La financiación de Colombia Mayor quedó en el centro de una controversia entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, después de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, advirtiera sobre un supuesto faltante de $3,2 billones para garantizar los pagos del programa entre agosto y diciembre de 2026.
Restrepo hizo la advertencia al presentar los resultados del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro y sostuvo que no existirían recursos suficientes para financiar el programa durante los cinco meses restantes del año. La alerta forma parte de un diagnóstico más amplio sobre la situación fiscal que, según el equipo entrante, encontró la nueva administración.
La versión fue respaldada por De la Espriella, quien aseguró que Colombia Mayor está “absolutamente desfinanciado” y que el faltante comprometería los pagos a cerca de tres millones de adultos mayores. El presidente electo, sin embargo, afirmó que su Gobierno garantizará la continuidad del programa pese al supuesto déficit.
El Gobierno saliente sostiene una versión completamente distinta. Prosperidad Social afirmó que Colombia Mayor no está desfinanciado y que cuenta con los recursos asignados para toda la vigencia de 2026. La entidad señala que el programa dispone de una asignación cercana a $8,4 billones para cubrir los 12 ciclos previstos durante el año.
La controversia resulta especialmente relevante porque De la Espriella no solo prometió mantener Colombia Mayor durante la campaña, sino aumentar significativamente su asignación. Su propuesta plantea llevar el subsidio hasta $400.000 mensuales, frente a los $230.000 que reciben actualmente los beneficiarios bajo el esquema vigente.
El aumento tendría un impacto fiscal considerable. Una estimación citada por Valora Analitik, con base en declaraciones del director de Prosperidad Social, calcula que elevar el subsidio hasta $400.000 implicaría alrededor de $3 billones adicionales para el programa. Es decir, el monto se aproxima al supuesto faltante que ahora denuncia el equipo entrante.
Esto plantea una paradoja para el nuevo Gobierno: antes de aumentar el beneficio, deberá resolver la disputa sobre los recursos disponibles para mantener el programa bajo las condiciones actuales. Si la cifra de $3,2 billones corresponde efectivamente a un faltante presupuestal, la administración entrante tendría que encontrar recursos adicionales incluso antes de financiar el incremento prometido.
La discusión también toca una de las principales promesas sociales de De la Espriella. Durante la campaña, su movimiento Defensores de la Patria presentó el aumento a $400.000 como una medida para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El equipo del presidente electo ha sostenido que la continuidad y el fortalecimiento del programa forman parte de sus prioridades.
El presidente Gustavo Petro también intervino en la controversia y vinculó la posibilidad de aumentar el subsidio con la reforma pensional aprobada durante su Gobierno. Petro sostuvo que la reforma permitiría financiar el aumento, mientras el debate sobre su aplicación permanece condicionado por el trámite ante la Corte Constitucional.
Por ahora, la disputa tiene dos niveles: uno presupuestal, sobre si realmente existe un faltante de $3,2 billones para los pagos restantes de 2026, y otro político, sobre la capacidad del próximo Gobierno para cumplir su promesa de elevar el subsidio a $400.000. La respuesta a la primera pregunta será determinante para saber qué tan viable resulta la segunda, especialmente cuando la nueva administración también ha planteado reducir el tamaño del Estado y ordenar las finanzas públicas.
