La madrugada del 19 de noviembre, integrantes de la fuerza pública ingresaron al edificio 201, Gabriela Peláez Echeverry, en la sede Bogotá de la Universidad Nacional. Horas después, la decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Catalina Toro Pérez, difundió un comunicado en el que dijo desconocer los hechos y los motivos de la intervención, y pidió que las autoridades los aclararan.
Toro rechazó categóricamente cualquier ingreso de la fuerza pública al campus y a las instalaciones de su facultad, pues, sostuvo, una actuación que señale, perfile o estigmatice a integrantes de la comunidad compromete su tranquilidad e integridad. También reivindicó el diálogo, el respeto por las diferencias y la protección de los derechos fundamentales como bases para la convivencia universitaria.
La decana cerró su pronunciamiento afirmando que una irrupción indebida no contaba con el respaldo de la Decanatura. Su comunicado, sin embargo, no despejó quién autorizó el procedimiento ni qué información recibió cada dependencia antes de que los agentes entraran al edificio.
Al día siguiente, el rector José Ismael Peña declaró que fue la propia Universidad la que solicitó el acompañamiento de la Policía para revisar algunas instalaciones. En entrevista con Blu Radio, explicó que las directivas recibieron información sobre personas enmascaradas que estarían ingresando objetos extraños al campus y que temieron que pudieran ser explosivos.
Según la explicación del rector, durante la inspección agentes de la Sijín y de la Seccional de Inteligencia Policial encontraron banderas y panfletos alusivos al grupo denominado PPP, además de máscaras antigás, tarros de pintura y prendas. Peña agregó que no hallaron explosivos y presentó el registro como una medida preventiva dirigida a proteger a quienes se encontraban en la institución.
La versión de Peña introduce una distinción importante: para la Rectoría, el ingreso respondió a una solicitud institucional ante una alerta; para la decana, fue una irrupción cuyos motivos desconocía y que no tenía el respaldo de su dependencia. Los dos pronunciamientos reflejan posiciones diferentes dentro de la Universidad, aunque por sí solos no permiten establecer qué comunicaciones circularon entre Rectoría, Decanatura y autoridades policiales.
La discusión se inscribe en el alcance de la autonomía universitaria, reconocida por el artículo 69 de la Constitución, que permite a las universidades darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. La Corte Constitucional ha señalado que esa garantía protege la autodeterminación institucional y la organización interna, pero también ha reiterado que no es absoluta y debe ejercerse dentro de la Constitución y la ley.
Ese principio no convierte el campus en un espacio ajeno al orden jurídico ni impide que las autoridades cumplan sus deberes frente a delitos o riesgos para las personas. Pero tampoco elimina la necesidad de justificar cada intervención con circunstancias concretas y de respetar garantías como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de las medidas.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, había expuesto en septiembre la posición del Gobierno sobre el tema: la autonomía debe protegerse, pero no sitúa a las universidades por fuera de la Constitución, la ley ni de las competencias legítimas de las autoridades. Para manifestaciones pacíficas, dijo el Ministerio, deben privilegiarse el diálogo y la mediación; ante violencia concreta, peligro para la vida o daños graves, las autoridades pueden actuar con sustento jurídico y usando medios necesarios y proporcionales.
La postura de Cancino ofrece un marco general para el debate, pero no resuelve por sí misma si el procedimiento del 19 de noviembre cumplió esos criterios. Para responderlo se necesita conocer la alerta que recibió la Universidad, la evaluación del riesgo, quién tomó la decisión de pedir apoyo y bajo qué condiciones se acordó el ingreso.
En su balance de la jornada, La Silla Vacía informó que Cancino respaldó la decisión del Ejecutivo de permitir el ingreso de la Policía a universidades públicas cuando se presenten hechos de violencia, y que ante protestas pacíficas deben priorizarse la mediación y las herramientas institucionales. El debate, por tanto, enfrenta dos preocupaciones que no son excluyentes: la obligación estatal de proteger a las personas y la prevención de intervenciones arbitrarias que afecten la vida académica y la protesta.
A esta discusión se suma una investigación de Revista RAYA, publicada el 12 de noviembre, sobre un presunto agente encubierto de la Fiscalía conocido como “Rojo” o “21”. El medio afirma que el agente habría tenido un papel de liderazgo en manifestaciones violentas vinculadas al grupo PPP en tres universidades públicas de Bogotá.
En esa investigación, RAYA reconstruyó la actuación del agente mediante documentos judiciales, imágenes, audios, videos y testimonios, y sostiene que habría convocado a jóvenes, coordinado acciones y suministrado materiales para fabricar artefactos explosivos o incendiarios. El reportaje sitúa su presunta operación entre 2024 y 2025 y señala que agentes de la Sijín habrían acompañado una de las actividades investigadas.
Esas afirmaciones son señalamientos periodísticos que requieren verificación por las autoridades y los jueces, y no equivalen a una decisión judicial que declare responsable al agente o inocentes a los jóvenes procesados. La publicación no prueba por sí misma la responsabilidad penal de funcionarios ni determina automáticamente el resultado de los procesos relacionados.
La coincidencia entre el grupo PPP mencionado por RAYA y los panfletos que, según el rector, se encontraron durante la inspección vuelve pertinente el antecedente para el debate público. Sin embargo, la investigación no afirma que “Rojo” estuviera involucrado en la alerta del 19 de noviembre, que hubiera ingresado esos objetos ese día o que los elementos encontrados fueran plantados.
El informe sí hace más urgente preguntar cómo se identificó la supuesta amenaza y qué controles se aplicaron a la información que la originó. Si las autoridades alegan un riesgo concreto, deberían poder explicar qué observaron, qué verificaciones hicieron y por qué el acompañamiento policial era necesario en ese momento.
La controversia no se resuelve con una afirmación general de que la autonomía es absoluta ni con la sola invocación de la seguridad: exige aclarar los hechos, las competencias y las garantías aplicadas en este caso concreto. La Universidad y las autoridades tienen pendiente ofrecer una reconstrucción precisa que permita a la comunidad conocer cómo se tomó la decisión, qué se encontró y qué medidas se adoptarán para que la protección de las personas conviva con la autonomía y la libertad de expresión en el campus.






