La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán provocó una reacción inmediata de la Liga Árabe y abrió uno de los primeros frentes diplomáticos internacionales de la nueva administración colombiana. El territorio fue ocupado por Israel en 1967 y su anexión de 1981 no es reconocida por Naciones Unidas.
El anuncio convirtió a Colombia en apenas el segundo país del mundo en reconocer formalmente la soberanía israelí sobre el Golán, después de Estados Unidos. El entonces presidente Donald Trump tomó esa decisión el 25 de marzo de 2019, argumentando razones vinculadas con la seguridad de Israel y la situación regional.
Desde entonces, ningún otro Gobierno había seguido formalmente ese camino. Incluso países cercanos a Israel mantuvieron la posición de que el estatus definitivo del territorio debía resolverse conforme al derecho internacional y mediante acuerdos regionales. La decisión colombiana rompe, por tanto, con una línea diplomática ampliamente consolidada que ni siquiera Argentina se había atrevido a cruzar.
La Liga Árabe rechazó la decisión colombiana y sostuvo que el reconocimiento no puede modificar el estatus jurídico del territorio. El pronunciamiento se sumó a las condenas individuales de varios gobiernos árabes, entre ellos Siria, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Catar, Kuwait e Irak.
La reacción de Siria fue particularmente contundente. El Gobierno de Damasco rechazó categóricamente la decisión y sostuvo que los Altos del Golán constituyen una parte inseparable de su territorio. Además, anunció que recurrirá a los mecanismos diplomáticos y legales que considere necesarios para defender su soberanía.
Para Siria, el problema no es solamente político. El reconocimiento colombiano supone aceptar como legítima una modificación territorial que Naciones Unidas no reconoce. El Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 497 de 1981, determinó que la decisión israelí de imponer sus leyes, jurisdicción y administración sobre el Golán sirio ocupado era nula y carecía de efecto jurídico internacional.
La posición colombiana, sin embargo, parte de una lógica diferente. El Gobierno de De la Espriella justificó el reconocimiento en la importancia estratégica del Golán para la seguridad de Israel, así como en el derecho de ese país a protegerse frente a amenazas externas en un Oriente Medio marcado por una persistente inestabilidad.
Israel, por supuesto, recibió la decisión de manera diametralmente opuesta a Siria y a la Liga Árabe. El Gobierno israelí celebró el reconocimiento colombiano y lo presentó como una señal del compromiso de Bogotá con Israel y con su seguridad.
El contraste diplomático es evidente. Estados Unidos y ahora Colombia son los únicos países que han reconocido formalmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, mientras que la inmensa mayoría de la comunidad internacional continúa considerando el territorio como sirio y ocupado por Israel.
Entre los países que no han aceptado esa modificación del estatus territorial aparecen algunas de las principales potencias mundiales. China rechazó en 2019 cualquier acción unilateral destinada a cambiar el estatus del Golán y recordó que la comunidad internacional lo considera territorio ocupado.
Rusia también se ha opuesto al reconocimiento de la soberanía israelí. El entonces canciller Serguéi Lavrov afirmó que Moscú no aceptaría reconocerla mientras no existiera un respaldo internacional para modificar el estatus del territorio.
La posición europea también es clara. La Unión Europea declaró en 2019 que no reconocía la soberanía israelí sobre el Golán ocupado y que su postura estaba basada en el derecho internacional y en las resoluciones 242 y 497 del Consejo de Seguridad. Esa declaración fue acompañada por países europeos y asociados, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia y otros Estados del continente.
El rechazo tampoco se limita a las grandes potencias. Cuba, por ejemplo, condenó enérgicamente el reconocimiento estadounidense de 2019 y sostuvo que la decisión violaba la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Su posición continúa siendo un referente de oposición latinoamericana a aquella decisión.
La dimensión latinoamericana de la decisión colombiana resulta, por ello, especialmente llamativa. Bogotá se aparta de la posición que habían mantenido otros países de la región y se ubica, junto con Washington, en una posición diplomática excepcional frente a una cuestión territorial altamente sensible.
El momento del anuncio también generó críticas dentro y fuera de Colombia. El reconocimiento fue comunicado cuando el país apenas comenzaba a enfrentar la crisis provocada por el terremoto del 10 de agosto, que dejó centenares de muertos, heridos, desaparecidos y graves daños en varias regiones.
La coincidencia temporal alimentó cuestionamientos sobre las prioridades del nuevo Gobierno. Mientras organismos territoriales y comunidades comenzaban a reclamar rescatistas, atención médica, alimentos y otros recursos para enfrentar la emergencia, la Cancillería hacía pública una decisión de enorme trascendencia geopolítica.
El problema para Colombia no es necesariamente que el reconocimiento produzca de inmediato consecuencias comerciales o económicas concretas. El riesgo más evidente está en el costo diplomático de adoptar una posición excepcional frente a un asunto en el que prácticamente todo el sistema internacional mantiene una postura contraria.
La decisión también puede afectar la relación de Bogotá con gobiernos árabes con los que Colombia busca desarrollar comercio, inversión, cooperación y vínculos políticos. Las condenas de Arabia Saudí, Catar, Egipto, Jordania, Kuwait e Irak muestran que la reacción no quedó circunscrita a Damasco.
El episodio además debe analizarse dentro del giro general de la política exterior de De la Espriella hacia Israel. El Gobierno ha anunciado un fortalecimiento de la cooperación en seguridad e inteligencia, el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y la reactivación de vínculos económicos que se habían deteriorado durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión sobre el Golán, por tanto, parece ser parte de una estrategia diplomática más amplia y no un episodio aislado. Pero precisamente por su excepcionalidad, puede convertirse en una prueba para la nueva política exterior colombiana: qué beneficios concretos obtiene Bogotá de alinearse con Israel y Estados Unidos y qué costos está dispuesto a asumir frente a los países que consideran ilegítima la soberanía israelí sobre el territorio.
Por ahora, el balance diplomático muestra una imagen clara: Israel celebra, Estados Unidos mantiene su respaldo, mientras Siria, la Liga Árabe, buena parte del mundo árabe, China, Rusia y la Unión Europea sostienen la posición contraria. Colombia ha escogido una de las posiciones más controvertidas posibles en el tablero de Oriente Medio y deberá afrontar las consecuencias de haberlo hecho apenas comenzando el nuevo Gobierno.
