la celebración de contratos con entidades públicas extranjeras.
La decisión también advirtió que ordenar la suspensión de los desembolsos podría afectar la continuidad del servicio público de expedición de pasaportes, un trámite estrechamente relacionado con el ejercicio del derecho fundamental a la libre circulación de los ciudadanos.
El Tribunal concluyó además que la Procuraduría no presentó un estudio técnico o financiero que sustentara el presunto riesgo patrimonial alegado. Igualmente, indicó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni que negar la medida cautelar fuera más perjudicial para el interés público que concederla.
Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su respeto por el pronunciamiento judicial y destacó que se trata del primer fallo jurisdiccional sobre los fundamentos jurídicos del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
La Cancillería recordó que el nuevo modelo hace parte de una política pública orientada a fortalecer las capacidades del Estado para producir y personalizar los documentos de viaje mediante un esquema de cooperación internacional basado en la transferencia de conocimiento, el fortalecimiento técnico y la incorporación gradual de infraestructura especializada.
De acuerdo con la entidad, el proceso ya ha permitido que Colombia cuente con infraestructura para la personalización de pasaportes y continúe avanzando en el desarrollo de las capacidades necesarias para asumir progresivamente la producción nacional de estos documentos.
Finalmente, la Cancillería reiteró su compromiso con el respeto por las decisiones de la Rama Judicial, la defensa jurídica de las actuaciones del Estado y la continuidad de un servicio que considera esencial para millones de colombianos que requieren la expedición o renovación de sus pasaportes.
