La primera gran prueba presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espriella deja un contraste difícil de ignorar en los territorios que más respaldo electoral le entregaron. Los diez departamentos donde obtuvo sus mayores porcentajes de votación aparecen también entre los territorios que enfrentan reducciones de la inversión nacional regionalizada para 2027.
En la segunda vuelta presidencial, De la Espriella consiguió sus mayores porcentajes en Norte de Santander, con 76,56 %; Casanare, 69,09 %; Santander, 64,58 %; Antioquia, 64,42 %; Huila, 61,12 %; Boyacá, 60,22 %; Meta, 59,14 %; Caldas, 58,77 %; Quindío, 58,33 %, y Tolima, 57,83 %.
El resultado electoral fue contundente. Norte de Santander aportó 602.652 votos; Antioquia, 2.185.834; Santander, 822.592; Boyacá, 441.557; Tolima, 425.172; Huila, 375.032 y Meta, 339.754. En conjunto, fueron algunos de los principales respaldos territoriales que llevaron a De la Espriella a la Presidencia.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 plantea una reducción de la inversión pública nacional, mientras el monto total del presupuesto aumenta hasta cerca de $635 billones. Las comisiones económicas aprobaron un monto de $634,9 billones y la inversión nacional se ubica alrededor de $86,9 billones.
La consecuencia territorial es que el respaldo electoral no se tradujo, al menos en esta primera propuesta de regionalización, en una protección general de los recursos para esos departamentos. Por eso, para los votantes que apostaron por el nuevo presidente, la discusión ya no es solamente ideológica: empieza a convertirse en una pregunta concreta sobre qué recibirán sus regiones a cambio del respaldo expresado en las urnas.
El caso más evidente es Norte de Santander, el departamento donde De la Espriella obtuvo su mayor porcentaje. Allí consiguió 76,56 % de los votos, equivalentes a 602.652 sufragios. Para 2027, la inversión regionalizada pasaría de $2,553 billones a $2,352 billones, una reducción de $200.673 millones, equivalente al 7,9 %.
La reducción adquiere especial relevancia porque Norte de Santander es un departamento fronterizo con necesidades específicas. El transporte representa 32,6 % de la inversión propuesta, mientras inclusión social concentra 31,6 %, educación 15,1 % y trabajo 7,6 %. Además, el ajuste estaría concentrado principalmente en subsidios de energía, transferencias, vivienda y gas, según el análisis de la regionalización.
Casanare ocupa el segundo lugar en respaldo porcentual a De la Espriella, con 69,09 % y 161.203 votos. Allí la propuesta presupuestal pasa de $879.299 millones en 2026 a $761.754 millones en 2027: $117.545 millones menos, equivalentes a una disminución nominal de 13,4 %. En términos reales, el cálculo divulgado alcanza 18,3 %.
El ajuste para Casanare toca un territorio cuya inversión nacional está vinculada a transporte, energía, educación, programas sociales y desarrollo rural. La reducción significa que, si el proyecto mantiene esas cifras durante su trámite, el margen de financiación nacional para nuevos proyectos será menor que el previsto para 2026.
Santander, con 64,58 % de los votos para De la Espriella y 822.592 sufragios, presenta una situación diferente. No aparece en las cifras consultadas con una reducción global comparable a la de Norte de Santander o Casanare: la propuesta contempla alrededor de $2,75 billones de inversión regionalizada. Pero el detalle sectorial revela fuertes disminuciones.
Agricultura, por ejemplo, pasaría de $51.919 millones a $29.158 millones. Cultura quedaría en $1.643 millones, mientras minas y energía bajaría de $293.111 millones a $104.156 millones. En vivienda, la asignación pasaría de $74.743 millones a apenas $1.755 millones. Es decir, una bolsa global considerable convive con recortes profundos en sectores específicos.
Antioquia constituye el caso de mayor impacto absoluto dentro de este grupo. El departamento entregó a De la Espriella 2.185.834 votos, equivalentes al 64,42 %, y aparece con una inversión regionalizada que pasaría de aproximadamente $7,01 billones en 2026 a $6,38 billones en 2027. La diferencia es de unos $633.709 millones.
La caída antioqueña equivale aproximadamente al 9 % en términos nominales y ha sido calculada en 14,2 % en términos reales por análisis basados en la regionalización del DNP. El contraste tiene una carga política adicional porque durante años sectores de la dirigencia antioqueña cuestionaron al gobierno anterior por lo que consideraban un trato desfavorable hacia el departamento.
Huila también aparece entre los territorios que más apoyaron al hoy presidente. De la Espriella obtuvo allí 375.032 votos, el 61,12 %. La inversión regionalizada pasaría de cerca de $1,65 billones en 2026 a $1,42 billones en 2027, una reducción aproximada de $236.000 millones o 14,3 %.
El problema no se limita al total. En Huila, la partida para Vivienda, Ciudad y Territorio tendría una reducción cercana al 95 %, mientras Agricultura y Desarrollo Rural caería alrededor de 51,7 % y Minas y Energía cerca de 49,6 %. Son sectores con efectos directos sobre vivienda, campo, infraestructura y actividad productiva.
En Boyacá, donde De la Espriella obtuvo 441.557 votos y el 60,22 %, la inversión nacional propuesta bajaría de aproximadamente $1,862 billones a $1,636 billones. Son $225.842 millones menos, una reducción del 12,13 % frente a los recursos de referencia de 2026.
El Meta tampoco quedó al margen. De la Espriella alcanzó allí 339.754 votos, el 59,14 %. La inversión regionalizada pasaría de unos $1.231.901 millones a $1.205.775 millones, una reducción cercana a $26.126 millones. Aunque el recorte nominal es considerablemente menor que en Antioquia, Norte de Santander o Tolima, representa una disminución frente al año anterior.
Caldas, con 306.735 votos y 58,77 %, y Quindío, con 179.562 votos y 58,33 %, completan los departamentos del Eje Cafetero incluidos entre los diez mayores respaldos porcentuales. En el caso del Quindío, los análisis de la regionalización ubican la reducción de la inversión alrededor del 15 %. El Senado también incluyó al departamento entre los territorios con recortes relevantes.
Caldas presenta una lectura que exige mayor cuidado: las comparaciones difundidas muestran una variación nominal cercana a cero, pero una disminución real cuando se incorpora el efecto de la inflación. Esto significa que no todos los territorios deben ser presentados bajo la misma categoría de “recorte nominal”; la pérdida de capacidad de compra es una medida diferente.
El décimo departamento es Tolima, donde De la Espriella obtuvo 425.172 votos, equivalentes al 57,83 %. Allí la alerta presupuestal es especialmente fuerte: congresistas del departamento denunciaron una reducción de $300.561 millones frente a los recursos de 2026, con una disminución calculada alrededor del 17 %.
En Tolima, además, el recorte aparece acompañado de reducciones sectoriales importantes. Agricultura perdería $40.466 millones, educación $39.997 millones y cultura $22.175 millones; Minas y Energía tendría una disminución de $141.341 millones, según las cifras expuestas durante el debate presupuestal. También se ha advertido sobre la ausencia de recursos específicos para agua, saneamiento básico y vías terciarias.
El contraste es particularmente sensible porque Tolima llega a la discusión presupuestal después de una temporada de incendios forestales que afectó decenas de miles de hectáreas. Los reclamos de congresistas de distintos sectores políticos muestran que el inconformismo no se limita a la oposición: también ha alcanzado a representantes vinculados al espectro político que apoyó al Gobierno.
Ese elemento permite entender mejor lo que puede representar el presupuesto para los votantes de De la Espriella. En departamentos donde seis, siete o incluso más de cada diez votos fueron para el hoy presidente, la expectativa de que ese respaldo se reflejara en una mayor atención presupuestal podía ser políticamente relevante. La propuesta de 2027 muestra, en cambio, que el voto mayoritario no garantiza por sí mismo una asignación regional creciente.
Pero hay una precisión fundamental: las cifras no permiten concluir que el Gobierno haya recortado estos recursos por el comportamiento electoral de los departamentos. La regionalización responde a prioridades nacionales, proyectos específicos, obligaciones presupuestales y cambios entre vigencias. Además, el documento del DNP es una propuesta que todavía puede modificarse durante el trámite legislativo.
Lo que sí queda planteado es una paradoja política: los territorios que estuvieron entre los mayores respaldos electorales de De la Espriella no fueron inmunes al ajuste de la inversión. Para sus votantes, la discusión deja de ser cuánto ganó el presidente en las urnas y pasa a ser cuánto de ese respaldo se traducirá en carreteras, vivienda, campo, educación, energía, agua, infraestructura y programas sociales durante su primer año completo de gobierno.
El mapa presupuestal, por ahora, no muestra una recompensa territorial asociada al voto. Muestra algo más complejo: Norte de Santander pierde $200.673 millones; Casanare, $117.545 millones; Antioquia, unos $633.709 millones; Huila, cerca de $236.000 millones; Boyacá, $225.842 millones; Meta, alrededor de $26.000 millones, y Tolima, $300.561 millones, mientras Santander y Caldas exhiben recortes sectoriales o reales que no pueden reducirse a una sola cifra.
Para los electores que hicieron de estos departamentos algunos de los principales bastiones de De la Espriella, el asunto puede tener una consecuencia política concreta: tendrán que evaluar al Gobierno no por la promesa electoral ni por el porcentaje obtenido en junio, sino por la capacidad de convertir las prioridades nacionales en resultados visibles en sus territorios. El primer presupuesto ya ofrece una respuesta parcial: el apoyo electoral fue contundente, pero no los salvó de los recortes de inversión propuestos para 2027.
