El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó a Lina María Garrido Martín como nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026. La designación pone a una exrepresentante de Cambio Radical al frente de una de las entidades más sensibles de la política agraria nacional.
El nombramiento se produce después de una controversia previa alrededor de Garrido. Su nombre había sido anunciado inicialmente para dirigir el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), pero esa designación generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo. Posteriormente, el Gobierno decidió llevarla a la dirección de la ANT.
Su llegada a la ANT tiene además un marcado componente político. Garrido fue representante a la Cámara por Arauca entre 2022 y 2026 y se convirtió en una de las voces más visibles de la oposición durante el Gobierno de Gustavo Petro. Su confrontación con el entonces presidente alcanzó uno de sus puntos más altos durante la instalación del Congreso del 20 de julio de 2025.
En aquella intervención, Garrido cuestionó duramente la gestión de Petro, particularmente en materia de seguridad, corrupción y cumplimiento de las promesas de campaña. El discurso la convirtió en una de las figuras opositoras más reconocibles del Congreso y desencadenó una fuerte reacción del Gobierno de entonces.
La confrontación llegó incluso a los tribunales. Petro y Garrido protagonizaron un proceso de conciliación ante la Corte Suprema relacionado con declaraciones de la congresista, en medio de una disputa política que se prolongó durante el último tramo de la administración anterior. El episodio refleja el nivel de tensión que alcanzó la relación entre ambos.
Garrido también cuestionó reiteradamente la política de seguridad de Petro, especialmente frente a la situación de Arauca y la presencia del ELN. Desde el Congreso denunció lo que consideraba una respuesta insuficiente del Gobierno frente a la violencia y reclamó mayor presencia de la Fuerza Pública en las zonas rurales.
Su posición frente al Gobierno Petro llegó a generar otras controversias. En enero de 2026, el entonces Ministerio de Justicia anunció acciones contra Garrido y otros congresistas por declaraciones relacionadas con una eventual intervención militar extranjera en Colombia. El episodio se convirtió en otro capítulo de la confrontación entre la dirigente y el Gobierno anterior.
Otro de los cuestionamientos que acompañan su trayectoria política está relacionado con sus vínculos políticos regionales. Garrido contó con el respaldo electoral del exgobernador de Arauca José Facundo Castillo, una relación que sus críticos han utilizado para cuestionar su independencia política. Castillo posteriormente fue condenado por la Corte Suprema por hechos relacionados con contratación durante su administración. Es importante precisar que la condena corresponde a Castillo y no implica una condena ni una imputación contra Garrido.
Esa relación volvió a ser utilizada políticamente contra ella durante su enfrentamiento con el Gobierno Petro. Garrido ha rechazado las acusaciones de ser políticamente subordinada a Castillo y ha defendido su trayectoria como un proyecto propio. Por eso, cualquier investigación sobre este punto debe diferenciar entre el respaldo político documentado y las afirmaciones sobre supuesta subordinación o financiación irregular, que requieren pruebas específicas.
También existe un elemento particular en su trayectoria frente a la política agraria. Antes de llegar a la dirección nacional de la ANT, Garrido había participado en gestiones para fortalecer la presencia territorial de la entidad en Arauca y había defendido políticas orientadas a que la entrega de tierras estuviera acompañada de infraestructura, inversión y condiciones para hacer productiva la actividad campesina.
Sin embargo, su perfil conocido sigue siendo fundamentalmente político y legislativo, y no el de una especialista de carrera en administración de tierras, catastro o derecho agrario. Esa característica alimentará seguramente el debate sobre su llegada a la ANT, particularmente porque la entidad administra procesos de formalización, adjudicación y recuperación de tierras que tienen enormes implicaciones económicas, sociales y políticas.
Aunque inicialmente iba para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por lo cual recibió críticas que quizás motivaron el cambio y su ahora nombramiento en otra entidad relacionada con el agro, pero que es considerada un fortín burocrático.
El nombramiento, finalmente, coloca a una de las principales opositoras de Petro al frente de una institución que estuvo en el centro de la política agraria del Gobierno anterior. El reto de Garrido será demostrar que su llegada no responde únicamente a su afinidad con el nuevo Gobierno y a su trayectoria de confrontación con Petro, sino que puede traducirse en una gestión técnica, transparente y eficaz de la política de tierras. Sus primeras decisiones sobre los programas heredados de la administración anterior permitirán establecer hasta qué punto el cambio de directora representa también un cambio de rumbo para la ANT.
