La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y gerente del Fondo Adaptación, ha escalado hasta convertirse en una de las mayores controversias de la recta final del Gobierno. El conflicto mezcla desacuerdos sobre el manejo de recursos públicos, denuncias de presuntas irregularidades dentro del Ejecutivo, cuestionamientos sobre la salud de la funcionaria y un cruce de acusaciones que podría trasladarse a los escenarios judiciales.
Uno de los detonantes es la discusión sobre recursos del Fondo Adaptación destinados a obras y proyectos en La Mojana. Rodríguez expresó reparos frente a la posibilidad de trasladar cerca de un billón de pesos para atender la emergencia asociada al fenómeno de El Niño y sostuvo que la decisión debía ser revisada desde el punto de vista jurídico y presupuestal. El desacuerdo la enfrentó directamente con el presidente, quien cuestionó su gestión y consideró que estaba obstaculizando decisiones del Gobierno.
La disputa presupuestal se produjo después de que Rodríguez hiciera públicas denuncias sobre un supuesto entramado de presiones e influencias dentro de la Casa de Nariño. La exdirectora del Dapre afirmó que se había convertido en un obstáculo para determinados intereses y relacionó sus cuestionamientos con actuaciones atribuidas a personas cercanas al Gobierno, entre ellas Juliana Guerrero. Según su versión, algunas de las tensiones surgieron por su negativa a respaldar decisiones y nombramientos que consideraba irregulares.
Rodríguez sostuvo que durante su paso por el Gobierno enfrentó presiones y amenazas y que su permanencia dentro de la administración estuvo relacionada, en parte, con la necesidad de mantener condiciones de seguridad. También denunció hechos que, según su relato, afectaron a su familia y expresó preocupación por la insuficiencia de las medidas de protección. Sus declaraciones pusieron en el centro del debate la situación de quienes denuncian posibles irregularidades desde el interior de las instituciones públicas.
Petro respondió con dureza y pidió públicamente al Ministerio de Hacienda declarar insubsistente a Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación. El mandatario la calificó como una persona manipuladora, cuestionó su desempeño administrativo y afirmó que lamentaba haberla conocido. Para el presidente, las denuncias de la funcionaria eran parte de una estrategia para defender su permanencia en el cargo y no correspondían a hechos demostrados.
Uno de los episodios más polémicos fue la divulgación de información relacionada con la incapacidad médica de Rodríguez. Petro publicó un documento y afirmó que este demostraba que la funcionaria había tenido una incapacidad por razones psiquiátricas. El presidente utilizó esa información para cuestionar la manera en que se estaba presentando públicamente el conflicto y planteó que algunos medios no habían tenido en cuenta su condición médica al difundir sus denuncias.
La referencia al historial médico generó críticas por el carácter reservado de la información clínica y por el riesgo de que la salud mental fuera utilizada como un argumento para desacreditar a una funcionaria. Rodríguez calificó las declaraciones como desafortunadas y estigmatizantes y sostuvo que la divulgación de ese tipo de información afectaba su dignidad. También aseguró que las presiones y los conflictos vividos dentro del Gobierno habían incidido en el deterioro de su estado emocional.
En una de sus respuestas más fuertes, Rodríguez señaló a Petro como su “mayor victimario”. La funcionaria explicó que esa conclusión estaba relacionada con los episodios que, según ella, soportó durante años por su confianza en el proyecto político y por su cercanía con el presidente. La afirmación reflejó el deterioro de una relación que había pasado de la colaboración política y administrativa a una confrontación pública con acusaciones personales.
La orden presidencial de declararla insubsistente no se ha traducido de inmediato en su salida formal. El Ministerio de Hacienda no ha hecho efectiva la insubsistencia debido a que Rodríguez se encontraba en licencia por enfermedad. Por esa razón, la situación administrativa quedó en un escenario transitorio: la funcionaria mantenía formalmente la titularidad del cargo mientras se resolvía su condición laboral y la posibilidad de que se adoptara una decisión definitiva sobre su permanencia.
Mientras Rodríguez permanece en licencia, el Ministerio de Hacienda designó a Javier Pava, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como gerente encargado del Fondo Adaptación. El encargo se realizó mediante la Resolución 1697 del 27 de julio y tiene carácter temporal, por lo que no equivale necesariamente al nombramiento de un nuevo titular. La decisión permite mantener la operación administrativa de la entidad mientras continua la controversia.
El enfrentamiento también tiene una dimensión penal. Petro anunció que acudiría a las autoridades por considerar que algunas afirmaciones de Rodríguez podían constituir calumnia. El presidente rechazó de manera particular cualquier insinuación de que desde su Gobierno se hubieran ordenado asesinatos y negó que existiera un plan para atentar contra la exdirectora del Dapre. La respuesta elevó el conflicto desde el plano político hacia una posible disputa judicial.
Rodríguez, por su parte, expresó temor por su vida y la de su familia. En entrevistas habló de amenazas, de hechos ocurridos contra la vivienda de sus padres y de la necesidad de reforzar su protección. También manifestó que, por la información que decía conocer y por el poder político de quienes podían sentirse afectados por sus denuncias, consideraba que existía un riesgo real para su seguridad.
La afirmación de que Petro podría hacerle daño debe entenderse en el contexto de ese temor. Rodríguez expresó una percepción de riesgo y responsabilizó políticamente al presidente por lo que pudiera ocurrirle, pero hasta hoy no se había presentado públicamente una prueba de que Petro hubiera ordenado asesinarla ni una decisión judicial que estableciera la existencia de un plan en su contra. El mandatario negó esas insinuaciones y las calificó como acusaciones falsas.
El caso abrió un debate sobre el trato que deben recibir los denunciantes de posibles irregularidades dentro del Estado y sobre los límites de la confrontación entre funcionarios y el presidente. Para los críticos de Petro, la solicitud de insubsistencia y la divulgación de información médica podían interpretarse como una reacción contra una exfuncionaria que hizo denuncias incómodas. Desde la posición presidencial, en cambio, Rodríguez habría utilizado acusaciones sin sustento para protegerse de cuestionamientos sobre su gestión.
La controversia también dejó interrogantes sobre el futuro de las denuncias relacionadas con el Fondo Adaptación y con el entorno de la Presidencia. Las acusaciones deben ser verificadas por los organismos de control y las autoridades judiciales, que tendrán que establecer si existieron presiones, irregularidades administrativas o posibles delitos. Hasta que haya decisiones oficiales, los señalamientos de Rodríguez y las respuestas de Petro continúan siendo versiones enfrentadas.
Al cierre de este artículo, el panorama es el de una ruptura definitiva entre el presidente y una de sus antiguas colaboradoras más cercanas. Rodríguez sigue siendo formalmente la titular del Fondo Adaptación mientras permanece en licencia médica, pero Javier Pava está encargado de dirigir la entidad. El conflicto deja en evidencia las tensiones internas del Gobierno en sus últimos días y abre una discusión sobre transparencia, protección a denunciantes, reserva de la información médica y responsabilidad política frente a acusaciones que todavía deben ser esclarecidas.
