La transformación de la costa salvadoreña tiene una marca política concreta: Surf City, el programa turístico convertido por el gobierno de Nayib Bukele en uno de sus principales proyectos de desarrollo económico y promoción internacional del país.
Desde su lanzamiento, el programa fue presentado como una estrategia para convertir las playas salvadoreñas en destinos internacionales, atraer inversiones y generar empleo. El propio Ministerio de Turismo lo define como una apuesta para convertir al país en un lugar donde la gente quiera “invertir, visitar y vivir”.
Pero detrás de esa transformación aparece una tensión que ha ido ganando espacio en investigaciones académicas y reportajes locales: mientras aumentan las inversiones turísticas y el valor de determinadas zonas costeras, algunas comunidades históricamente asentadas enfrentan mayores dificultades para permanecer en sus territorios.
La relación entre ambos fenómenos no significa que cada proyecto turístico produzca automáticamente un desalojo. Tampoco permite atribuirle directamente al presidente cada conflicto por la propiedad de la tierra. Lo que sí puede documentarse es que varias de las obras que están modificando el territorio forman parte de políticas impulsadas por su administración.
Surf City combina infraestructura turística, servicios básicos, capacitación, conectividad vial y proyectos productivos. El programa oficial contempla cinco fases y se extiende por distintos puntos de la costa salvadoreña.
En La Libertad, esa estrategia ha significado una fuerte intervención pública sobre territorios que antes tenían una dinámica predominantemente local. El Gobierno ha construido o proyectado carreteras, parques, malecones, plantas de tratamiento, espacios turísticos y nuevas conexiones hacia las playas.
Uno de los ejemplos más importantes es la ampliación de la carretera del Litoral. En agosto de 2022, Bukele anunció una inversión de 203 millones de dólares para ampliar a cuatro carriles 21 kilómetros de esa vía, incluyendo los accesos hacia El Zonte.
La infraestructura vial no es solamente una obra de movilidad. En territorios turísticos, una carretera que reduce tiempos de desplazamiento y facilita la llegada de visitantes también puede aumentar el atractivo económico de los terrenos ubicados a su alrededor.
Ese efecto es uno de los elementos centrales para entender lo que está ocurriendo en la costa de La Libertad. La inversión pública mejora la conectividad; la conectividad facilita nuevos negocios; los nuevos negocios aumentan la demanda por tierra y servicios; y esa demanda puede elevar los precios y modificar quién puede permanecer en el territorio.
Una investigación publicada en World Development encontró precisamente que el desarrollo turístico de la costa occidental salvadoreña ha producido impactos desiguales sobre las comunidades rurales. El estudio señala presiones crecientes sobre la tierra y los recursos, además de transformaciones en los medios de vida y en el acceso al territorio.
El trabajo académico, realizado a partir de investigación etnográfica, encuestas, entrevistas y análisis documental, identifica a la costa de Balsamo como una de las principales áreas de transformación turística y ubica a El Zonte como uno de sus casos de estudio.
Según esa investigación, el crecimiento del turismo ha estado acompañado por la expansión de proyectos inmobiliarios de alto nivel y por una transformación de comunidades pesqueras y agrícolas en espacios orientados cada vez más al consumo turístico internacional.
Una tesis de maestría publicada en 2025 por la Pontificia Universidad Católica del Perú llegó a conclusiones similares después de estudiar El Majahual, El Sunzal, El Palmarcito y El Zonte.
La investigación entrevistó a vendedores informales de playa, líderes comunitarios y pequeños empresarios. Sus resultados identificaron procesos de gentrificación espacial, aumento del costo de vida, amenazas de desalojo y concentración de ingresos turísticos en negocios de propiedad extranjera.
Es precisamente en El Zonte donde aparece uno de los casos más concretos de la tensión entre el proyecto turístico estatal y la permanencia de comunidades locales.
Allí, 25 familias que llevaban décadas asentadas en la zona enfrentaron un proceso de desplazamiento relacionado con la construcción del denominado Bitcoin Beach Club de Playa, un proyecto anunciado dentro de la expansión de Surf City.
Reportajes de Izcanal y El Salvador Now documentaron reuniones entre las familias y funcionarios del Gobierno. Según esos reportes, las comunidades habían recibido inicialmente la expectativa de permanecer en El Zonte con mejores viviendas y espacios para desarrollar actividades económicas.
Sin embargo, posteriormente el Ministerio de Vivienda planteó que las familias no podían continuar viviendo dentro del área destinada al parque. La alternativa ofrecida fue trasladarlas aproximadamente tres kilómetros tierra adentro, a una zona ubicada frente a una planta de tratamiento de aguas residuales.
El caso resulta especialmente significativo porque no se trata simplemente de una disputa privada entre propietarios e inquilinos. El proyecto que modificó las condiciones de permanencia de esas familias estaba vinculado a una intervención pública dentro de la estrategia turística del Gobierno.
La propia Presidencia salvadoreña había anunciado que en El Zonte se intervendrían 15.000 metros cuadrados para construir un centro comercial, parqueadero, club de playa y planta de tratamiento. El proyecto fue presentado como parte de la revitalización de la zona.
El Gobierno, por su parte, ha defendido Surf City como una política destinada a producir empleo, mejorar los ingresos de las comunidades y atraer inversión. En sus comunicaciones oficiales, la administración Bukele sostiene que el turismo tiene un efecto multiplicador sobre la economía local.
Esa promesa de empleo constituye uno de los puntos centrales del debate. El crecimiento turístico efectivamente ha generado nuevas actividades económicas. En enero de 2026, por ejemplo, fueron inaugurados en El Zonte dos proyectos inmobiliarios que, según sus promotores, generaron 1.800 empleos durante su construcción.
El problema que plantean las investigaciones académicas es distinto: quién obtiene los beneficios de ese crecimiento y quién asume los costos territoriales de la transformación.
La cuestión adquiere mayor importancia cuando la población que vive del comercio informal, la pesca, la agricultura o pequeños negocios pierde acceso a espacios donde desarrollaba sus actividades y debe competir por vivienda y empleo en un territorio cuyo valor económico está aumentando.
El fenómeno tampoco se limita a El Zonte. En la expansión denominada Surf City 2, en el área del golfo de Fonseca, organizaciones y habitantes han denunciado desplazamientos relacionados con proyectos de infraestructura turística y con la construcción del Aeropuerto del Pacífico.
Una investigación de Expediente Público reportó que alrededor de 225 familias de comunidades cercanas al golfo habían sido afectadas por procesos de desalojo relacionados con esa expansión. El reportaje señaló además denuncias de pescadores sobre problemas con las indemnizaciones.
Ese caso tiene una característica diferente al de El Zonte: allí confluyen Surf City 2, infraestructura aeroportuaria y otros proyectos de desarrollo territorial. Por eso, atribuir cada desplazamiento exclusivamente al programa turístico sería simplificar una intervención estatal más amplia.
Sin embargo, el patrón territorial vuelve a aparecer: infraestructura pública, aumento del atractivo económico de la zona, llegada de nuevos proyectos y presión sobre comunidades que ya estaban asentadas allí.
Una investigación reciente sobre Surf City incluso plantea el concepto de “gentrificación financiera” para analizar cómo el ecosistema de Bitcoin y los nuevos instrumentos financieros se relacionan con la transformación territorial de la costa. El estudio advierte sobre procesos de desposesión asociados a esa transformación.
El debate sobre Surf City, por tanto, no se reduce a si el Gobierno de Bukele ha construido carreteras, parques y atractivos turísticos. La pregunta que dejan los casos documentados es quién termina capturando el valor generado por esa inversión pública y qué ocurre con las comunidades que históricamente ocuparon esos territorios: si participan de la nueva economía, si son desplazadas hacia zonas menos valorizadas o si quedan convertidas en mano de obra de un destino turístico cuyo crecimiento ya no controlan.
