Durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro se produjo una intensa actividad normativa, con la expedición de numerosos decretos entre el 3 y el 5 de agosto. El paquete incluye decisiones de distinto alcance: desde reglamentaciones sectoriales y políticas públicas hasta modificaciones presupuestales y nombramientos. Por eso, más que un conjunto homogéneo de medidas de “última hora”, se trata de una batería de decisiones que deja asuntos de fondo para la administración de Abelardo de la Espriella.
Entre los decretos con mayor contenido social está el 1038 del 5 de agosto, que establece una prima para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía que participa en labores de desminado y disposición de artefactos explosivos. La medida reconoce las condiciones particulares de una actividad de alto riesgo y establece una compensación económica para quienes realizan estas operaciones.
Otro de los decretos de mayor contenido relacionado con la política de paz es el 1033, que fija responsabilidades para la destrucción del armamento, municiones y demás material de guerra entregado por integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en tránsito hacia la vida civil. La norma deja establecido un procedimiento institucional para el manejo del material entregado en el marco de ese proceso.
La agenda de derechos humanos también ocupó un lugar destacado. Los decretos 1028, 1029 y 1030 adoptaron nuevas políticas públicas relacionadas con la protección de líderes y defensores de derechos humanos, la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y la búsqueda y reparación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas. Son medidas que buscan dejar instrumentos institucionales de largo plazo en áreas especialmente sensibles para las víctimas.
El Decreto 1028, en particular, adopta una política integral de garantías para el liderazgo y la defensa de los derechos humanos y deroga el marco anterior establecido por el Decreto 2137 de 2018. Con ello, el Gobierno saliente deja una nueva arquitectura de política pública para la protección de quienes ejercen labores de liderazgo social y defensa de derechos, un asunto que probablemente estará entre los temas que el nuevo Ejecutivo deberá evaluar.
También hubo decisiones con impacto en el mundo laboral. Entre los decretos expedidos el 4 de agosto aparecen disposiciones relacionadas con los trabajadores domésticos remunerados, los trabajadores de plataformas de reparto, la contratación de mano de obra local y los pactos colectivos. El conjunto refleja algunas de las prioridades que caracterizaron la agenda social del Gobierno Petro y plantea al Ejecutivo entrante el reto de definir si mantiene, modifica o deroga las reglamentaciones.
El medio ambiente fue otro de los sectores con una importante producción normativa. Durante estos días se expidieron disposiciones relacionadas con mercados de carbono, gestión ambiental, áreas protegidas y emisiones de gases de efecto invernadero. Entre ellas se encuentra la reglamentación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que busca establecer instrumentos económicos para enfrentar las emisiones contaminantes.
En materia minera también quedaron decisiones relevantes, particularmente relacionadas con la formalización de la pequeña minería. Estas medidas se inscriben en una de las apuestas del Gobierno Petro para modificar la relación del Estado con los pequeños mineros y avanzar hacia modelos de formalización y transición productiva. El Gobierno de De la Espriella tendrá que decidir qué orientación dará a estas políticas y hasta dónde conservará el marco regulatorio dejado por su antecesor.
Otro decreto que merece especial atención es el 979 del 4 de agosto, mediante el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación para 2026 y se efectúa su correspondiente liquidación. A diferencia de una política declarativa, una modificación presupuestal tiene efectos concretos sobre la asignación de recursos públicos y, por ello, será uno de los instrumentos que deberá ser examinado con mayor atención durante el proceso de transición.
El deporte tampoco quedó por fuera de esta producción normativa. Los decretos 1018 y 1019 introdujeron modificaciones relacionadas con el fortalecimiento del talento deportivo, la reserva deportiva y el deporte femenino competitivo y de alto rendimiento. Las disposiciones buscan consolidar mecanismos de apoyo al deporte y al desarrollo de atletas, pero también comprometen al Estado con una determinada estructura de política pública.
Un capítulo diferente corresponde a los nombramientos y encargos realizados durante los últimos días. El listado incluye designaciones de notarios, encargos y nombramientos provisionales, entre ellos uno relacionado con la función registral, además de otras decisiones de personal. Estos actos son especialmente sensibles en una transición presidencial porque pueden generar cuestionamientos políticos sobre la oportunidad de las designaciones, aunque su legalidad debe analizarse individualmente y no puede presumirse irregularidad simplemente por la fecha en que fueron expedidos.
El conjunto de decretos deja, así, una primera prueba para el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La nueva administración tendrá que revisar una producción normativa que abarca derechos laborales, paz, víctimas, derechos humanos, ambiente, minería, deporte, presupuesto y nombramientos. Algunos decretos podrán ser modificados o derogados mediante nuevas decisiones administrativas, mientras que otros desarrollan leyes, crean derechos o tienen efectos que no pueden desconocerse simplemente por el cambio de presidente.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en el número de decretos expedidos durante los últimos días de Petro, sino en qué alcance tiene cada uno y cuánto margen tiene el nuevo Gobierno para revertirlos. La actividad normativa del cierre del mandato deja una combinación de políticas sociales y ambientales, decisiones presupuestales y designaciones administrativas que se convierten en parte del primer inventario que tendrá que revisar la administración de De la Espriella.
