El bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en la zona rural del Catatumbo dejó, según la información preliminar de la Defensoría del Pueblo, tres civiles campesinos heridos, entre ellos una mujer de 44 años. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes 11 de agosto en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto, Norte de Santander, en límites con El Tarra.
La Defensoría informó que las autoridades de San Calixto y El Tarra se desplazaron hasta la zona para verificar las posibles afectaciones a la población civil. La entidad aclaró que se trata de una verificación preliminar y que sus equipos en territorio están acompañando a las personas afectadas.
Además de los tres campesinos heridos, la Defensoría reportó que los hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra. La entidad pidió a las autoridades municipales y departamentales disponer oportunamente de los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia a las personas afectadas.
La dimensión de las afectaciones todavía no está cerrada. La Defensoría señaló que sus equipos continúan verificando la situación en terreno y articulándose con las personerías municipales para establecer las necesidades de protección y atención de las comunidades. Por ello, el balance de tres civiles heridos debe entenderse como preliminar y sujeto a verificación.
La entidad también hizo un llamado a la Fuerza Pública para que refuerce la planeación y evaluación de sus operaciones militares a la luz de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario, con el propósito de prevenir afectaciones a la población civil.
El llamado de la Defensoría adquiere especial relevancia porque el ataque se produjo en una región donde la población civil enfrenta desde hace tiempo una situación de extrema vulnerabilidad por la confrontación armada. La entidad concluyó que lo ocurrido evidencia nuevamente los graves riesgos para los habitantes del Catatumbo y reclama una respuesta preventiva y humanitaria oportuna.
Frente a los resultados militares, las Fuerzas Militares señalaron que el ataque estuvo dirigido contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ubicadas en una zona rural entre Tibú y San Calixto. La operación aérea fue ejecutada durante la madrugada del martes y constituye el primer bombardeo de este tipo realizado durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Los reportes sobre el resultado de la acción militar indican que fueron destruidos cinco campamentos y dos búnkeres que las autoridades atribuyen al ELN. En el área también se habrían encontrado e incautado armamento, explosivos y drones, elementos que las Fuerzas Militares consideran parte de la capacidad operativa de la estructura atacada.
La acción contó con la participación de aeronaves de combate. Según información publicada sobre el operativo, dos aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana bombardearon un campamento del Frente de Guerra Nororiental del ELN en una zona rural ubicada entre San Calixto y Tibú.
Los resultados militares deben, sin embargo, distinguirse de las consecuencias humanitarias que están siendo verificadas por la Defensoría. La destrucción de infraestructura y material perteneciente a una organización armada constituye el resultado operacional reportado por las Fuerzas Militares; las lesiones de civiles y los desplazamientos constituyen el impacto sobre la población que está documentando el organismo de derechos humanos. Ambas dimensiones deben ser examinadas simultáneamente.
El objetivo declarado de la acción era afectar estructuras del ELN en esa zona del Catatumbo. del frente En el hecho murieron 7 miembros del frente Luis Enrique León Guerra del ELN.
La ubicación es especialmente significativa. La Defensoría sitúa la afectación a civiles en El Sinaí, San Calixto, mientras los reportes militares y periodísticos ubican el ataque en la zona rural comprendida entre San Calixto y Tibú. Esa proximidad geográfica explica la necesidad de esclarecer exactamente dónde se encontraban los objetivos militares, dónde estaban los civiles afectados y cómo se desarrolló el ataque.
Hasta ahora, la información pública no permite establecer con precisión cómo resultaron heridos los tres campesinos, a qué distancia se encontraban del objetivo militar, qué viviendas o construcciones civiles resultaron afectadas ni si existen más personas lesionadas. Tampoco está cerrado el balance de desplazamiento provocado por los hechos. Esas preguntas forman parte de la verificación que adelanta la Defensoría.
La controversia, por tanto, no se limita al resultado militar de la acción. El Estado tiene la obligación de proteger a la población civil incluso durante operaciones contra grupos armados, y por eso será determinante conocer qué información de inteligencia sustentó el ataque, qué evaluación previa de presencia civil se realizó y qué medidas de precaución fueron adoptadas. La solicitud de la Defensoría de reforzar estos procedimientos muestra que esos aspectos requieren especial atención.
El episodio deja así dos balances que deberán ser contrastados con mayor información oficial: el militar, que habla de un ataque contra estructuras del ELN con destrucción de campamentos, búnkeres y material bélico; y el humanitario, que registra preliminarmente tres campesinos heridos y desplazamientos forzados hacia El Tarra. Mientras las Fuerzas Militares consolidan los resultados de la acción, la Defensoría continúa verificando sus consecuencias sobre la población civil.
