El Senado de la República autorizó el 12 de agosto de 2026, con 73 votos a favor y 11 en contra, que el expresidente Gustavo Petro pueda salir de Colombia durante el año siguiente a la terminación de su mandato. La decisión se produjo después de que Petro radicara el 10 de agosto una solicitud para atender compromisos personales, sociales, políticos y académicos fuera del país.
La obligación de solicitar este permiso no es una medida creada específicamente para Petro. Está establecida en el artículo 196 de la Constitución Política, que dispone que quien haya ejercido la Presidencia no puede salir del país durante el año siguiente a la fecha en que cesó en sus funciones sin autorización previa del Senado.
El trámite también está contemplado en el Reglamento del Congreso, Ley 5ª de 1992. La solicitud de Petro citó expresamente el artículo 196 constitucional y pidió autorización durante todo el año posterior a la terminación de su mandato.
El resultado de la votación llamó particularmente la atención por el respaldo del Centro Democrático, partido que durante los cuatro años del Gobierno Petro fue uno de sus principales sectores de oposición. La colectividad acompañó la autorización, aunque promovió condiciones para que el expresidente tenga que informar al Senado las fechas y los destinos de sus desplazamientos.
Precisamente ese respaldo generó cuestionamientos dentro de sectores de derecha. El senador Jota Pe Hernández manifestó su sorpresa por la decisión del Centro Democrático y sostuvo que no compartía que la colectividad hubiera votado favorablemente. El congresista, que votó negativamente, argumentó que Petro podría abandonar el país sin regresar para enfrentar las investigaciones que cursan en su contra.
También se pronunció en contra el senador Enrique Gómez, cercano al presidente Abelardo de la Espriella, quien sostuvo que permitir la salida de Petro podía facilitar una eventual fuga y cuestionó que el Congreso le concediera la autorización en medio de los procesos y denuncias que enfrenta el exmandatario.
La controversia alcanzó al propio Centro Democrático, que tuvo que explicar públicamente por qué sus senadores respaldaron la autorización. La colectividad aseguró que no cambió su posición frente a Petro y que continúa ejerciendo oposición y control político sobre sus actuaciones.
El partido sostuvo que su actuación buscó precisamente evitar que Petro recibiera un permiso abierto e indefinido. La proposición impulsada por la bancada estableció que el expresidente debe comunicar previamente al Senado las fechas y los lugares específicos de sus viajes al exterior.
El Centro Democrático también recordó que este no es un procedimiento excepcional para Petro. Según la explicación entregada por la colectividad, otros expresidentes —entre ellos Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque— han acudido al Congreso para cumplir con este requisito constitucional.
Otro argumento utilizado por el partido fue que la autorización podría ser revisada si cambian las circunstancias jurídicas o las condiciones que existían al momento de aprobarla. De esta manera, la colectividad intentó marcar distancia entre el respaldo a un trámite constitucional y un eventual respaldo político al expresidente.
En medio de la discusión apareció uno de los elementos políticos más llamativos de la jornada: el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, agradeció públicamente al Centro Democrático por respaldar la solicitud de Petro. El gesto resultó particularmente significativo por tratarse de una votación que acercó circunstancialmente a dos sectores que durante años han mantenido profundas diferencias.
El agradecimiento de Cepeda provocó a su vez reacciones en sectores del Centro Democrático, precisamente porque algunos interpretaron el voto como una señal de acercamiento político. La colectividad respondió que la decisión no implicaba abandonar su condición de oposición ni modificar sus críticas al expresidente.
La votación, además, no fue exclusivamente producto de un entendimiento entre el petrismo y el uribismo. La autorización recibió el respaldo de buena parte de los partidos tradicionales. Liberales, conservadores, La U y MIRA defendieron la idea de que las investigaciones en curso no constituyen, por sí mismas, una razón para impedir la movilidad de un exmandatario cuando no existe una orden judicial que lo prohíba.
Los 11 votos negativos provinieron principalmente de sectores que cuestionaron la conveniencia de autorizar la salida de Petro en el actual contexto político y judicial. Entre ellos estuvieron congresistas de Salvación Nacional y Cambio Radical, además de Jota Pe Hernández.
El episodio también se produce en un momento en el que Petro abandona formalmente la Presidencia y pasa a desempeñar un papel central en la oposición al nuevo Gobierno. La autorización aprobada por el Senado le permite desplazarse internacionalmente durante el próximo año, siempre bajo las condiciones establecidas por la corporación.
Petro, después de la aprobación, sostuvo que no tiene actualmente restricciones legales que le impidan viajar y afirmó que únicamente debe cumplir con la condición constitucional de informar al Congreso sobre sus desplazamientos.
La decisión también reavivó el debate sobre las investigaciones que enfrenta el expresidente. Sus contradictores sostienen que permitirle salir del territorio podría dificultar eventuales actuaciones judiciales, mientras sus defensores recuerdan que una investigación o denuncia no equivale a una condena ni constituye automáticamente una restricción a la libertad de movimiento.
En términos políticos, el episodio deja una imagen poco habitual: el Pacto Histórico y el Centro Democrático coincidieron en una decisión legislativa que favorece directamente al expresidente Petro. El antecedente resulta todavía más llamativo porque se produce pocas semanas después de otras votaciones en las que ambos sectores han coincidido en el Congreso.
